VALÈNCIA. (EP) El pleno del Consell ha aprobado la programación de los controles financieros específicos que durante 2021 realizará la Intervención General de la Generalitat. De las nueve áreas, seis son nuevas: las ayudas a autónomos por la COVID-19, los contratos de emergencia de 2020 y los sistemas informáticos de subvenciones.

Estas actuaciones en el sector público pretenden promover mejoras y realizar recomendaciones sobre aspectos económicos, financieros, patrimoniales o presupuestarios.

Por primera vez también se incluye el control de la acción concertada para la prestación de servicios sociales por entidades de iniciativa social o la cuenta para los ingresos derivados de la gestión de la red de transportes de la Generalitat y movilidad metropolitana.

Otras tres áreas ya formaron parte de la programación de los controles de 2020: centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Generalitat; centros docentes privados concertados; auditoría de sistemas sobre el registro contable de facturas.

Respecto a las ayudas urgentes a autónomos afectados por la COVID-19, Intervención verificará que se han concedido cumpliendo la normativa reguladora y que se han implantado los controles necesarios.

En las contrataciones efectuadas mediante la tramitación de emergencia prevista en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, controlará que se ajustan al ordenamiento jurídico de aplicación y a los procedimientos aplicables.

El análisis de la herramienta informática de gestión de subvenciones, SUGUS, se centrará en verificar que los procesos y la aplicación tienen implantados los controles necesarios para garantizar la ejecución de los expedientes y el registro íntegro de todas las transacciones.

En el caso de REDAS, la aplicación que gestiona el registro de ayudas y subvenciones públicas, se comprobará si rinde información a la base de datos nacional de subvenciones de manera íntegra, completa, en plazo y respetando la manera de envío establecida en la ley.

En cuanto a los ingresos derivados de la gestión de la red de transportes, el análisis consistirá en la apertura y en los movimientos operados en la cuenta.

Y la auditoría de sistemas sobre el registro contable de facturas (RUF) comprenderá información anotada hasta el 31 de diciembre de 2020, con la finalidad de verificar que los controles son correctos, que se llevan a cabo, que son suficientes, eficientes y eficaces, y de aportar recomendaciones.

También se analizarán los expedientes tramitados por la Conselleria de Igualdad en base a la Ley 5/1997, del sistema de servicios sociales, y el Decreto 181/2017, del desarrollo de la acción concertada. La revisión comprenderá los expedientes tramitados durante 2020 y podrá alcanzar las fases de resolución de convocatorias tramitadas de manera anticipada durante 2019 y su formalización.

Por último, el control de los centros docentes públicos no universitarios verificar-a la información contable y financiera, extraída de las bases de datos de la Generalitat, GESTESORO y PISCIS, con el objetivo de analizar la financiación de los centros docentes por parte de la Conselleria. En los centros docentes privados concertados se analizarán los pagos realizados por Educación y su adecuación a los conciertos.