La exalcaldesa de Benissanó (PP) se enfrenta a seis años de cárcel por defraudar 147.000€ en la 'trama de asesorías'

VALÈNCIA (EP). La exalcaldesa 'popular' de Benissanó (Valencia) Isabel Castellano se enfrenta a una pena de prisión de seis años acusada de defraudar 147.000 euros con la llamada 'trama de asesorías', es decir, con la adjudicación de contratos a una asesoría sin tramitar expediente de contratación alguno y sin tener constancia de que se hayan efectuado los trabajos.

La ex primera edil se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Valencia junto a tres personas más: un funcionario público --que también fue interventor en el Consorcio de Museos de la Generalitat hasta que se destapó el supuesto fraude--, Rafael Parra; y dos ex secretarios interventores del consistorio.

Tanto Castellano como Parra se enfrentan a seis años de cárcel, según solicita inicialmente el ministerio fiscal, por un delito continuado de malversación; otro de prevaricación administrativo y un delito continuado de falsedad en documento oficial. Así mismo, les reclama una inhabilitación para cargo público por el mismo periodo de tiempo.

Por su parte, para los dos ex secretarios interventores el ministerio público rebaja la solicitud de condena hasta los tres años de cárcel al considerarlos responsables de los mismos delitos pero en concepto de cómplices. Reclama una indemnización conjunta para los cuatro acusados de 147.248,90 euros por el perjuicio causado al Ayuntamiento.

El supuesto fraude consistía en irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de la exalcaldesa a una asesoría dirigida por Parra, funcionario del Ayuntamiento de Chiva, entre los años 2007 y 2011.

Según el fiscal, la sociedad adjudicataria, Asesores Económicos Públicos S.L., estaba controlada por el funcionario de Chiva, que también había sido interventor del Consorcio de Museos y consejero de la sociedad municipal Aguas de Benissanó, aunque figuraban como administradoras sus hijas o su mujer, según las épocas.

La sociedad "carecía" de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social pese a que en los mismos periodos de tiempo "realizaba facturaciones a otros Ayuntamientos en idénticas circunstancias, sin ningún tipo de expediente administrativo, contrato y con total abandono de la normativa administrativa".

Los servicios, tal y como contempla el mismo escrito, se realizaban "de forma verbal, sin establecer precio alguno ni constancia escrita de lo que se estaba contratando, objeto, condiciones o duración". En definitiva, sin tramitar expediente de contratación.