El Consejo de Administración de la EMT, formado por concejales del Ayuntamiento de València. Foto: KIKE TABERNER VALÈNCIA. Otra vez, y ya van tres, el Consejo de Administración de la EMT de València retrasó este martes llevar al Tribunal de Cuentas y al Banco de España el fraude de cuatro millones perpetrado por unos ciberestafadores anónimos contra la empresa municipal de transportes. No ocurrió en la reunión del pasado 30 de octubre, no ocurrió en un encuentro similar el pasado 27 de noviembre, y tampoco ocurrió en el Consejo de este martes.
Los abogados contratados por la empresa para llevar el caso sobre el fraude que instruyen los juzgados dijeron al Consejo de Administración que es "prematuro" comunicar la estafa a los dos mencionados organismos de control. En el informe elaborado por este despacho y que consta de diez páginas aseguran que acudir al Tribunal de Cuentas, por una parte, "no tendría incidencia sobre el procedimiento penal"; al mismo tiempo que, sobre ir al Banco de España, insisten en que no es "aconsejable" emprender "actuaciones precipitadas en estas vías cuando todavía sigue vivo un proceso penal en plena instrucción".
Los letrados consideran que no hay responsabilidad penal y contable por parte de los directivos y de los administradores de la empresa pública, cuya gerencia recae en Josep Enric García, dado que "no hay conducta dolosa". Con este documento sobre la mesa, la empresa rechazó acudir a ambas instituciones pese a que tanto el PSPV -socios de gobierno de Compromís- como el PP, Ciudadanos y Vox abogaban por llevar a cabo esta actuación. Ahora bien, tal y como han estado subrayando los socialistas durante las últimas semanas, los informes de los letrados "no son vinculantes".
La propuesta se puso sobre la mesa por el PSPV ya en el Consejo de finales de octubre. Entonces, el que fuera secretario de la EMT por aquellos días -ahora dimitido por sus vínculos con el cuñado del acalde-, Salvador Martínez Tarín, rehusó la idoneidad de comunicar a estos organismos lo acaecido durante el mes de septiembre, cuando, presumiblemente, unos estafadores engañaron a una trabajadora de la empresa para transferir cuatro millones de euros a dos cuentas en China.
El informe de Martínez Tarín no fue otra cosa que el precedente a otro informe, el de los abogados contratados por la empresa para llevar la causa judicial. Ellos presentaron un segundo informe -pedido la tarde de antes- en el que aconsejaban "ver como esta investigación [judicial] evoluciona" ya que el ordenamiento penal "prevalece ante cualquier jurisdicción". No obstante, dado que se trataba de un informe poco elaborado -"pobre", en palabras del PSPV-, se solicitó otro documento de mayor profundidad, que se presentó formalmente este martes, más de dos meses después de que se consumara la estafa.
En esta tercera ocasión, eso sí, se acordó votar esta cuestión en un futuro próximo. Según el representante de Ciudadanos, Narciso Estellés, su formación propuso tomar la decisión mediante votación, iniciativa que secundaron tanto PP y Vox como PSPV. Así, según Estellés, el presidente de la empresa, Giuseppe Grezzi, se comprometió a llevar a cabo esta votación cuando acabe "la inmediata fase actual de diligencia de pruebas en el juzgado". Esto es, tras la declaración en sede judicial de los empleados de Caixabank, entidad que tramitó los pagos.
Huelga recordar que Cs ya notificó motu proprio al Tribunal de Cuentas el caso hace dos meses y que éste ya ha abierto diligencias. "Los consejeros del equipo de gobierno cada día que pasa llegan ya tarde", subrayó Estellés, para añadir que "es precipitado que se pretenda determinar no hay responsabilidades ejecutivas y directivas de Grezzi y su equipo directivo a partir del conocimiento de los hechos".
Por su parte, los consejeros del PP, Carlos Mundina y Marta Torrado, insistieron en dar traslado del robo a ambas instituciones. Según Mundina, los abogados contratados "se han pagado para que realicen unos informes de conclusiones, a nuestro entender precipitados, que sólo tienen como objetivo exculpar los directivos y en concreto al gerente y al concejal Grezzi cuando en la comisión de trabajo que investiga la estafa los trabajadores han coincidido en la falta de procedimientos, protocolos y controles". "De haber estado, podrían haber evitado lo ocurrido", subrayaron.
Los representantes populares también ven "precipitado" descartar responsabilidades en los directivos de la EMT dados "los testimonios realizados tanto en sede judicial como en la comisión de trabajo, donde se han relatado graves irregularidades y deficiencias en los procedimientos de control de pagos, en la organización del personal y en la seguridad informática de la empresa".
