VALENCIA. La Guardia Civil ha comenzado a tomar declaración este viernes a todos los concejales del PP en Valencia como investigados en la operación Taula. Entre ellos se encuentra la portavoz del grupo, María Ángeles Ramón Llin, quien ha sido de las primeras en llegar a la comandancia.
Fuentes de la investigación indican que también han sido citados miembros del partido y asesores -sin precisar si en calidad de testigos o como investigados- con lo que en conjunto serán cerca de medio centenar de integrantes del PP en Valencia y el grupo municipal los que pasarán ante la Guardia Civil.
Entre quienes ya han acudido a prestar declaración están también algunos exconcejales como Silvestre Senent, concejal durante la etapa de Rita Barberá como alcaldesa. Miguel Dominguez también ha estado en la comandancia, aunque no para declarar. A su salida, han precisado que mantienen su condición de investigados (imputados policiales) y que se les ha avisado por teléfono de que debían ir a declarar.
También han pasado por la comandancia los concejales Alberto Mendoza y Beatriz Simón. Completan la lista Félix Crespo, Lourdes Bernal, Vicente Igual, Cristóbal Grau, Ana Albert, Paco Lledó o Vicente Aleixandre.
También están yendo algunos asesores del grupo municipal.
El pasado miércoles ya prestaron declaración como investigados el portavoz municipal Alfonso Novo y el asesor municipal Luis Salom, además de una secretaria del grupo.
Tal y como publicó Valencia Plaza, la fiscalía atribuye a la secretaria del grupo popular en Valencia, Mari Carmen García-Fuster -en libertad con cargos- un papel central en la trama, ya que sería la encargada de coordinar el entramado para blanquear fondos supuestamente procedentes de la financiación ilegal de partido.
Concejales y miembros del partido ingresaron 1.000 euros cada uno antes de la última campaña electoral que, más tarde, les habrían sido devueltos en dos billetes de 500 por persona. Ramón Llin reconoció este jueves las donaciones, pero no los reintegros.
La investigación de la operación Taula continúa después de que esta madrugada el juez decretase libertad provisional para el expresidente de la Diputación de Valencia y del Partido Popular en esta provincia, Alfonso Rus, y para los ex vicepresidentes de la Diputación Máximo Caturla y Juan José Medina, así como para el exalcalde de Genovés, Emilio Llopis. [FOTOGALERÍA]
Según ha informado el TSJ de la Comunitat, el juez no aprecia riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas en los cuatro exaltos cargos arrestados por amaño de contratos. También ha informado de que de los 24 detenidos en la operación por amaño de contratos, 22 se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez, entre ellos Alfonso Rus.
El juez de Instrucción 18 sí ha acordado medidas cautelares para los cuatro imputados, que tienen la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y ha fijado fianzas civiles de hasta dos millones de euros.