La incertidumbre política pasa factura sobre las sicavs: se abrieron un 28% menos durante 2015

VALENCIA. "El incierto resultado electoral ha provocada la intranquilidad entre las grandes fortunas, que temen un pacto de izquierdas y con ello un serio revés para las sicavs si aplican sus programas, lo que no solo está provocando un menor número sino que también se estén constituyendo sociedades en Luxemburgo desde entidades españolas para sus clientes".

Son palabras de un gestor valenciano consultado por este diario, que reconoce que "ya se venía viendo que el ritmo de nuevas sicavs el pasado año no era el mismo que el precedente porque 2014 fue un año de muchas aperturas".

Y así lo ha venido advirtiendo Valencia Plaza donde hace poco más de dos meses Raúl Aznar, fundador de CvBan y con EAFI propia, ya señalaba la "reversión del flujo de capitales en la economía española" ante "el riesgo de inestabilidad política en España". Unas palabras que compartía Guillermo Ramón -otro valenciano con EAFI unipersonal-, que ya entonces reconocía que "se crearon muchas en un pasado muy cercano y la ley de los rendimientos decrecientes aplica aquí también, por lo que sostener este ritmo de crecimiento es difícil".

Pasaporte europeo

Hablando de Empresas de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI) valencianas, una de ellas, la consultora Efe & Ene, se convirtió el pasado año en la primera de la Comunitat en obtener el pasaporte europeo para poder desarrollar su actividad en otro país, concretamente en Luxemburgo.

Pero lo que es un hecho evidente, tal y como lo comprobó este diario de la base de datos pública de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es que a lo largo de 2015 se constituyeron 169 sociedades de inversión de capital variable (sicavs) frente a las 234 del ejercicio anterior. O lo que es lo mismo: un 27,78% menos, pero aún así se trata de la cifra más elevada desde 2003 cuando vieron la luz 202.

Unos números que equivalen a un patrimonio de más de 38.000 millones -récord histórico- como también establecer una nueva plusmarca con unas 3.350 sociedades de inversión de capital variable.

A falta de computar el último trimestre del pasado año, Banco Santander era la entidad que más dinero gestionaba de estos tradicionales vehículos de inversión para grandes fortunas con 4.858 millones de euros, lo que representa un crecimiento anual del 4,1%. A continuación aparecía el BBVA con 3.585 millones (+3,7%); Banca March con 3.117 millones (+16,5%); Bankinter con 2.909 millones (+19,9%); y CaixaBank con 1.916 millones (+47,6%).

Mientras tanto conviene recordar que los programas electorales de los principales partidos políticos en España recoge diversas opciones para las sicavs. Así, el PP obligará a que cada partícipe de una de estas sociedades tenga al menos el 0,55% del capital para combatir a los llamados 'mariachis' o meros figurantes para completar el mínimo de 100 según la actual legislación. 

Igualdad de condiciones

El programa del PSOE, por su parte, recogía tres aspectos específicos: por un lado, el establecimiento de un porcentaje de participación máximo para cada inversor; por otro, valorar la fijación de un período de permanencia máximo de las plusvalías acumuladas sin que tributen; y, finalmente, dotar legalmente a la Agencia Tributaria de competencias para supervisar e inspeccionar a las sicavs.

Para Ciudadanos debe haber un control del carácter abierto de las sicavs, que sean efectivamente de naturaleza colectiva de manera que cualquier ciudadano pueda invertir en ellas en las mismas condiciones que los dueños reales. Como también debe existir un control fiscal de estas sociedades por la Inspección de Hacienda.

Podemos va más allá y pide que dejen de tributar al 1% y que se equipare al Impuesto de Patrimonio aplicándosele el tipo máximo contemplado por dicho tributo. Además, la formación morada considera establecer un periodo de permanencia máximo para las plusvalías acumuladas y un porcentaje de participación máximo para cada inversor. Todo ello atribuyendo al fisco la facultad para comprobar el cumplimiento de estos requisitos arbitrándose un plan especial para regularizar las situaciones fraudulentas.