La herencia de la corrupción para Bonig: cerca de 100 imputados

VALENCIA. La etapa de Francisco Camps al frente de la Generalitat y del PP de la Comunitat supuso alcanzar el triste récord de cerca de 100 imputados por corrupción. Los políticos valencianos, ya fueran consellers, diputados, alcaldes, presidentes de diputación e incluso el propio Camps pasaron o están a la espera de pasar por un banquillo.

Brugal, Gürtel, Cooperación, Ivex, Terra Mítica, Avialsa, Fitur, Canal 9 y Valmor son solo algunos de los casos que afectan a los que fueran máximos dirigentes de los valencianos durante los últimos 20 años. Por llegar, hasta la trama Púnica ha terminado por aterrizar en tierras valencianas en los últimos meses. 

Entre los nombres, de los que antaño fueran ilustres consellers y que ahora están a la espera de ser juzgados, se encuentran, entre otros, Milagrosa Martínez, Rafael Blasco, Vicente Rambla, Serafín Castellano, Víctor Campos, Angélica Such, Alicia de Miguel, Luis Rosado, Juan Cotino, Manuel Cervera, Lola Johnson y el mismísimo Francisco Camps, que está investigado en la Fórmula 1.

Junto a ellos figuran los nombres de varios dirigentes del partido, de alcaldes y de expresidentes de diputaciones, como Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi, David Serra, Yolanda García, Cristina Ibáñez, José Joaquín Ripoll o Carlos Fabra. 

La herencia

El PP valenciano liderado por Isabel Bonig comenzó su andadura con un legado de corrupción tan inabarcable que obligaba a la líder valenciana a imponer un antes y un después en las líneas rojas que su predecesor, Alberto Fabra, ya había comenzado a marcar. Sin embargo, los número de imputados no acompañan a Bonig.

Las causas de corrupción siguen asolando al partido de la gaviota en la Comunitat Valenciana. Ya en época de Bonig se destapó la mayor trama de la historia, la Operación Taula, que ya lleva más de 100 investigados, entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y todos los concejales de la pasada legislatura incluida la exalcaldesa de Valencia y actual Senadora Rita Barberá. 

A ello hay que sumar que hace unos días otra macrooperación revolucionaba la política valenciana en general y la del Partido Popular en particular. Bautizada por la policía como Operación Flotador, la líder del PP supo que tiene a uno de sus diputados, el exalcalde de Sagunto Alfredo Castelló, en el punto de mira de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), y de la magistrada y la fiscal del caso.

¿Falsas apariencias?

Hasta ahora, Isabel Bonig y su equipo han querido mostrarse duros e inamovibles ante la corrupción, pero estas últimas semanas parece que algo ha cambiado. Tras saber que Castelló es el principal investigado nadie ha salido a pedir dimisiones, sino más bien todo lo contrario, han mostrado su apoyo público al diputado. Pero si esa actitud es llamativa, mucho más ha sido el cambio con respecto a los investigados dentro de la Operación Taula.

El presidente de la gestora del PP de Valencia, Luis Santamaría, se mostraba esta semana pasada mucho más conciliador con los investigados, llegando a declarar que "espera que sean declarados inocentes". Unas declaraciones que contrastan, y mucho, con las peticiones de dimisión que tanto él como Bonig venían solicitando sin tregua desde que el pasado enero saltara que estaban siendo investigados por un presunto blanqueo de capitales.

La pregunta que surge es si será todo una estrategia para evitar más fracturas internas dentro del partido o si, simplemente, lo que hasta ahora se estaba viendo eran, como en la famosa película, unas falsas apariencias, que tras los últimos resultados electorales ya no hace falta mantener.