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TIEMPOS POSTMODERNOS / OPINIÓN

La evaluación de las universidades

Foto: KIKE TABERNER

Es un derecho de los ciudadanos y un deber de la Administración informar de forma pormenorizada (por áreas, departamentos e institutos de investigación), sobre la calidad de las universidades españolas

21/04/2019 - 

Lamentablemente, en ninguno de los debates electorales que vamos a presenciar (si tenemos fuerzas para ello) la próxima semana escucharán ustedes hablar sobre la calidad del sistema universitario español. Y, sin embargo, sobre él recae (junto con el sistema de ciencia y tecnología) uno de los principales retos al que nos enfrentaremos durante los próximos años: lograr que nuestra población esté formada y tenga la capacidad de adaptarse y competir con la del resto del mundo.

El debate educativo suele referirse a la enseñanza primaria y secundaria, centrándose en temas que siempre tienen que ver con el proceso de aprendizaje (en qué idioma se imparten las clases o cuáles son las asignaturas sobre aspectos éticos o religiosos que se abordan). Pocas veces se mencionan los resultados del proceso y, cuando alguien alude a ellos, caen sobre él (o ella, como le ocurrió a la exministra de agricultura, Isabel García Tejerina) todas las iras del mundo, desde todo el espectro político (incluyendo sus compañeros). Y es que se suele confundir, erróneamente, el interés de los ciudadanos con el interés o el prurito de las instituciones. Cuando los resultados educativos son malos, a quien hay que mirar es al responsable del sistema educativo, no a los estudiantes, que no son sino los receptores del mismo, por no decir sus víctimas. Y es cierto que las diferencias entre los jóvenes españoles de 15 años son muy elevadas en matemáticas si comparamos las comunidades autónomas con mejores resultados en PISA y las peores, tanto que equivaldría a entre 1.5 y 2 cursos.

Sin embargo, en estos niveles educativos tenemos un sistema homologado a nivel internacional de evaluación. Pero ¿qué ocurre en las universidades? Tampoco me conformo con la famosa frase que dice que no tenemos ninguna universidad entre las 200 mejores del mundo, simplemente porque no acaba de ser cierto. Para ello habría que definir primero qué concepto de universidad estamos utilizando. En España tenemos universidades generalistas, orientadas a impartir diversas titulaciones a un número elevado de estudiantes. Pocas, entre ellas, se especializan (con la excepción de las politécnicas, y tampoco). En otros países existe mayor especialización y también criterios diferentes de selección de los estudiantes y de los profesores.

Por otro lado, tampoco es cierto que las universidades no estén sujetas a procesos de evaluación. Al contrario, la comunidad universitaria se somete continuamente al escrutinio de las diversas agencias de evaluación que se han creado desde comienzos de este siglo, empezando por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación) y continuando con las autonómicas, en nuestro caso la AVAP  (Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva). Su creación no fue invento nuestro, sino fruto de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (la estrategia de Bolonia) a la española, preocupado por el proceso pero no por los resultados. En las agencias se evalúan los grados que se implantan (y se revisan periódicamente) y también se dan certificados a los profesores que acreditan cumplir unos requisitos mínimos para optar a diferentes concursos de plazas.

Foto: EVA MÁÑEZ

El resultado ha sido implantar un proceso burocrático que dice bien poco sobre la calidad de unos y otros. La aplicación rutinaria de baremos y la suma de requisitos múltiples ha convertido el funcionamiento de estas agencias en carreras de obstáculos que tanto las universidades como sus miembros han aprendido a superar.

Pero poco sabemos sobre la calidad de las universidades públicas españolas. Esta cuestión puede plantearse de forma sencilla, ¿cuál es la mejor universidad española para estudiar… Derecho? Sustituyan lo anterior por cualquier otro grado universitario o por un título de máster. Francamente, a no ser que se disponga de información interna, es decir, profesores del área que conozcan la docencia y, en especial, la investigación que se hace en su área, es difícil responder a esta pregunta, pues no existe esta información. En muchas ocasiones, porque las propias universidades no están dispuestas a que se conozca, aún cuando podrían salir bien reflejadas en ellas.

La ANECA podría utilizarse, con tan sólo realizar algunos cambios, para evaluar las áreas de conocimiento en España. Si se volviera a disponer de un catálogo de títulos, la ANECA no tendría que dedicar tantos recursos a revisar y acreditar los grados. Del mismo modo que se hace en Gran Bretaña o en Francia (cada siete años se evalúan los departamentos universitarios) se podría evaluar y clasificar en términos de calidad investigadora a los departamentos universitarios por áreas de conocimiento, incluyendo también a los institutos del CSIC, también agrupados por áreas de conocimiento. Con ello, al ser una o varias áreas las encargadas de impartir los grados y los máster, los ciudadanos dispondrían de información para comparar directamente la calidad de los títulos impartidos. Y les aseguro que las universidades de la Comunidad Valenciana saldrían muy bien paradas.

Asimismo, desde hace algo más de 10 años existe el SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria) alimentado con datos de las universidades españolas, recogidos por las comunidades autónomas bajo criterios homogéneos coordinados por el Ministerio encargado de universidades. Se trata de una base de datos con formato “big data”, pues contiene información (en formato anónimo) a nivel de estudiantes y profesores. Sin embargo, los “datos y cifras del sistema universitario español” , una publicación anual del Ministerio, no aparece desde el curso 2015-16, y ha sido sustituida por un breve resumen que no le da continuidad y con muy poca utilidad. ¡Qué pérdida de recursos! En una sociedad donde todos conocemos el valor de la información, es un deber de la Administración usarla cuando se dispone de ella para que el ciudadano pueda tomar sus decisiones, pues es ése su derecho. El sistema de evaluación de las universidades podría ser mucho más transparente y útil para la sociedad a poco que hubiese la voluntad política para conseguirlo. Ya verán como de esto no se habla ni se debate.

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