VALÈNCIA (EP). La Generalitat Valenciana, que ejerce de acusación particular en el conocido caso Emarsa, atribuye al exvicepresidente de la Diputación de València y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, hasta 100 extracciones de dinero público desviado en cajeros próximos a su vivienda, su trabajo y colegio de sus hijos.
Así lo ha indicado este miércoles el abogado de la Generalitat durante la exposición de su informe en el juicio de la pieza principal del caso Emarsa -relativo a un fraude en la gestión de la depuradora de Pinedo- que ha sentado en el banquillo de los acusados a 24 personas.
Esta acusación, que solicita penas similares a las de la Fiscalía, ha desgranado cómo Crespo y el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas residuales (Epsar), José Juan Morenilla, fueron haciendo diferentes extracciones de dinero con dos tarjetas que les había proporcionado el empresario Jorge Ignacio Roca, también investigado, a nombre de algunas de sus mercantiles con las que se habría producido el fraude. En esas cuentas había supuestamente dinero desviado de la depuradora.
En concreto, sobre Crespo, detalla en su informe, consultado por Europa Press, que utilizó dos tarjetas bancarias proporcionadas por Roca para hacer 66 extracciones de dinero en cajeros próximos a su lugar de trabajo y su domicilio de Manises entre los años 2008 y 2009. Así mismo, aporta 12 extracciones en un cajero cercano a la sede de Emshi; y otras 22 en cajeros cercanos al colegio y domicilio familiar de sus hijos en días de visita.
Respecto a Morenilla, la Generalitat constata -y así lo expone a través de unos gráficos- 81 extracciones en cajeros cercanos a su lugar de trabajo, la sede de la Epsar en los mismos años -2008 y 2009-; y otras 46 en cajeros próximos a su domicilio de Meliana.
Para Enrique Crespo solicita una pena de 20 años de prisión por un delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en concurso con un delito continuado de malversación en la sede de la Epsar; y los mismos delitos pero en la sede de Emarsa. Mientras que para Morenilla reclama 10 años de prisión por los mismos delitos pero únicamente cometidos en Epsar.
La Generalitat estima que han existido dos tramas delictivas. La primera, la relacionada con la gestión de lodos, donde "claramente" resulta "necesaria" la participación de varias personas, que debían actuar coordinadamente, para que se pudiera producir la malversación.
Y la segunda, la relacionada con acciones fundamentalmente del exgerente de Emarsa Esteban Cuesta y del ex director financiero Enrique Arnal a través de la contratación de empresas de sus allegados con objeto de obtener un beneficio ilícito y la contratación de personas allegadas o afines políticamente. Contaban con el "beneplácito" de Crespo.
Además, estima que estos acusados realizaron gastos indebidos que cargaron ilícitamente a Emarsa, ya que se trataba de gastos personales. "Aquí es evidente que nos encontramos ante un plan individual de los acusados, sin que aparezca un previo concierto entre ellos, y mucho menos un concierto con los acusados relacionados con la gestión de lodos. Por tanto, es una unidad de acción diferente de la referente a la gestión de los lodos", apostilla.