La causa, que parte de una denuncia del Instituto Valenciano para la Competitividad Empresarial (Ivace) e investiga el destino de 28 millones en subvenciones, continúa bajo secreto de sumario
VALENCIA. La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Paterna ha elevado a 18 personas el número de imputados en la causa que investiga el destino de 28 millones de euros en ayudas recibidas por parte del instituto de la Óptica Color e Imagen Aido, según informan fuentes judiciales a Valencia Plaza.
Entre los imputados, según las mismas fuentes, además del director del Centro, Emilio Pérez -que fue detenido durante el registro en las instalaciones del instituto- se encuentran otros cinco dirigentes. Se trata del actual presidente, Rafael Ros; el expresidente José Luis Moscardó; el ex subdirector José María Guijarro; el director técnico Santiago Simón; y el miembro del consejo rector Dario Ginestar, representante de la firma Kronomav Sistema SL.
La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, parte de una denuncia presentada por el Instituto Valenciano para la Competitividad Empresarial (Ivace) ante la Fiscalía, una denuncia que entonces se circunscribía a un millón de euros en ayudas concedidas al instituto, cuya justificación habría sido incorrecta.
Al margen del desenlace judicial con el que concluya el caso Aido, el devenir del propio centro ya se ha saldado con el peor de los finales: el cierre del instituto tecnológico. La retirada de ayudas públicas y el bloqueo de sus cuentas han imposibilitado la continuidad de la actividad, y la dirección ha presentado el concurso de acreedores tras despedir en bloque a toda la plantilla.
El repentino escenario, como informó este diario, ha dejado en el aire proyectos de investigación por valor de un millón de euros y a la plantilla con el equivalente a siete mensualidades por cobrar, un montante para el que no se antoja una pronta recuperación debido a factores como la fase inicial en la que se encuentra el proceso, la lentitud de los pagos del Fogasa y a que parte de las cantidades tendrán que ser reclamadas directamente por los empleados en el marco del concurso de acreedores.
El cierre de Aido obliga al instituto tecnológico a rechazar proyectos por cerca de un millón