La expresidenta del Colegio de Médicos declara como imputada por malversación y apropiación indebida 

VALENCIA. A la antigua cúpula directiva del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia se le empiezan a acumular las causas judiciales. A la investigación del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia por malversación de fondos, prevaricación y estafa por la emisión de cinco cheques por valor de casi medio millón de euros de las arcas del Colegio de Médicos en concepto de préstamo a una empresa para la rehabilitación de un edificio en La Rambla de Barcelona, se una ahora una segunda denuncia por, entre otros delitos, malversación y apropiación indebida de 2.000 euros.

Rosa Fuster declarará este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia en calidad de investigada. Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, la actual junta directiva ha denunciado a la expresidenta porque de las cuentas del colegio faltan 2.000 euros que se debían haber abonado a la empresa que habitualmente realiza los catering. La versión de Fuster es que pagó en metálico a dicha empresa aunque no haya factura que lo demuestre.

La empresa por su parte niega haber recibido ningún dinero ni de Fuster ni de ningún miembro de la junta directiva de los galenos. La denuncia se produjo después de que los actuales responsables del colegio verificaran que faltaba dinero de las arcas, además de los 500.000 euros ya denunciados, y tampoco encontraran ninguna factura o papel que pudiese sostener la versión de Fuster.

Primera denuncia

En cuanto a la otra denuncia, el juzgado número 4 prosigue con la instrucción en la que están como investigados además de Fuster, 15 miembros de la directiva de los facultativos y tres miembros de la empresa Mibal Invest SL, receptora del dinero.

Según el juez instructor, la expresidenta junto con el tesorero José Manuel Juan y, de común acuerdo con el gerente y la mercantil Mibal Invest S.L., suscribieran un contrato de préstamo a favor de la empresa por cerca de 500.000 euros. 

Durante la operación, ilegal teniendo en cuenta que el Colegio de Médicos se rige por la Ley de Colegios Profesionales en la que no está regulada la posibilidad de otorgar préstamos privados, los investigadores solo encontraron una fotocopia del préstamo. Es más, ni tan siquiera se cumplieron obligaciones como incluirlo en las actas o guardar las copias de los contratos suscritos.

En la fotocopia lo único que había incluido era la cantidad prestada (477.500 euros), el banco en el que se ingresaban los cinco cheques con el dinero y la cantidad a devolver de 500.000, es decir, 22.500 euros más de los que el Colegio de Médicos había prestado a la empresa.