Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La elección de director de la Agencia Antifraude irá para largo, como parecía que apuntaba desde que se conocieron los nombres de los aspirantes. En este momento, sólo queda un candidato para sustituir a Joan Llinares: Gustavo Segura, director de Análisis e Investigación de la entidad. Sin embargo, es muy probable que no salga elegido por la mayoría parlamentaria necesaria, algo que obligaría a reiniciar el proceso.
El escenario actual deriva de una serie de hechos que comenzaron el pasado enero. En ese mes finalizaba el plazo para registrar candidatos. La ley de Antifraude establece que los nombres han de ser planteados a Les Corts por organizaciones sociales que trabajen en la actualidad contra el fraude y la corrupción en la Comunitat Valenciana y por los grupos parlamentarios.
Estos últimos no propusieron a nadie, pero las organizaciones sociales sí. De un lado, a Gustavo Segura lo presentaron como candidato único, cada una por separado y tras pactarlo, Acción Cívica contra la Corrupción –presidida por el historiador, periodista y abogado Antonio Penadés–, la Fundación por la Justicia –al frente de la cual se encuentra el magistrado José María Tomás y Tío– y Observatori Ciutadà Contra la Corrupció –constituida por colectivos de izquierda como Acció Cultural del País Valencià, Acicom, Atelier, Ca Revolta, Societat Coral El Micalet o Escola Valenciana–.
Segura es una persona de la confianza del actual director de Antifraude, Joan Llinares, quien finaliza su mandato en las próximas semanas. Ha formado parte de su equipo más cercano desde que entró en la entidad en 2020. Entre sus funciones se encuentra la de dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento y la organización de las unidades y equipos de análisis e investigación; además de elaborar las propuestas de iniciación de actuaciones de investigación, de remisión al órgano competente o de archivo. En definitiva, un perfil conocedor del funcionamiento de Antifraude y que sería continuista. A lo largo de estos años ha sido interlocutor con las asociaciones cívicas contra la corrupción, que han optado por proponerlo a él.
De otro lado, se encuentra el exdelegado de la Agencia Tributaria Eduardo Beut. Fue propuesto por la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública. Desde que trascendió el nombre, se ha hecho especial hincapié en que la presidenta de la asociación formó parte de listas municipales del PP en 2023 y 2019. Motivo –entre otros, incluyendo la vinculación del propio Beut a los populares– por el que se ha asociado la candidatura de Beut a la derecha.
Lo cierto es que la Asociación de Gestores, aun presidida por Inmaculada Luz Collado, quien efectivamente ha formado parte de listas municipales del PP, ha tenido como vicepresidenta a Rocío Barbeito, secretaria general de Joves Socialistes en València y quien fue asesora de la exconsellera de Política Territorial Rebeca Torró. Tanto populares como socialistas han querido remarcar, pues, el carácter profesional de la asociación y el hecho de que no la invalida que de ella formen parte políticos.
En todo caso, la sucesión de polémicas no viene únicamente de ahí. La principal es por el perfil de Beut. Inspector de Hacienda, cuenta con un perfil profesional de prestigio en este ámbito y una conocida vinculación con el que fuera presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana.
Tras dejar de ser delegado de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana en 2002 –cargo que ocupó durante tres años en sustitución de Vicente Rambla, a posteriori vicepresidente de la Generalitat con Francisco Camps–, Beut fue designado por el PP consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Empresariales. Esta sociedad participada al 50% por Bancaja y la CAM auspiciada por Zaplana, fracasó y fue disuelta en 2005. Beut había sido designado, en realidad, como hombre fuerte, aunque acabó denunciando la inactividad de la citada sociedad y las dificultades para desarrollar sus objetivos.
Ya entonces se le atribuía una amistad personal con el que fuera jefe del Consell. A su vera llegó de la mano de Juan Francisco García, jefe de Gabinete de Zaplana en aquel momento. De hecho, de Beut se recuerda que fue el gran consejero y hombre de confianza del expresidente de la Generalitat en materia tributaria cuando ostentaba este cargo.
Un año después de dejar Cartera de Participaciones Empesariales, en 2006, Beut fue fichado por la patronal de los constructores Fecoval (Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obra de la Administración). Primero fue gerente y luego secretario general hasta 2011, cuando fue nombrado presidente. Ocupó este puesto hasta 2012.
