Júlia Company, directora general de Ivace. VALÈNCIA. La directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), Júlia Company, ha devuelto 11.087,12 euros que cobró entre 2016 y 2017 por un plus que no le correspondía. Así lo recoge la Intervención General de la Generalitat en el informe de auditoría de cumplimiento que acompaña a las cuentas generales de 2017.
Mediante transferencia bancaria, fechada el 28 de junio de 2018, devolvió una indemnización por un cambio de residencia habitual, que está reservada a los altos cargos del Consell, categoría en la que se encontraba a principio de legislatura. Vinculada a Compromís, Company entró en el gobierno valenciano como directora general de Industria, además de estar al frente del Ivace.
Sin embargo, con la remodelación que acometió el Consell en septiembre de 2016 por la libertad de horarios comerciales, cedió las responsabilidades de Industria al socialista Diego Maciá. Esto la dejó únicamente a cargo del Ivace, por lo que pasó a ocupar un puesto de personal directivo en el sector público instrumental.
Según el Decreto 95/2016, de 29 de julio, del Consell, las únicas compensaciones previstas para estos puestos son las relativas a dietas, desplazamientos y otras cuestiones en actos derivados del ejercicio de sus funciones, pero no se incluye la indemnización de gastos extraordinarios por motivo de residencia. La devolución de Company fue de 7.910,64 euros de 2017 y de 3.176,48 euros de 2016.
Tras conocerse el reproche de la Intervención en las cuentas de 2016, el Gobierno valenciano aseguró que estaba estudiando si varios altos cargos de la Administración autonómica y su sector público estaban percibiendo complementos salariales de forma adecuada. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ya reconoció en el mes de abril que desde la creación del Impiva -actualmente Ivace- todos los directores habían cobrado ese plus en caso de tener la residencia a más de 35 kilómetros de la sede pero destacó que Company renunció a ese plus en el momento en que la Intervención lo puso en duda.
La Intervención General también destaca en su informe la recurrencia del Ivace a la figura del contrato menor para contratar de forma sucesiva la evaluación de los proyectos presentados al programa de 'Createc', así como al de 'I+D Pyme' e 'I+D Cooperación 2017.
Estas contrataciones se realizan para evaluar los proyectos presentados por los potenciales beneficiarios a las diferentes convocatorias de ayudas publicadas por el Ivace. "Se trata de contrataciones que se repiten año tras año, y que son utilizadas para cubrir necesidades de carácter recurrente o periódico", señala el informe.
La intervención asegura que podrían satisfacerse mediante otros procedimientos de contratación si la necesaria planificación fuese adecuada. "Se incumple con la previsión de que el alcance temporal de estas contrataciones no supere el umbral de un año", aseguran.
Y es que un total de 65 contrataciones menores con 26 adjudicatarios y un importe total de 164.800 euros tenían el mismo objeto de contratación. No obstante, destacan que no se superó con ninguno de los proveedores, el umbral de los 18.000 euros.
