VALÈNCIA. La solución al embrollo jurídico en el que se encuentra ahora mismo la Oferta Pública de Empleo extraordinaria de 2022 de la Diputación de Valencia es cada vez más complicada. Tanto, que incluso el diputado responsable de Personal de la corporación provincial, Ricardo Gabaldón, reconoce que es "imposible" resolver las convocatorias si el proceso debe abrirse de cero. Así que en el órgano que preside Vicente Mompó aguantan la respiración a la espera de que el Consell Jurídic Consultiu emita su dictamen.
Como ya ocurrió en el Ayuntamiento de València, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia declaró el pasado mes de marzo nulos dos apartados de las bases de la convocatoria de Técnico de Administración General (TAG) que baremaban de forma distinta la experiencia de aquellos interinos de la administración provincial frente a los temporales de la Generalitat y ayuntamientos. El tribunal consideraba que la diferencia era tan grande que se producía una desproporción que impedía el acceso a la función pública en condiciones de igualdad para todos los aspirantes.
El artículo en cuestión, puntuaba la experiencia profesional de un funcionario interino de la Diputación con 0,45 puntos por mes trabajado, mientras que si el empleado temporal procedía de otra administración pública tan solo podría sumar 0,1 puntos aunque pertenecieran al mismo subgrupo y categoría. La circunstancia motivó un recurso por parte de un aspirante porque la "diferencia cuantitativa" rebasaba, a su juicio, "el límite de lo tolerable", dado que existía una "sobrevaloración del 450%".
El juzgado acabó dándole la razón y obligó a la institución a cambiarlas. Todo ello, con el proceso ya en marcha. En total se habían convocado 30 procedimientos. De manera que la Diputación, tras este varapalo judicial, decidió pedir una aclaración de sentencia para conocer si debían modificar únicamente las bases de esa convocatoria, o si en su defecto afectaba a todos los procesos. El tribunal, aclaró que tan solo las de los TAG (puesto que el fallo tan solo se pronunciaba sobre el objeto de esa demanda).
El escenario, aún así, seguía generando preocupación en la corporación provincial, que no quiere dar ningún paso en falso en un proceso donde pueden estar afectadas más de 5.500 personas. Tanto, que el diputado Ricardo Gabaldón, responsable de Administración General y Bandas de Música, emitió un informe en el que advertía que "teniendo en cuenta que los procesos selectivos deben estar finalizados antes del 31 de diciembre de 2024, en el caso de comenzar todas las bases y comenzar los procesos de nuevo sería imposible el cumplimiento del requerimiento legal de finalización exigido por la normativa de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público". En definitiva, que si se abriera el proceso de cero, la Diputación no podría resolver la OPE extraordinaria de 2022 antes de que acabe el año.
Asimismo, también reconocía los riesgos legales que tendría no hacerlo. "En el caso de continuar con los procesos selectivos derivados de la OPE de 2022 (estabilización) podemos encontrarnos con recursos como consecuencia del antecedente producido por la sentencia y su correspondiente aclaración", concluía. Un escrito dirigido a la secretaria general para saber "qué pasos seguir teniendo en cuenta lo expuesto".
En este sentido, el secretario de la diputación provincial emitió un informe que contradecía aquel pronunciamiento del tribunal e instó al órgano que preside Vicente Mompó a revisar de oficio las bases con carácter general "a fin de depurar el vicio que adolecen y constituir unas nuevas" que se ajustaran a derecho. Eso sí, solo en aquellas convocatorias que no estuvieran ya resueltas -cabe recordar que de los 30 procesos cada uno se encontraba en una fase distinta-, en aquellas que tan solo se hubieran publicado listado de admitidos.
En aquellas en las que se hubiera nombrado ya personal funcionario de carrera por haberse resuelto o se encontraran en fase de propuesta por el Tribunal Calificador, advertía que no debían hacer nada. Es decir, mantener el acto administrativo de nombramiento de los funcionarios de carrera por los límites que impone el artículo 10 de la la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ya que en estos aspirantes se habría "generado la expectativa legítima de que, confiando en la legalidad y validez del procedimiento selectivo, sus resultados" serían "respetados".
Con este escenario sobre la mesa, el pleno del pasado 10 de septiembre aprobó la revisión de 28 procesos que aún estaban en marcha. Y el equipo de gobierno y los sindicatos se emplazaron a una Mesa de Negociación para decidir cómo proceder. La reunión tuvo lugar a mitad de septiembre y, en ella, acordaron modificar las bases del proceso de estabilización de los TAG, dado que sobre estas oposiciones ya existe sentencia firme.
Pero sobre las otras 28 convocatorias decidieron pedir un informe con carácter de urgencia al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para saber si el informe del secretario de la Diputación es vinculante o no, y conocer así si deberían rebaremar las bases de la OPE de 2022 con carácter general o empezar de cero por completo, lo que implicaría volver a convocarlas, publicar unas nuevas bases y que los interesados volvieran a presentarse a la categoría que deseen. Lo dicho por el diputado responsable del área: "imposible". Por el momento, el CJC sigue sin pronunciarse, y los días siguen pasando. Tic-tac.