Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa. Foto: EFE/MANUEL BRUQUEVALÈNCIA. El juicio por el presunto saqueo de la depuradora de Pinedo, el conocido como caso Emarsa, está en su recta final y las fiscales del caso han notificado sus cambios en las peticiones de penas a los imputados en la causa en un nuevo escrito de acusación al que ha tenido acceso Valencia Plaza. Los más perjudicados por las nuevas peticiones de penas son los presuntos cabecillas de la trama, el expresidente de Emarsa y de la Emshi, Enrique Crespo, al que ahora la Fiscalía pide 20 años de cárcel, y el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, para el que solicitan 24. Al principio del juicio, el Ministerio Público pedía para ambos 14 y 12 respectivamente.
El problema para ambos es el aumento de los supuestos delitos cometidos, ya que según la Fiscalía Crespo sería autor de los delitos de prevaricación y falsedad documental en concurso con malversación agravada (cometida durante varios años) en ambas empresas. Y el otro cabecilla, Esteban Cuesta, tiene dos delitos de prevaricación y falsedad en concurso con la malversación agravada (10 años) junto con un presunto cohecho (4 años) en concurso con falsedad documental.
El motivo del cambio de petición de penas es que a lo largo de las más de 60 sesiones de juicio se ha deducido que la presunta operativa criminal para sustraer dinero de las empresas era diferente en Emarsa que en la Epsar y, por tanto, aunque es un delito de malversación continuado, no es el mismo delito sino dos diferentes y, por ello, piden penas independientes. El encaje jurídico de dicho cambio será explicado a partir del próximo lunes cuando la fiscal comience sus conclusiones.
En cuanto a la responsabilidad civil, las fiscales además solicitan que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Epsar y a la Emshi en 25.501.620 euros, más los gastos derivados de liquidación cuantificados hasta ahora en 8.194.472 euros y 3.185.550 euros si se confirman las sanciones tributarias impuestas.
La pieza principal del caso Emarsa se investiga el saqueo de 24 millones de euros en la depuradora de Pinedo. El procedimiento, que llega a si fin tras más de cinco meses de juicio, saltó a la luz en 2010, cuando el PSPV denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones más. El proceso se dividió en 11 piezas, entre ellas la principal, con 25 acusados --más uno a título lucrativo--.
El juicio por esta pieza, la principal, se señaló inicialmente en noviembre de 2015, pero el tribunal decidió suspenderlo a la espera de que Moldavia extraditase al empresario y considerado presunto cabecilla de la trama, Jorge Ignacio Roca, condenado en ese país por otro procedimiento diferente. Roca fue detenido tres meses antes de que arrancara la vista.
Esta pieza regresó entonces al órgano instructor, el Juzgado número 15 de Valencia, que practicó nuevas diligencias relacionadas con Roca. Decidió procesarle y le atribuyó delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Después de todo esto, la sala volvió a suspender el juicio después de que varios investigados renunciaran a sus defensas y, obviamente, varios letrados del turno de oficio se hicieran cargo de las defensas pero sin haber podido leerse el sumario, que supera los 200.000 folios. Finalmente, el pasado dos de mayo comenzó uno de los juicio más mediáticos que se recuerdan en los tribunales valencianos.
Entre los acusados en la causa principal figuran Enrique Crespo; el exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta; José Juan Morenilla; Ignacio Bernácer; Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa; Adolfo Polo, jefe del área medioambiental; Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad; Santos Peral, jefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de Valencia e Ignacio Martínez Maiques, jefe de compras e igualmente miembro del PP.
Junto a ellos figuran los empresarios José Luis y Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec; María Paz García, hermana de 'Chanín'; la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil; Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis; Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua y Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet.
Otros acusados son Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa; Leonor Moreno, abogada de la entidad; Jorge Ignacio Roca Samper, abogado y primer teniente alcalde de Moncada; Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín'; Daniel Calzada, de la mercantil Llar Calzada, y a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente.
