Hoy es 15 de agosto
MADRID / VALÈNCIA (EP). El director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, comparecerá la próxima semana en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso para explicar las medidas que su departamento piensa llevar a cabo para evitar los atropellos a ciclistas.
La presencia de Serrano para informar sobre esta materia había sido solicitada por el PSOE, partido que también defendió una proposición no de ley en la Cámara Baja en la que llamaba al Gobierno a poner en marcha políticas preventivas, controles policiales y estrategias para mejorar las carreteras, entre otras medidas, para evitar la muerte de usuarios de la bicicleta.
La iniciativa, que fue apoyada por unanimidad, también llamaba al Ejecutivo a impulsar la reforma del Código Penal con el fin de que los ciclistas no se sientan desprotegidos cuando son arrollados y se endurezca el castigo a los conductores imprudentes se dan a la fuga.
Esta medida consiguió el apoyo de la mayoría de la Cámara el pasado mes de septiembre, después de que el Pleno acordara tramitar una iniciativa del PP para cambiar el Código Penal con vistas a aumentar la pena de omisión de socorro en carretera, de cuatro a nueve años.
Ahora, los socialistas buscan que Serrano explique en sede parlamentaria si su departamento ha hecho caso de las sugerencias apoyadas en la Comisión de Seguridad Vial y si está entre sus planes de futuro reformar la Ley de Tráfico y el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Conductores para adaptarlos al auge de los usuarios de la bicicleta.
En la Comunitat Valenciana, los accidentes más graves con ciclistas implicados se produjeron al principio de verano, cuando el domingo 11 de junio falleció un ciclista de 32 años en la N-332 de Oliva (Valencia) tras ser arrollado por un vehículo cuyo conductor ha dado positivo en drogas tras intentar fugarse.
Un mes antes se produjo otro atropello mortal en la misma carretera que causó la muerte de tres ciclistas, dos en el acto y otro en el hospital. La conductora implicada también dio positivo en alcohol y drogas.
Del mismo modo, el director de la DGT tendrá que dar cuenta, en este caso a petición de Unidos Podemos, de las negociaciones que su departamento ha mantenido con el colectivo de examinadores de tráfico, en huelga desde antes del verano y que han anunciado nuevos paros para el próximo mes de noviembre.
En un comunicado, hecho público esta semana, la asociación que representa a este colectivo, Asextra, ha denunciado la inacción de la DGT durante todo este conflicto y la "falta de soluciones y una gestión pésima" de Serrano ante lo que consideran "la crisis más grave" que ha vivido este sector.
Una petición de un incremento salarial -de algo más de 200 euros al mes- es el motivo de esta huelga que, según asegura Asextra, la DGT se comprometió a hacerlo efectivo en 2015. El organismo, en cambio, defiende que no es de su competencia este incremento económico y afirman que han trasladado la petición del colectivo a Hacienda. Los examinadores también exigen con estos paros la mejora de las condiciones laborales de su puesto, al haber un déficit en el número de funcionarios.