VALÈNCIA. El concurso para convertir la Estación Marítima de València en un hub tecnológico entra en vía muerta. Las dudas sobre la legalidad del concurso convocado por el Consorcio València 2007 a raíz de las irregularidades denunciadas por la propuesta Valencia Innovation District –apoyada por la Asociación Valenciana de Startups– han llevado a la Generalitat a paralizar cualquier decisión mientras no se resuelvan esas incertidumbres sobre la candidatura de la compañía belga Fosbury and Sons.
Por ese motivo, según explican a Valencia Plaza fuentes del proceso, la Conselleria de Hacienda ya ha encargado a la Abogacía de la Generalitat que realice un informe técnico sobre la forma en la que se ha convocado este concurso y la fórmula de valoración de las ofertas presentadas.
Hasta que concluya este análisis, los representantes de la Generalitat en el Consorcio no van a dar ningún paso que no cuente con el aval de los técnicos porque, en las circunstancias actuales, no existe seguridad jurídica sobre el proceso. En función de lo que concluya la Abogacía, Hacienda se plantearía instar la convocatoria de un nuevo concurso y la anulación del actual.
La decisión se produce a raíz de las alegaciones planteadas por Valencia Innovation District sobre la oferta de Fosbury and Sons, que concurre con el nombre de Valencia Innovation Bay. A su juicio, los belgas incumplieron los pliegos al presentar un canon variable, cuando la exigencia era la de un canon fijo obligatorio. Pese a ello, la Mesa de contratación no solo dio por buena la propuesta, sino que la puntuó por encima de su rival.
Precisamente este lunes, Ángela Pérez, CEO de Imegen y cara visible de la de la candidatura valenciana, denunciaba en una entrevista con este periódico las "graves deficiencias jurídicas" detectadas en el proceso y advertía de que las iban a poner al descubierto. Pérez aseguraba que la oferta belga dejó la casilla del canon fijo vacía y aportaron un párrafo por escrito. "Por lo poco que pudimos ver, planteaban un canon en el que se daba un tiempo de carencia en el que el canon iba de menos a más. Es un canon que no es fijo sino que es variable", apuntaba, y recordaba que en los pliegos el canon fijo es obligatorio, entre otras cuestiones.
La comisión delegada del Consejo Rector, en la que están representadas las tres instituciones que integran el Consorcio –Ayuntamiento de València, Generalitat y Administración General del Estado– debía haberse pronunciado ya sobre el asunto en una reunión que iba a celebrarse el pasado 11 de septiembre, pero no lo hizo. Tampoco hubo resolución en una reunión posterior celebrada el día 18 a la que no asistieron los representantes de la Generalitat y el Ayuntamiento.
En esta ocasión, la justificación por parte del Consorcio para prolongar la adjudicación fueron las alegaciones de la candidatura valenciana, que daban paso a trámite de audiencia para ser al menos considerada. Sin embargo, Ángela Pérez aseguraba que no han recibido notificación al respecto. Además, insistía en que ha pasado más de un mes desde que solicitaron la documentación del proceso para estudiarla. "Oficialmente no hemos recibido ningún tipo de documentación ni se nos ha enseñado, a pesar de que la ley es muy clara sobre la transparencia en todos estos procesos", insistía.
Este martes se producía de nuevo un encuentro de la comisión delegada pero la adjudicación de la Estación Marítima ni siquiera estaba en el orden del día. El director general del consorcio, Vicent Llorens, realizó una exposición sobre la situación financiera de la entidad. Los asistentes también fueron informados de que Fosbury and Sons ha respondido a las alegaciones de Valencia Innovation District, pero no se dieron los detalles.
Al margen del controvertido concurso para adjudicar la explotación de la Estación Marítima, el Consorcio València aún tiene pendiente definir cómo va a abordar su principal problema: la solución a su inasumible deuda de 426 millones de euros.
El Gobierno central designó la semana pasada a sus representantes en el Consorcio València, un paso necesario para reactivar la actividad de este órgano de decisión que tiene pendiente resolver cuestiones urgentes como la negociación con el fondo oportunista que se ha hecho con 67 millones de deuda impagada con Banco Santander y que amenaza con abrir un litigio con el organismo.
Por otro lado, el Gobierno central y la Generalitat aún tienen que definir de qué manera el Estado va a condonar 350 millones de euros de la deuda de la Marina, tal y como prometió Pedro Sánchez a cambio del apoyo de la Comunitat a la senda del déficit presentada por el Gobierno central.
La semana pasada se produjo una primera aproximación de tipo técnico con el Ministerio de Hacienda para avanzar en este asunto, pero aún no se ha elegido la fórmula para ejecutar esa asunción de deuda ni se han decidido cuestiones como la supervivencia del consorcio como ente gestor de la Marina tras esa asunción.
A todo ello se suma, además, las explicaciones que Bruselas ha exigido a España sobre cómo piensa llevar a cabo esa condonación, ya que el origen de esa deuda es un crédito del ICO que está siendo investigado por si constituyera una ayuda de Estado ilegal.