COMPARTIR TWEET LINKEDIN MENÉAME
Foto: EFE/MANUEL BRUQUE La testigo también explica que tras dejar la empresa una compañera le dijo que el dueño de LPC hacia a cambiar los conceptos de las facturas a los proveedores
VALÈNCIA. La losa judicial está cada vez más sujeta sobre la lápida judicial de la antigua cúpula del PP de la ciudad de Valencia. El informe con aportado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), sobre el dopaje electoral del PP municipal en las elecciones de 2007 no deja lugar para las dudas. A cada testimonio que se lee, más que se apuntalan las acusaciones.
Este es el caso de la que fuera directora financiera de la empresa que llevó la campaña de Barberá en 2007, Laterne Product Council (LPC), Patricia H., quien afirma en su declaración que: “lo que se hablaba entre los trabajadores de LPC es que estas empresas estaban pagando la campaña del PP”, aunque reconoce que ella no sabe si eso es verdad o no.
Aunque con respecto a su cargo, Patricia H. dice que jamás trabajó de directora financiera, que lo único que hacía era contabilizar facturas y, no pagar casi ninguna porque había orden del dueño de LPC de no pagar. Que éste, Vicente Saez, “hacía cambios constantes” en el organigrama.
Sobre la campaña, la testigo explica que se mantenían reuniones periódicas con responsables del ayuntamiento, pero que la persona que más frecuentaba la empresa era la mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, aunque con el resto de personas del PP de Valencia, “se mantenían reuniones fuera del horario laboral”.
En referencia a uno de los puntos clave de la investigación, el cambio en los conceptos de las facturas, un hecho que evidenciaría las trampas de la empresa LPC para evitar ‘ser cazados’ cometiendo un delito electoral, la testigo explica que: “mientras ella estuvo en la empresa no tiene constancia de esto. Que cuando dejó la empresa habló con una de las compañeras que había tenido en su departamento y sí le comentó que Vicente Sáez les había dicho que tenían que cambiar el concepto de muchas facturas”.
En cuanto a las entradas y salidas de dinero de la empresa LPC, la UCO le mostró una página del libro mayor de la empresa. En la citada página, que hacía referencia al mes anterior y posterior a las elecciones municipales, se ve una entrada de capital de 400.000 euros y una salida de 319.000 justo después de las elecciones. Según la testigo, eso no se produjo estando ella y, en su declaración, tilda los hechos de “atípicos” ya que, según ella, “la caja se utiliza para afrontar pagos menores”.
La UCO está investigando dentro de la pieza A o pieza del pitufeo, las donaciones de empresas con contratos con el consistorio y empresas públicas para la campaña de la exalcaldesa en el año 2007. El conocido como RitaGate muestra los papeles y las facturas en las que las empresas con contratos con el consistorio valenciano pagaron la campaña, una campaña 20 veces superior a lo que el grupo municipal firmó (150.000 euros), y como se amañaron las facturas para evitar que el presunto delito electoral fuera detectado.
Entre los supuestos ‘donantes’, que figuran en una relación en la documentación aportada, se encuentran empresas contratistas del Ayuntamiento de València e incluso fundaciones municipales.
Con dichas donaciones, según las facturas de LPC, en actos electorales el Grupo Municipal se gastó más de 665.000 euros, a los que hay que sumar otros 450.000 euros en medios de comunicación y cientos de miles de euros más en conceptos tan variados como grabar spots publicitarios, merchandising o comidas.
La imagen de Rita Barberá y sus propuestas llegaron a todos los valencianos a través de radio, televisión, periódicos, internet, autobuses, marquesinas y vallas publicitarias. No quedó un barrio de Valencia sin su cartel. Los eslóganes Tu Valencia con Rita y Rita, que Valencia no pare llegaron hasta el último rincón de la ciudad.
Los testigos aseguran que no presentaron una denuncia por no perder más dinero
