Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El proceso para la elección de director de la Agencia Antifraude se aventura tan agitado como se preveía y con un resultado difícil de vaticinar ante el riesgo de bloqueo. Este miércoles finalizaba el plazo para presentar candidatos que releven a Joan Llinares, cuyo mandato acaba, según la ley, el próximo junio, justo cuando se cumplen siete años al frente de este puesto que no se puede renovar.
Dos nombres son los que quedan como opciones, como ha avanzado Valencia Plaza durante los últimos días. Uno es el de Gustavo Segura, número dos de Antifraude. Otro el de Eduardo Beut, exdelegado de la Agencia Tributaria con una larga trayectoria profesional y una conocida vinculación al expresident y exministro Eduardo Zaplana.
Gustavo Segura ocupa el cargo de director de Análisis e Investigación de la agencia. Es una persona de la confianza de Llinares, de cuyo equipo más cercano ha formado parte desde que entró en la entidad en 2020. Entre sus funciones se encuentra la de dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento y la organización de las unidades y equipos de análisis e investigación; además de elaborar las propuestas de iniciación de actuaciones de investigación, de remisión al órgano competente o de archivo. En definitiva, un perfil conocedor del funcionamiento de Antifraude y que sería continuista.
A lo largo de estos años ha sido interlocutor con las asociaciones cívicas contra la corrupción, que han optado por proponerlo a él. Así, Acción Cívica contra la Corrupción –presidida por el historiador, periodista y abogado Antonio Penadés–, la Fundación por la Justicia –al frente de la cual se encuentra el magistrado José María Tomás y Tío– y Observatori Ciutadà Contra la Corrupció –constituida por colectivos de izquierda como Acció Cultural del País Valencià, Acicom, Atelier, Ca Revolta, Societat Coral El Micalet o Escola Valenciana– lo han presentado a él, cada una por separado, como candidato único tras pactarlo.
Estas mismas organizaciones también participaron en el proceso que culminó con Llinares como director de Antifraude en 2018. En aquel momento nacía la agencia, una iniciativa que lideró especialmente Podem. De hecho, a Llinares se le llegó a vincular inicialmente como un perfil próximo a los morados, aunque con el paso del tiempo Antifraude ha llegado a recibir críticas –públicas y en privado– de todos los partidos por las investigaciones llevadas a cabo y que han salpicado a la totalidad de formaciones.
Tras registrarse la candidatura de Gustavo Segura, llegó la propuesta sorpresa: Eduardo Beut. La presentó la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública, una institución de ámbito nacional que nació en 2016 con el objeto de "defender los intereses profesionales de los estudiantes y graduados" en esta materia. Su sede está establecida en la Universitat Politècnica de València (UPV).
Beut es inspector de Hacienda y cuenta con un perfil profesional de prestigio en este ámbito. Y aunque el PP se desvincula de la candidatura, su trayectoria también ha ido ligada de una manera u otra a los populares. Especialmente al que fuera presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana.
Tras dejar de ser delegado de la Agencia Tributaria en la Comunitat Valenciana en 2002 –cargo que ocupó durante tres años en sustitución de Vicente Rambla, a posteriori vicepresidente de la Generalitat con Francisco Camps–, Beut fue designado por el PP consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Empresariales. Esta sociedad participada al 50% por Bancaja y la CAM auspiciada por Zaplana, tras no lograr la fusión de ambas cajas de ahorros, y destinada a canalizar inversiones conjuntamente, fracasó y fue disuelta en 2005 debido a la falta de interés de ambas entidades. Beut había sido designado, en realidad, como hombre fuerte, aunque acabó denunciando la inactividad de la citada sociedad y las dificultades para desarrollar sus objetivos.
Ya entonces se le atribuía una amistad personal con el que fuera jefe del Consell. A su vera llegó de la mano de Juan Francisco García, jefe de Gabinete de Zaplana en aquel momento. De hecho, de Beut se recuerda que fue el gran consejero y hombre de confianza del expresidente de la Generalitat en materia tributaria cuando ostentaba este cargo.
Cabe recordar que tanto Zaplana como Juan Francisco García se enfrentarán el mes que viene al juicio del caso Erial, que se centra en una supuesta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. Una de las pruebas de cargo en el juicio será el informe pericial de la Agencia Antifraude elaborado a petición de la jueza instructora.
La relación de Beut con Juan Francisco García llegó hasta el punto de que acabaron siendo socios de otro negocio: una céntrica librería -Leo Librería- ubicada frente al Palacio del Marqués de Dos Aguas de València, que abrió sus puertas en 2011 y las cerró en 2018.
