La Fiscalía pide 17 años de cárcel para Zaplana y rebaja la pena a menos de dos años para los conformados  

VALÈNCIA. El juicio del caso Erial ha entrado este martes en su fase final con el trámite de conclusiones. La Fiscalía ha decidido dejar en 17 años de cárcel la petición de pena para el exministro Eduardo Zaplana. Se trata de dos años menos de los iniciales al retirarle el delito de falsedad en documento oficial. 

Anticorrupción ha rebajado sustancialmente las penas de aquellos que alcanzaron una conformidad y reconocieron los hechos al aplicar atenuante por confesión muy cualificada: los hermanos Cotino (Vicente y José), el exjefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, y el autodenominado testaferro del expresidente de la Generalitat, Joaquín Barceló. Las deja en menos de dos años de prisión, con suspensión de la condena y multa. 

Tanto a los Cotino como a García les pedía inicialmente 14 años de cárcel, mientras que a Barceló le solicitaba ocho. El fiscal ha destacado que resulta relevante valorar las confesiones tanto autoinculpatorias como de relato de los hechos. La multa para Barceló es de cinco millones de euros; para García de 1,3 millones; y para Vicente Cotino de 4,3 millones. 

Para el asesor fiscal del exministro y considerado el cerebro financiero de la trama, Francisco Grau, Anticorrupción mantiene la solicitud de ocho años de cárcel. Misma pena que para Mitsouko Henríquez, quien fuera secretaria particular de Zaplana desde 1991 ininterrumpidamente. En cuanto al expresidente de la Generalitat y de Bancaja José Luis Olivas, le pide dos años de cárcel, cuatro menos que los iniciales, al retirarle el delito de prevaricación y mantener el de cohecho. 

Para el resto de acusados (Saturnino Suances, Francisco Pérez, conocido como Paco 'El Gasofa', Robert Edgar Bataouche y Carlos Gutiérrez), las penas oscilan entre los 5 y los 7 años de prisión. 

Retirada de acusaciones y defensa de los testigos

La Fiscalía ha retirado igualmente las acusaciones para Elvira Suances, Pedro Romero y Ángel Salas. El fiscal ha expuesto que, a la vista del desarrollo del juicio, la prueba es insuficiente para sostener una acusación y no ha quedado acreditada su participación, por lo que ha interesado una sentencia absolutoria. 

Anticorrupción no ha aceptado una rebaja de las penas por dilaciones indebidas y ha defendido que ha habido una evidente celeridad del procedimiento, con la práctica de comisiones rogatorias en varios países y una pandemia de por medio. 

Igualmente, ha incidido en la legalidad de los papeles que dieron inicio a la causa, ha hecho hincapié en la importancia de la declaración de testaferro Fernando Belhot y ha validado la del exgerente de Imelsa Marcos Benavent en instrucción (quien luego cambió de versión). En este sentido, ha censurado las críticas de los acusados a estos testimonios. "Nosotros no hemos traído a condenados a declarar como testigos. Otros sí. Condenados en otros procedimientos: José Manuel Villarejo, Marcos Benavent y Roberto López Abad", ha manifestado el fiscal.