El cierre de Aido obliga al instituto tecnológico a rechazar proyectos por cerca de un millón

VALENCIA. Cerca de un millón de euros. Esta es la cantidad a la que ascienden los proyectos rechazados por el instituto tecnológico de Optica Color e Imagen (Aido) desde que se produjo el cierre del centro en el presente mes de octubre. La cifra es la suma de cuatro iniciativas en las que participaba la entidad subvencionadas con fondos europeos, según trasladan a Valencia Plaza fuentes sindicales.

El grueso de la cantidad lo aglutinan los proyectos Cobiofad, con un presupuesto de 4 millones de euros -de los que 400.000 eran para Aido-, que consiste en el desarrollo de un sensor fotónico para la detección de alergias a los medicamentos; y Skhincaps, un proyecto de desarrollo e impresión de nano cápsulas para textiles pensado para la prevención de enfermedades cutáneas por el que el instituto valenciano iba a facturar 300.000 euros.

El importe restante corresponde a Emspi, un proyecto para implantación de sistemas para la eficiencia energética que iba a permitir a Aido ingresar 130.000 euros; y otros 80.000 contemplados en la denominada Flagship de Grafeno para el desarrollo de recubrimientos y tintas basadas en este material.

En total, el montante al que ya se ha renunciado por el cierre de Aido asciende a 910.000 euros en menos de dos semanas. Las causas son bien conocidas: el centro bajó la persiana y despidió a todos los empleados tras el bloqueo de sus fondos y el cierre del grifo de las ayudas autonómicas, que a su vez se produjeron a raíz de que el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) denunciara al instituto ante la fiscalía para que investigase el uso que hacía de los fondos públicos.

Tras la denuncia formalizada Anticorrupción, un juzgado abrió diligencias e imputó a varios dirigentes y trabajadores del centro -con su director Emilio Pérez a la cabeza-. La investigación, que se centra en los fondos recibidos en los últimos cuatro años -algo más de 30 millones de euros- analiza la justificación de los gastos correspondientes a estas ayudas con el fin de conocer el destino del dinero.

Nóminas atrapadas por el concurso

Además de la labor de investigación que se pierde con el cierre de Aido, la desaparición del centro deja un importante roto a la plantilla. Los trabajadores no han cobrado, entre nóminas y pagas extraordinarias, el equivalente a siete mensualidades, y se enfrentan a un complejo proceso para tratar de recuperar lo que se les adeuda.

Al margen de que las cuentas bancarias de Aido están bloqueadas por la justicia, una vez arranque el concurso de acreedores del instituto tecnológico los empleados tendrán que reclamar los pagos al Fondo de Garantía Social (Fogasa), que podría tardar hasta un año en abonar las cantidades.

A tal circunstancia se añade el hecho de que el fondo sólo cubre, según las mismas fuentes sindicales, un máximo de 120 días trabajados, por lo que el importe restante tendrán que reclamarlo en el marco del concurso de acreedores.