Un año después de dejar Cartera de Participaciones Empesariales, en 2006, Beut fue fichado por la patronal de los constructores Fecoval (Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obra de la Administración). Primero fue gerente y luego secretario general hasta 2011, cuando fue nombrado presidente en sustitución de Javier Luján. Ocupó este puesto hasta 2012.
Beut también fue liquidador de la mercantil Fecoval Jaume II El Just, creada por la patronal para hacerse cargo de la reintegración del claustrillo alto del Palacio del Abad en el monasterio de Santa María de la Valldigna, auspiciada por Francisco Camps a través de la Fundación Jaume II El Just.
Entre enero y julio de 2013, Beut fue consejero delegado de Madrid Arte y Cultura (Macsa), empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Madrid –que se fusionó con Madrid Visitors & Convention Bureau– durante el mandato de Ana Botella. Allí llegó de la mano de Fernando Villalonga, conseller de Cultura en el primer Consell de Zaplana y exdiputado del PP.
Tras un intermitente paso por la Agencia Tributaria, que también alternó con un breve cargo de consejero de Finanzas en la Embajada de España en México, desde hace cinco años ocupa un puesto de inspector en la Unidad Regional de Inspección de la Agencia Tributaria.
La gran pregunta que surge después de conocer los perfiles de los dos candidatos a liderar Antifraude es qué ocurrirá realmente con el proceso. El nuevo director tiene que ser elegido por mayoría de tres quintas partes de Les Corts, es decir, 60 diputados. Si no la obtuviera, se harán nuevas propuestas en el plazo máximo de un mes.
Esto supone que, en principio, tendrá que salir adelante con el sí de los dos partidos del Consell (PP y Vox) y, al menos, uno de la oposición. De manera que el apoyo del PSPV o de Compromís es indispensable. La coalición ya anticipó que votaría a Gustavo Segura y criticó duramente este miércoles la propuesta de Eduardo Beut al ver detrás de ella la mano del PP.
Así, apuntó a que la asociación que lo propone está presidida por Inmaculada Luz Collado, quien formó parte de las listas electorales de los populares en El Palomar y en Riola en las elecciones municipales de 2023 y 2019.
Por su parte, los socialistas todavía no se han pronunciado, aunque parece evidente que no apoyarán a Beut. Realmente, lo que ocurre dentro del PSPV es que no convence tampoco el perfil continuista de Gustavo Segura, puesto que las relaciones con el actual director de la agencia no es que hayan sido las mejores. Los socialistas siempre vieron Antifraude como una cesión que tuvieron que hacerle a Podem en la primera legislatura en la que necesitaban su apoyo para gobernar y nunca ha sido en el fondo de su agrado, pero tampoco pueden llevar públicamente un discurso contrario.
El PP niega que Beut sea su candidato y no se pronuncia sobre su idoneidad. El secretario general y portavoz adjunto en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, destacó este miércoles que la intención de su grupo es "buscar el consenso" con el resto de partidos. Motivo por el que, dijo, no han propuesto a nadie y escogerán "entre las propuestas que han hecho las asociaciones civiles" con el objetivo de "despolitizar el proceso y tener cuanto antes un candidato común". El también portavoz adjunto del PP en Les Corts aseguró que la "apuesta por el consenso siempre ha estado presente desde que el PP ganara las elecciones en la Comunitat Valenciana".
"Así lo hicimos con la constitución de la Mesa de Les Corts dándole los votos a Compromís en un acuerdo que permitió que todos los partidos tuvieran representación; lo hemos intentado hacer en la renovación de los órganos estatutarios y lo vamos a hacer en la elección de la persona que estará al frente de la Agencia Antifraude", expuso en un comunicado.
Lo cierto es que si el PP y Vox apoyan a Beut y el PSPV y Compromís a Segura se dará una situación de bloqueo que podría extenderse en el tiempo en lo que ya hay quien lo califica como el posible Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) valenciano. Así que la negociación no se aventura fácil. De hecho, desde la oposición acusan a los populares de provocar conscientemente esta situación.
Antifraude se sumaría así al listado de órganos sin renovar en la Comunitat Valenciana, que no son pocos, y en los que derecha e izquierda no se han puesto de acuerdo hasta la fecha. ¿Entrará la agencia en el pack de negociación de la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia y el Consell Valencià de Cultura?; ¿será lo ocurrido con la dirección de Antifraude el preludio de otras decisiones de mayor calado sobre una agencia que al PP no gusta en absoluto? Las preguntas circulan y las respuestas llegarán con el tiempo. Por ahora, todo en el aire.
