Archivada la causa contra María Oliver por falta de acusaciones

VALÈNCIA. La causa abierta contra la exconcejal de Podemos y actual asesora de Vivienda del vicepresidente de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau ha sido archivada. Oliver estaba acusada de prevaricación y malversación por, presuntamente, dar a dedo una subvención a José Manuel Rodríguez, compañero de partido, miembro del máximo órgano de Podemos en la Comunitat y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València. Sin embargo, no solo no se sentará en el banquillo, sino que podrá seguir con su cargo de asesora.

En el auto, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, dice que “dado que ninguna de las partes personadas como acusación presenta escrito calificando los hechos, procede decretar el sobreseimiento y archivo de la causa, dada la vigencia del principio acusatorio en el sistema penal”. El magistrado ha emitido el auto después de que la Fiscalía y la acusación Popular, ejercida por el PP municipal, retiraran las acusaciones contra la exconcejal.

Una pericial encargada por su letrado, Juan Molpeceres, dio un giro de 180 grados al procedimiento judicial y llevó a la Fiscalía a pedir el archivo. Lo que llevó a la acusación popular, ejercida por el PP municipal, a pedir "retirarse de la causa". Sin acusación, el juez estaba obligado a archivar, lo que ha supuesto otro tropiezo en las decenas de denuncias interpuerstas del asesor popular Luis Salom.

La prueba pericial

El vuelco en el caso Oliver se produjo tras incorporarse a la causa una pericial de parte. Dicho informe aseguraba que "el convenio no es un negocio jurídico convencional", y que "el procedimiento seguido para la tramitación, aprobación, formalización y justificación del convenio por parte del ayuntamiento y la universidad, en lo analizado, resulta ajustado a derecho". Es más, decía el informe que "fue la jefa de servicio la que propuso el nombre del profesor".

En opinión de este perito, "de la documentación examinada, no consta oposición de los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento administrativo a lo actuado por el Ayuntamiento de València. Antes, al contrario, constan todos los pronunciamientos favorables. Y lo mismo ocurre con respecto a lo actuado por la Universidad de València". Añadía que, además, "existen observaciones complementarias efectuadas por la intervención en el seno de la fiscalización favorable -y, por ende, sin reparo- observaciones que, aun cuando discutibles respecto a su orientación, por su carácter irrelevante, en modo alguno, tienen carácter obstativo de la aprobación del acto para el que se formulan".

La fiscal tenía dos informes en los que basar su decisión, el presentado por la exconcejal y otro de la Intervención Municipal, que fue remitido al Juzgado de Instrucción número 19, que aseguraba que las compras que realizó Rodríguez con dinero público no eran subvencionables en el convenio firmado por la Concejalía de Educación. Dichas compras incluyen dos Ipads de 481 euros cada uno, dos cámaras de fotos de 274 euros y una tercera de más de 1.000 euros o dos portátiles de 392 euros.

Finalmente, el Ministerio Público consideró más creíble el presentado por la defensa de Oliver y por ello, tras el auto de incoación de procedimiento abreviado del juez, decidió pedir el archivo del caso. Hay que recordar que en el auto no designaba los delitos que Oliver podría haber cometido.

Por tanto, el final era inevitable, el archivo de la causa abierta contra la exconcejal de Podemos. Al no haber acusación, no cabe recurso, por lo que la decisión del magistrado es firme.