VALENCIA. La Guardia Civil ha citado a declarar a Rosa Pérez Garijo, la diputada de Esquerra Unida (EUPV) cuya denuncia ante la Fiscalía de supuestas irregularidades en la empresa pública Imelsa dio origen al llamado caso Imelsa. La citación se produjo este miércoles por vía telefónica y la diputada tendrá que acudir acompañada de abogado el próximo martes, día 23, según explicó la política de EUPV a Valencia Plaza.
No será la única que deba acudir a esta llamada. Otros consejeros y exconsejeros del ente público pertenecientes a distintos partidos también han sido citados a declarar la semana que viene: entre ellos, el hasta hace pocos días jefe de Gabinete de la Diputación y vicesecretario de Relaciones Institucionales del PSPV, José Manuel Orengo, el ex diputado provincial del PSPV, Raúl Pardos, quien formó parte del consejo de administración de Imelsa, y el diputado de Compromís, Emili Altur, actualmente consejero en el ente. Fuentes próximas a la investigación apuntan a que también será citado a declarar el actual vicepresidente segundo de la corporación provincial, el socialista Toni Gaspar, si bien el dirigente aseguró a este diario no haber recibido la llamada hasta el momento.
De esta forma, se cumplen los temores -de los que ya informó este diario- que existían en las distintas formaciones que se encontraban en la oposición en la pasada legislatura respecto a que el caso Imelsa pudiera salpicarles de alguna manera.
En este sentido, se da la circunstancia de que Orengo, portavoz del grupo socialista en la legislatura pasada, abandonó el pasado lunes su puesto como jefe de Gabinete del presidente de la Diputación. En cuanto a Altur, también diputado provincial en el anterior mandato, llegó a presidir la comisión de investigación sobre Imelsa creada en la institución cuando estalló el caso, puesto que posteriormente abandonó "ante el veto del PP" a que el entonces presidente, Alfonso Rus (PP), compareciera ante ella antes de las elecciones autonómicas.
Por otro lado, resulta especialmente llamativa la citación de la diputada de EU, Rosa Pérez. Cabe recordar que la dirigente provincial y miembro del consejo de administración de la empresa pública Impulso Económico Local (Imelsa) denunció el escándalo de presunto cobro de comisiones en la Diputación de Valencia a través de esta empresa.
Además, Pérez aportó valiosa información a la Fiscalía Anticorrupción durante la investigación, por lo que no parece lógico que esta llamada a declarar sea el paso previo a una citación como investigada por parte del juzgado de Instrucción número 18, como ha ocurrido con otros reclamados por la Guardia Civil en el transcurso de la investigación.
La diputada se mostraba este miércoles indignada con la citación, que exteriorizó mediante un mensaje en Twitter: "Precio de enfrentarse a los poderosos: 5 denuncias y ahora citada a declarar como investigada en el caso #taula, para que cunda el ejemplo". Sin embargo, dos horas después matizó su mensaje por la misma vía y manifestó que "no hay imputación, es investigación UCO".
Precisamente, la diputada pidió la semana pasada personarse en la causa que instruye el Juzgado de instrucción número 18 de Valencia.
Pérez presentó en la Ciudad de la Justicia, en calidad de denunciante y letrada, un escrito de personación en el procedimiento, basado en que el origen de la causa es la denuncia que presentó en julio de 2014 ante la Fiscalía Anticorrupción en su condición de diputada y consejera de Imelsa, cargos que mantiene.
Se da de alta como abogada
La diputada provincial, que es abogada de profesión, asumirá ella misma la dirección letrada, tras haber obtenido la habilitación del Colegio de Abogados de Valencia, en el que está colegiada pero no ejercía dada su condición de diputada provincial con dedicación exclusiva, según expone en su escrito.
Pérez explicó en un comunicado que "hay que rematar" la faena que inició en 2011, cuando fue nombrada diputada provincial, y "la vía adecuada" ahora es la personación en el procedimiento, que actualmente está bajo secreto de sumario y cuenta con 80 imputados entre empresarios, cargos públicos y asesores del Partido Popular.
Aseguró que tiene intención de ejercer en el procedimiento "un papel activo y beligerante, con el objetivo de devolver definitivamente la dignidad a las instituciones valencianas, que ha sido literalmente robada por el Partido Popular".
En el caso Imelsa se investigan los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude y blanqueo de capitales en varias administraciones públicas valencianas en la etapa de gestión del PP
Rosa Pérez
