La Fiscalía archiva la denuncia del PP a Compromís porque hubo “errores contables pero no falsedad”

VALENCIA. La Fiscalía Provincial de Valencia ha archivado la denuncia que el Partido Popular presentó contra Compromís por presuntamente falsear las cuentas de la campaña electoral de las elecciones de 2015. El escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso Valencia Plaza explica que no hay indicios de delito en las cuentas de la formación de izquierdas ni en la forma de pago a sus proveedores, pero que sí existen errores contables.

Según fuentes del Partido Popular, “el informe de la fiscal no da respuesta a una de las principales cuestiones planteadas en la denuncia. La fiscal Ana Belén Sáez Illera no responde cómo se pagaron los 800.000 euros que no fueron fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, solo explica que se podrán pagar”, y esa es, a su juicio, la pregunta capital.

Al respecto las mismas fuentes informan que “es llamativo que Comprimís dijera que las facturas habían sido abonadas y en su página de transparencia todavía salga una deuda de 883.000 euros”.

Según el escrito de archivo de la fiscal, “la formación política ha realizado pagos con posterioridad a los 90 días siguientes al de la votación, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 125.3 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). Los gastos pendientes de pago a la fecha de presentación de la contabilidad sumaban 789.194 euros, no existiendo tesorería suficiente para hacer frente al pago de los mismos, por lo que tendrá que hacerse el pago a cargo de cuentas corrientes de la actividad ordinaria, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 125.1 de la Loreg, o requerirá la incorporación de nuevos recursos, con lo que el ingreso y el pago se efectuarán fuera de la contabilidad electoral fiscalizada”. Por último se ha identificado un proveedor por prestación de servicios o adquisiciones bienes por 50.000 euros, que no ha informado al Tribunal de Cuentas, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 133.5 de la Loreg”.

Y prosigue explicando que, en este sentido, "hay que indicar que la conducta típica del artículo 149 de la Loreg consiste en falsear las cuentas electorales, reflejando u omitiendo indebidamente aportaciones o gastos, o usando cualquier otro artificio que suponga un aumento o una disminución de las partidas contables. La falsedad debe tener entidad suficiente para producir engaño, quedando fuera del tipo penal. En el presente caso ha existido en la contabilidad electoral presentada por Bloc-Iniciativa-Verds-Compromís errores contables, al haber incluido como gastos electorales algunos que no tienen el concepto de tales, pero en ningún caso ha existido falsedad pues se han especificado las partidas incluidas y el origen de las mismas, si bien se han imputado indebidamente”.

Y aportilla diciendo “por la misma razón no existe un delito de apropiación indebida de fondos electorales, dado que si bien se pagaron con cargo a fondos electorales gastos por operaciones ordinarias, dichos fondos son susceptibles de restitución con cargo a las cuentas corrientes de la actividad ordinaria, mediante una adecuada contabilización de gastos efectuados”.

La denuncia

El secretario general del PP en Les Corts, Luis Santamaría, denunció públicamente el pasado mes de agosto la existencia de un informe del Tribunal de Cuentas que, a su juicio, cuestionaba la financiación de Compromís y Esquerra Unida.

Santamaría indicó que la coalición Compromís, de acuerdo con el citado informe, mantenía una deuda con proveedores de 789.194,66 euros, pagos fuera de plazo por valor de 3.017,16 euros y gastos irregulares por envío de propaganda electoral que ascienden a 95.193,76 euros.

El dirigente popular reclamó información sobre "de dónde sale el dinero de Compromís y en qué se gasta, ya que en otras ocasiones se ha alertado de que se había cargado a gastos electorales la contratación de personal".

Asimismo, el secretario general del grupo popular en Les Corts, se preguntó cómo ha podido esta formación saldar dicha deuda de 789.194,66 euros "en tan pocos meses, teniendo en cuenta que dicen que no recurren a préstamos de bancos y que la subvención total que reciben al año es de 355.273,32 euros".

Ahora, la Fiscalía de Valencia deja claro que los pagos realizados a los proveedores estaban hechos dentro del marco legal.