VALENCIA, (EP). La Generalitat se va a personar en la causa que instruye el Juzgado de instrucción número 15 de Valencia en la que se investigan supuestas irregularidades en la gestión del Palau de Les Arts durante la etapa de la exintendente Helga Schmidt, según han informado a EFE fuentes de Presidencia del Consell.
El Gobierno valenciano tiene previsto personarse como acusación particular en esa causa, como ha hecho en otros casos anteriormente, al entender que se han podido ver afectados intereses de los valencianos y con vocación de poder recuperar recursos públicos.
La causa investiga los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad documental, y se abrió a raíz de una querella de la Fiscalía sobre supuestas irregularidades en la gestión del Palau de Les Arts de Valencia entre los años 2008 y 2009.
La Intervención de la Generalitat llevó previamente a la Fiscalía en julio de 2014 una denuncia tras haber constatado irregularidades que podrían ser constitutivas de delito.
Así, la Intervención concluyó que la intendente formalizó contratos que incumplían la ley, pues sin publicidad ni concurrencia adjudicó contrataciones como representante del Palau de Les Arts a una empresa de la que era consejera, Patrocini de Les Arts, que recibió en concepto de mecenazgo el 30 % por nuevos patrocinadores y el 10 % por los existentes.
En enero de año pasado, la Policía Judicial registró el Palau de les Arts en busca de documentación sobre las posibles irregularidades en la gestión del auditorio y detuvo a la entonces intendente, Helga Schmidt, a quien la Generalitat apartó de su responsabilidad, y al ex director financiero Ernesto Moreno.
Ambos figuran en la causa como investigados (imputados), a quienes esta semana se han sumado tres nuevos imputados, al entender la jueza que "presuntamente participaron de forma activa en la contratación y gestión fraudulenta" objeto de esta causa.
Se trata del presidente del consejo de administración de la empresa Patrocini de Les Arts, José Antonio Noguera; del consejero de esa firma Joaquín Maldonado, y de Pablo Broseta, administrador de la sociedad Radcliffe, mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones, generando un "aumento desproporcionado e injustificado".
Las nuevas imputaciones se han producido tras haber recibido la instructora el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UEDF) sobre la documentación y el material informático incautado por los investigadores en los registros practicados en enero de 2015.
Los tres nuevos imputados han sido citados a declarar los días 25 y 26 de abril y el 5 de mayo, mientras que la instructora también tiene previsto tomar declaración a varios testigos.
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