Beut también fue liquidador de la mercantil Fecoval Jaume II El Just y consejero delegado de Madrid Arte y Cultura (Macsa), empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Madrid durante el mandato de Ana Botella. Allí llegó vía Fernando Villalonga, conseller de Cultura en el primer Gobierno de Zaplana y exdiputado del PP.
La otra polémica es más reciente. Acción Cívica impugnó la candidatura de la Asociación de Gestores al entender que no tenía capacidad para presentar nombres. A raíz de ello, los servicios jurídicos de Les Corts se tenían que pronunciar. Y lo han hecho para recomendar la exclusión de la candidatura de Beut.
En el informe concluyen que no se cumple el precepto de que esta la segunda asociación sea "una organización social que trabaje en la actualidad contra el fraude y la corrupción en la Comunitat Valenciana", como establece la ley de Antifraude. El letrado incide en la abstracción de este punto de la norma de la agencia, dado que es interpretable y no existen leyes semejantes en otras autonomías. Sin embargo, a tenor de la literalidad sí destaca las escasas actuaciones de la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública en la lucha contra el fraude y la corrupción.
Ello, añade, sin perjuicio de que la Mesa de Les Corts, "en virtud de mejor o superior criterio", pueda considerar procedente "efectuar una interpretación menos estricta de la exigencia legal". Pero la Mesa de Les Corts no tenía muchas más opciones después de ese informe. El PP, a regañadientes, ha tenido que aceptar esas consideraciones. Aunque el informe no sea vinculante, haber tramitado la candidatura de Beut como si nada no parecía el mejor camino porque suponía abrir la puerta a un procedimiento contencioso. El asunto podría haber acabado en los tribunales y bloqueado por largo tiempo. Así que Beut queda fuera de la terna y sólo se mantiene Gustavo Segura.
Pese a todo, nada asegura que vaya a salir adelante. Más bien lo contrario. Todo lo que rodea Antifraude es más complejo de lo que parece y, en realidad, ni a la derecha ni a la izquierda le entusiasma la agencia. Así, y aunque se ha vinculado a Beut como el candidato del PP, lo cierto es que Gustavo Segura tampoco gusta en absoluto al PSPV, que ha mantenido durante todos estos años enfrentamientos y tensiones con la agencia por sus investigaciones.
Pero en el actual escenario de enfrentamiento entre bloques tampoco parece muy probable alcanzar un acuerdo. Con la ley ahora vigente, son necesarios tres quintos del Parlamento para aprobar un nombre. En principio y si nada cambia, el PP votará en contra de Segura y Compromís y Vox (en un extraño movimiento que nadie se atreve a afirmar si será definitivo) a favor. Los voxistas, que realmente preferirían cerrar Antifraude, argumentan que lo hacen por ser el único candidato. El PSPV, al cual Segura no gusta, es una incógnita y comentan que se plantean cualquier posicionamiento.
Ni siquiera en un escenario en el que Vox, Compromís y el PSPV votaran juntos a favor (día, por otro lado, reseñable en esta legislatura) saldría adelante el nombre de Segura. Eso sí, por un diputado. Los tres partidos cuentan en total con 59 escaños y resultan necesarios 60 apoyos (mayoría de tres quintos). De manera que lo más probable es el bloqueo. Salvo que, repentinamente y en un giro de guion, los socialistas se sentaran con el PPCV a negociar paralelamente la renovación de los órganos estatutarios de la Comunitat, como les han pedido los populares: la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia y el Consell Valencià de Cultura). Para todos es necesario un partido de la oposición. Sin embargo, la condición que pone el PSPV es que el PPCV aparte a Vox de las instituciones y de cualquier órgano. Algo inasumible para los populares.
Si la candidatura de Segura no sale adelante, queda descartado su nombre para el proceso y en un plazo de tres meses deberían presentarse nuevos perfiles. En ese intervalo de tiempo, ya estaría aprobada la nueva ley de Antifraude, por la que la elección de la dirección ya no requiere de los tres quintos del parlamento sino que puede salir en última instancia con mayoría absoluta. Aquí el PP y Vox ya no necesitarían a la oposición. Si el nombre de Beut, en esa fase, vuelve a estar encima de la mesa, todavía es una incógnita. Y mientras todo esto ocurre, será Teresa Clemente, directora de asuntos jurídicos de Antifraude, quien coja las riendas de la agencia temporalmente en sustitución de Llinares.
