También está dirigida a los miembros del Partido Popular, Víctor Soler, Guillermo Barber, Lola Moncho y Javier Reig
GANDIA. El Juzgado de lo Mercantil de Valencia ha admitido a trámite la demanda de acción social de responsabilidad presentada por la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) frente a los anteriores administradores de la entidad pública. La exigencia de responsabilidad por los "daños económicos y patrimoniales causados a la sociedad" está dirigida frente a los antiguos gestores de IPG —todos ellos del Partido Popular—: el expresidente de la sociedad y exalcalde Arturo Torró, el exvicepresidente Javier Reig y los ex consejeros Víctor Soler, Lola Moncho y Guillermo Barber.
Según consta en la demanda, a cada uno de ellos se le reclama "solidariamente" 3.304.282,49 de euros, a excepción de Lola Moncho, a quien se le reclama 815.624,98 euros por haber estado un periodo menor ejerciendo un cargo en la empresa pública de Gandia. La demanda fue presentada en noviembre de 2017 con el fin de "recuperar los recursos económicos que se han malgastado". Según ha podido saber Valencia Plaza, la otra parte ya se ha opuesto a tales acusaciones por lo que el proceso está en espera de juicio.
Las partes demandantes estiman que dicho juicio se producirá dentro de un año y medio o "siendo optimistas" antes de las próximas elecciones. Sin embargo, enfatizan que la importancia de esta notificación del juzgado radica en que la solicitud ha sido tramitada y que los responsables "depurarán responsabilidades".
Según estimaciones del actual gobierno —formado por el PSPV y Més Gandia—, "el Partido Popular quemó 46 millones de euros en la anterior legislatura" y que "se gastaron cuatro veces más de lo que estaba permitido para la gestión de IPG, donde solo existía un presupuesto de once millones de euros".
Por todo ello, en la Junta General de IPG de marzo de 2016 se aprobó la "interposición de acciones sociales de responsabilidad" con los votos a favor del PSOE, Més Gandia y Ciudadanos, y con el voto en contra del Partido Popular.
El Partido Popular, liderado por Víctor Soler, votó en contra al considerar que el Gobierno se excusa en la depreciación del patrimonio inmobiliario de IPG para justificar la liquidación de la mercantil, y que todas las pérdidas de la vida útil de IPG se imputan en el ejercicio de 2014. Por ello, el Partido Popular se opuso a esta medida y solicitó que se investigara también el periodo en que el PSOE y Plataforma de Gandia estaban al frente del Ayuntamiento.
Las pérdidas de IPG durante el periodo en el que gobernó el Partido Popular se sitúan en 28,4 millones de euros. Un periodo en el que el Partido Popular promovió proyectos como la compra del concesionario de vehículos para retén (3,9 millones); los 1,2 millones del Mercat Municipal del Prado; el alquiler de la discoteca Cocoloco; una indemnización de 500.000 euros a Comarques Centrals Televisió en el llamado caso de Tele 7; la compra de las boleras (6,7 millones) en la Operación Aplauso; los conciertos de verano (2 millones de euros); inyecciones a la empresa editora de la revista Sociedad y Política y a Ossido Comunicación (2 millones de euros); o la prestación de servicios por parte de la empresa del sobrino de Lola Moncho por 122.815 euros. Sin olvidar la multa de 25.001 euros de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social por cesión ilegal de trabajadores.
Un historial que ha arrastrado a la empresa municipal a su liquidación en enero de 2018.
