Ana Barceló, presidenta del grupo socialista en Les Corts (Foto: EFE) VALENCIA (EFE). Las cuatro organizaciones que ejercían la acusación popular en las causas pendientes del conocido como caso Cooperación actuarán a partir de ahora de forma conjunta y bajo la dirección de la Coordinadora Valenciana de ONG, según consta en una providencia dictada por el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia.
En dicha providencia, a la que ha tenido acceso Efe, se atiende las peticiones de la Coordinadora Valenciana de ONG, Antonio Penadés -padre de un niño haitiano relacionado con ayudas públicas que nunca llegaron a su destino-, el Partido Socialista Obrero Español y la Asociación Asamanu de l'Alcora (Castellón) para actuar bajo la dirección del abogado de la Coordinadora, la acusación más activa.
La jueza alude a "razones objetivas en cuanto a la nula intervención tanto del PSOE como de Asamanu en las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha" y al hecho de que "su línea de actuación no difiere" de la de la Coordinadora.
Preguntada al respecto, la presidenta del grupo socialista en Les Corts, Ana Barceló, ha explicado a Efe que la representación del PSPV-PSOE en esta causa se ha dejado en manos de la Coordinadora Valenciana de ONG porque el partido se siente representado en sus actuaciones y por considerar que es positiva la movilización de la sociedad civil.
Asimismo, ha señalado que se informó al juzgado de esta decisión y que el acuerdo con la Coordinadora para la actuación conjunta en el juzgado no implica ninguna contraprestación económica para el PSPV.
Actualmente Instrucción 21 tramita dos causas del conocido como caso Cooperación: la 2, que investiga las subvenciones concedidas por la Conselleria a distintas ONG en los años 2009, 2010 y 2011; y la 3, que investiga el desvío de fondos para la construcción de un Hospital en Haití.
En la pieza 2 hay 23 investigados (antes imputados), entre los que figuran el exconseller Blasco, el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general Tina Sanjuán y el empresario César Augusto Tauroni.
Esta pieza está abierta por delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad y fraude de subvenciones.
La pieza separada número 3, la que investiga el desvío de fondos para la construcción de un Hospital en Haití, se encuentra en la recta final de la instrucción, después de que la jueza haya tomado declaración a 34 testigos desde que el TSJ devolvió la causa. Hay 12 imputados, entre ellos Blasco, Llinares, Sanjuán y Tauroni.
Blasco y su equipo ya fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia valenciano a penas de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la cooperación y el desarrollo en la pieza 1 del caso.
El empresario Augusto César Tauroni, en prisión por este caso, ha pedido declarar voluntariamente y su comparecencia se ha fijado para el 1 de marzo, día en el que también declararán otros dos investigados en la pieza 2.
