VALÈNCIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) volverá a juzgar la disputa abierta entre los propietarios del hotel Sidi Saler y el Ayuntamiento de València a cuenta de la caducidad de la licencia de actividad del antiguo complejo. Sus dueños, las mercantiles Divarian y Coral Homes, han recurrido la última sentencia que daba la razón al consistorio del Cap i Casal y a la asociación Acció Ecologista-Agró, por lo que la cuestión volverá a dirimirse en el alto tribunal valenciano.
El último fallo, emitido por el juzgado número 5 de lo contencioso–administrativo el pasado 14 de octubre, avalaba la caducidad de la licencia según la normativa, que permite la declaración tras dos años de paralización de una actividad. Así, consideró el juez que no había causa de fuerza mayor que justificara la no reactivación de la actividad, pese a a alegar la propiedad tanto la pandemia de coronavirus como que tuvo que tramitar la prórroga de la concesión de Costas. La sentencia también rechazó que hubiera existido desviación de poder por parte del anterior gobierno municipal, dirigido por Joan Ribó.
Así pues, según ha podido saber este diario, la impugnación ante el TSJ insiste en cuestiones planteadas como posibles defectos de forma o la existencia de desviación de poder por parte del equipo de gobierno, en que la caducidad de la licencia no puede ser automática, que los dueños mostraron disposición de reactivar la actividad o incluso que el Ayuntamiento no ha probado que la actividad del hotel se paralizó en 2011, así como que dos procedimientos de caducidad iniciados por el consistorio también expiraron.
Uno de los aspectos formales que se señalan es la posible falta de competencia de la entonces concejala de Actividades, Lucía Beamud, para resolver la caducidad de una licencia, lo cual podría anular la decisión consistorial. En los escritos de oposición presentados contra el recurso por parte del Ayuntamiento y Acció Ecologista niegan que exista incompetencia ni a nivel territorial -el complejo se encuentra en la pedanía del sur- ni a nivel funcional, y que su efecto en todo caso no sería importante al no haber decidido sobre el inicio del procedimiento de la caducidad.
Por otra parte, y en cuanto a la paralización de la actividad del complejo hotelero en 2011, los escritos recuerdan que las propias mercantiles han reconocido, en diferentes documentos presentados ante el consistorio, tanto el cierre del hotel como su inactividad y el estado de abandono del mismo durante todo este tiempo. En ese sentido, insisten en que la normativa fija un plazo de dos años sin actividad a partir del cual cabe declarar la caducidad de la licencia, pese a las peticiones de una lectura laxa por parte de los propietarios, que plantean como requisito para caducar el permiso una dejadez manifiesta.
También rechazan de plano la existencia de causas de fuerza mayor que justificaran el retraso en la reactivación del hotel, así como la existencia de una desviación de poder por parte del gobierno local pese a las declaraciones manifiestas tanto del alcalde como de diversos concejales que expresaban su voluntad de derribar el Sidi Saler, al justificarse las decisiones consistoriales con informes técnicos elaborados por funcionarios.
Mientras prosigue este procedimiento sobre la caducidad del permiso anterior, se desarrolla en paralelo otro sobre la nueva licencia solicitada por los propietarios del hotel y que el Ayuntamiento de València también rechazó al situarse el inmueble en situación fuera de ordenación sustantiva, una calificación que impide a los propietarios llevar a cabo obras más allá del mantenimiento y conservación y que depende especialmente de la incidencia ambiental del edificio.
Las promotoras, además de insistir en la existencia de desviación de poder, presentaron un estudio que cuestiona el impacto ambiental del hotel. Informe que el Ayuntamiento busca desacreditar al considerarlo un intento a la desesperada por evitar la situación de fuera de ordenación sustantiva.
El nuevo ejecutivo local, dirigido por María José Catalá (PP), ha expresado su voluntad de que se reabra el establecimiento hotelero con distinto al concepto habitual, "con un componente mucho más social y medioambientalmente mucho más respetuoso", para lo que requerirá una licencia "diferente" a la que tenía antes como "hotel al uso". Así, aunque la alcaldesa señaló que la caducidad de la licencia anterior "era correcta" rechaza la demolición del edificio y defiende "un proyecto diferente".