VALÈNCIA. La Diputación de Valencia no sabe cómo resolver la Oferta Pública de Empleo extraordinaria de 2022 que busca reducir la temporalidad en las administraciones. El pleno de la institución provincial acordó hace dos semanas revisar de oficio todos los procesos que se encontraban en marcha (un total de 28) a raíz de una sentencia judicial que anulaba parte de las bases, pero desconoce cómo debe actuar llegados a este punto para evitar, por un lado, nuevas demandas que acaben anulando más convocatorias y, por otro, que cientos de plazas para estabilizar interinos acaben perdiéndose por no poder resolverlas antes de que acabe el año. Por ello, ha pedido un informe urgente al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para no dar ningún paso en falso.
Para entender el dilema que ahora mismo está sobre la mesa cabe remontarse al pasado mes de marzo. Como ya ocurrió en el Ayuntamiento de València, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia declaró nulos dos apartados de las bases de la convocatoria de Técnico de Administración General (TAG) que baremaban de forma distinta la experiencia de aquellos interinos de la administración provincial frente a los temporales de la Generalitat y ayuntamientos. El tribunal consideraba que la diferencia era tan grande que se producía una desproporción tal que impedía el acceso a la función pública en condiciones de igualdad para todos los aspirantes.
El artículo en cuestión, puntuaba la experiencia profesional de un funcionario interino de la Diputación con 0,45 puntos por mes trabajado, mientras que si el empleado temporal procedía de otra administración pública tan solo podría sumar 0,1 puntos. A pesar de que pertenecieran al mismo subgrupo y categoría. La circunstancia motivó un recurso por parte de un aspirante porque la "diferencia cuantitativa" rebasaba, a su juicio, "el límite de lo tolerable", dado que existía una "sobrevaloración del 450%". El juzgado acabó dándole la razón y obligaba a la institución a cambiar sus bases.
El juzgado acabó dándole la razón y obligó a la institución a cambiarlas. Todo ello, con el proceso ya en marcha. En total se habían convocado 30 procedimientos. De manera que la Diputación, tras este varapalo judicial, decidió pedir una aclaración de sentencia para conocer si debían modificar únicamente las bases de esa convocatoria, o si en su defecto afectaba a todos los procesos. El tribunal, aclaró que tan solo las de los TAG (puesto que el fallo tan solo se pronunciaba sobre el objeto de esa demanda).
Sin embargo, en ese impasse el secretario de la diputación provincial emitió un informe que contradecía aquel pronunciamiento. Instó al órgano que preside Vicente Mompó a revisar de oficio las bases con carácter general "a fin de depurar el vicio que adolecen y constituir unas nuevas" que se ajustaran a derecho. Eso sí, solo en aquellas convocatorias que no estuvieran ya resueltas -cabe recordar que de los 30 procesos cada uno se encontraba en una fase distinta-, en aquellas que tan solo se hubieran publicado listado de admitidos.
En aquellas en las que se hubiera nombrado ya personal funcionario de carrera por haberse resuelto o se encontraran en fase de propuesta por el Tribunal Calificador, advertía que no debían hacer nada. Es decir, mantener el acto administrativo de nombramiento de los funcionarios de carrera por los límites que impone el artículo 10 de la la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ya que en estos aspirantes se habría "generado la expectativa legítima de que, confiando en la legalidad y validez del procedimiento selectivo, sus resultados" serían "respetados".
Con este escenario sobre la mesa, el pleno del pasado 10 de septiembre aprobó la revisión de 28 procesos que aún estaban en marcha. Y el equipo de gobierno y los sindicatos se emplazaron a una Mesa de Negociación para decidir cómo proceder.
La reunión tuvo lugar el pasado miércoles y, en ella, acordaron modificar las bases del proceso de estabilización de los TAG, dado que sobre estas oposiciones ya existe sentencia firme. Pero sobre las otras 28 convocatorias decidieron pedir un informe con carácter de urgencia al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para saber si el informe del secretario de la Diputación es vinculante o no, y conocer así si deben rebaremar las bases de la OPE de 2022 con carácter general o empezar de cero por completo, lo que implicaría volver a convocarlas, publicar unas nuevas bases y que los interesados volvieran a presentarse a la categoría que deseen.
Sin duda, las dos opciones tienen riesgos. Empezar de cero tiene un factor en contra: el tiempo. Antes del 31 de diciembre deberían estar resueltas todas las convocatorias y existe toda una serie de trámites que lo complican: fase de inscripción, publicación de listado de admitidos, baremación, publicación de listados provisionales, listados definitivos, etcétera. Todo ello, tratándose exclusivamente de las plazas convocadas por concurso de méritos. En caso de que las de concurso-oposición, donde los aspirantes deben además presentarse a un examen, resulta todavía más complejo, pues debería publicarse fecha de examen, fase de revisión, periodo de impugnación... Una utopía.
Con el reloj en contra, por ello, la Diputación ha reclamado el citado informe de urgencia. Esto permitiría reducir los plazos habituales con los que se convocan las oposiciones a la mitad. Es decir, si de normal se concede 20 días a los interesados para inscribirse, que pasaran a ser 10. Y así con cada fase del proceso con la finalidad de llegar a final de año con todas las categorías resueltas.
Por lo pronto, lo que sí deberá hacer el órgano provincial es rebaremar a los que se presentaron a la oposición de Técnico de Administración General. En esta convocatoria, la experiencia de un interino de la Diputación puntuaba 0,45 por mes trabajado, mientras que un temporal de otras administraciones en el mismo puesto podía sumar 0,1 por cada mensualidad.
El nuevo baremo otorga 0,20 puntos a aquellos interinos que provengan de corporaciones provinciales en el mismo grupo; 0,13 al resto de Administraciones en el mismo grupo y subgrupo; 0,10 puntos por la experiencia profesional adquirida en corporaciones provinciales en otro grupo; 0,07 puntos en puestos de distinto grupo en la misma administraciones y 0,05 puntos en el sector institucional instrumental. En definitiva, se reduce la diferencia de puntuación a menos de la mitad.