"Atentado" ambiental o simple desajuste urbanístico: la disputa judicial del Sidi Saler 

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València rechazó, a principios de 2023, la concesión de la licencia de obras a los propietarios del conocido hotel Sidi Saler para rehabilitarlo de cara a la reapertura del inmueble. Una decisión, aprobada por el gobierno municipal entonces formado por Compromís y PSPV, que los dueños -las firmas Coral Homes y Divarian- decidieron llevar a los tribunales. Ahora, está pendiente de resolución judicial.

El litigio, que debe dirimir el juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de Valencia, gira en torno a la declaración del inmueble como fuera de ordenación sustantiva. Una calificación que impide a los propietarios llevar a cabo obras más allá del mantenimiento y conservación y que depende especialmente de la incidencia ambiental del edificio En este punto se centran, según ha podido conocer este diario, el grueso de los argumentos esgrimidos por las diferentes partes implicadas en el proceso: las firmas inmobiliarias, el Ayuntamiento de València y Acció Ecologista-Agró.

Las normas urbanísticas de la ciudad declaran en situación de fuera de ordenación sustantiva aquellos edificios contrarios a las características urbanísticas de su parcela "que por exceso de volumen o por la conformación de este, atendido el lugar donde se encuentren ubicados, atenten contra el patrimonio histórico-artístico o contra espacios naturales protegidos".

En ese sentido, el consistorio, sosteniendo hasta siete informes municipales y de la Generalitat Valenciana, certifica su exceso de volumen porque tiene seis plantas frente a las dos permitidas por el planeamiento, y justifica lo que a su juicio, junto a la entidad ecologista, considera una "incuestionable" incidencia ambiental en el entorno de la Devesa-Albufera.

¿Falta justificación?

El recurso presentado por los propietarios niega la mayor y cuestiona los mismos informes del consistorio, algunos de los cuales se emitieron para otros expedientes antes de la solicitud del permiso. Entre otras cosas, el escrito acusa al Ayuntamiento de no hacer un juicio justificado ni objetivo y aporta un estudio pericial para intentar invalidar uno a uno los diferentes informes públicos.

Así, cuestiona el efecto del inmueble en la regresión de la costa, achacado a la ampliación del Puerto y las actuaciones en el río Túria, y asimila el impacto del antiguo complejo -también en lo referente a las alturas- al de otras construcciones existentes y en marcha como las cuatro urbanizaciones, las once playas de parking asfaltadas, las veintinueve torres o un campo de golf.

Asimismo, interpreta que para que haya un "atentado" contra un espacio natural habría que demostrar que el inmueble causa por sí mismo un daño ambiental importante. Algo que a su juicio no estaría demostrado al carecer de datos y evidencias el propio Ayuntamiento, a quien acusa de obviar las medidas previstas por los promotores para reducir el impacto de las obras. Y señala que el consistorio busca achacar al inmueble consecuencias que serían de la actividad hotelera cuando la denegación es de la licencia de obras, no de actividad.

Por su parte, la respuesta del consistorio en el procedimiento judicial busca desacreditar al perito de los dueños y considera su estudio un intento a la desesperada por evitar la situación de fuera de ordenación sustantiva.

Desviación de poder

El otro argumento empleado por los propietarios del hotel es que las decisiones consistoriales entrañan una desviación de poder al haberse tomado con intenciones ajenas a las del cumplimiento de la normativa, y que tienen que ver más con un interés político que con el interés público. Así, los dueños del Sidi Saler ponen de relieve la irregular estrategia que siguió el consistorio durante los pasados mandatos.

Asimimos, exponen una serie de intervenciones públicas tanto del entonces alcalde, Joan Ribó, como de otros concejales como el de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, según las cuales el fin último habría sido el derribo del inmueble antes incluso que se emitieran algunos de los informes técnicos. Todo ello, a su juicio, explica que finalmente se haya declarado fuera de ordenación sustantiva el inmueble, y no fuera de ordenación diferida, dos regímenes con consecuencias diferentes para el edificio.

Al respecto, la contestación del Ayuntamiento señala a los promotores de querer trasladar al ámbito político lo que a su juicio son aspectos técnicos y jurídicos. Y al hilo de ello, subraya que la normativa no deja margen para la interpretación política sino que evidencia que el edificio incumple las normas urbanísticas del Plan General, por lo que las opiniones de los dirigentes municipales no tienen importancia en las decisiones adoptadas.

Afectación "muy visible"

La plataforma Accio Ecologista-Agró se personó en el proceso y entre sus argumentos asegura que el impacto del complejo es "muy visible" y que el proyecto prevé una capacidad de más de 3.600 personas con salones de banquetes, restaurantes, bares y cafetería que tendrán una afectación en cuanto a contaminación lumínica y acústica. A juicio de la asociación, los dueños del Sidi Saler se limitan a comparar su volumen con el de otras edificaciones pero ello, subraya, no niega la afectación del hotel.

Asmismo, señala expansión de especies exóticas a partir de los jardines, la afectación a especies de interés comunitario y catalogadas que han reaparecido tras la clausura del inmueble, la afectación a la movilidad dunar y la ubicación  en espacios protegidos (el bosque de la Devesa y l'Albufera) como argumentos que acreditan el "atentado" ambiental del inmueble en su entorno.

Al respecto del debate sobre el término "atentar", defiende que los efectos exigidos no pueden ser tan extremos como para no poder aplicar la normativa. Y recuerda, como uno de los informes de la Generalitat, que el proyecto incumpliría el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de l'Albufera, que impide la destrucción o alteración negativa de hábitats y  las molestias a especies de fauna protegidas.

Sobre la validez de los informes funcionariales como pruebas periciales, insiste en que en este caso, los informes pertenecen a dos administraciones diferentes. Y en ese sentido, considera como meras conjeturas la teoría de que ambas instituciones se confabularon para acabar derribando el hotel.