La Generalitat ofreció a Valmor "enviar a alguien de la Conselleria" para presionar a un proveedor

VALÈNCIA. El nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional sobre el pufo de la Fórmula 1 donde están imputados, entre otros, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps; su mano derecha en la F1 Belén Reyero; la exconsellera de Turismo y Deportes Lola Johnson, y el expiloto de motos Jorge Martínez Aspar, tiene episodios más propios de un guión de una película sobre el hampa que de un proceso administrativo para poner en marcha el Gran Premio. Por ejemplo, la oferta por parte de Reyero a Valmor del envío de cargos de la Conselleria de Turismo a las negociaciones con un proveedor que no había cobrado para "presionar" y conseguir una rebaja de la deuda.

Así, se puede leer como Valmor Sports mantenía una deuda de 331.000 euros con la sociedad Postigo, que se había encargado de la cartelería externa del circuito durante los años 2008 y 2009, a la que no había pagado por sus servicios, en lo que no era una excepción, ya que la empresa no pagaba a casi nadie, incluido Bernie Ecclestone, que a partir de 2009 cobró su canon de la Generalitat. Valmor era la empresa privada creada por Fernando Roig, Bancaja y Aspar para organizar el Gran Premio de F1 sin que costara un euro a la Generalitat, según prometió Camps en la campaña electoral de 2007.

En el año 2012 y viendo que no cobraba, Postigo denunció la situación en un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de València, pues Valmor acababa de ser adquirida por la Generalitat por un euro. En esa época, al ser Valmor de la Generalitat, la que había sido la mano derecha de Camps en la F1, Belén Reyero, era la interlocutora con el despacho de abogados Broseta, encargado del tema judicial.

En un correo enviado por Belén Reyero al despacho de Broseta el 1 de marzo de 2012 dice: "Te he dejado un mensaje en la oficina porque estaba tratando de recopilar información sobre el tema de Postigo vs Valmor con el fin de hacer una nota informativa para mi secretario autonómico, y que se tome alguna decisión sobre si acude alguien de GVA el próximo día 6 (….) Necesitaría que me valorases la importancia que tendría que alguien de la Conselleria acudiese el próximo día 6 a declarar para poder presionar en ese sentido".

La respuesta del despacho de abogados, lejos de recriminar la actitud de Rayero que habla de "presionar", se limita a explicar cuánto debe la empresa y afirma: "No necesitamos que vaya nadie de la Conselleria ese día" porque, explica, es una audiencia previa. Y añade que la deuda de 2008 es de Valmor, pues está el contrato firmado, y la de 2009 de la Generalitat porque no hay firma de la empresa que dirigía Aspar.

El precio del asesoramiento que el Despacho de abogados Broseta hizo para el Circuito del Motor y para Valmor durante el año 2012 por revisión y redacción de documentos, resoluciones de consultas y reuniones y llevando temas como el anteriormente mencionado, y que en ambos casos se abonó con dinero público, ascendió a 16.000 euros en el caso del Circuito del Motor y 12.000 euros en el de la empresa Valmor. Un total de 28.000 euros, que en realidad el despacho afirma que debieron ser 31.000, pero que finalmente aceptaron rebajar un poco.

Caso Valmor

El caso Valmor se investiga en tres piezas separadas. La primera se centra en las negociaciones previas para traer a València el Gran Premio y la decisión de gestionarlo a través de la empresa privada Valmor. En la pieza 2 se investiga la absorción de Valmor por Circuito del Motor y la asunción de la deuda por parte de la Generalitat, entonces presidida por Alberto Fabra. La tercera pieza está declarada secreta.

La investigación del pufo de la Fórmula 1 surgió a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de un grupo de diputados del PSPV. En la pieza principal están investigados el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; la exconsellera de Deportes Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez Aspar por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, a los que hay que añadir los nombres de Belén Reyero y Nicolás Figueras.

La querella que dio origen a esta causa se centró en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos, y la orden para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.

Los otros dos son, según la querella, la orden que Camps dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".