Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Fernando Villar VALÈNCIA. Los ocho exconsejeros de Bancaja a los que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional exculpó del caso Grand Coral van camino de tener que sentarse finalmente en el banquillo de los acusados después de que la magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3 María Tardón haya dictado una "ampliación del auto de 31 de julio de 2018" en el que detalla los delitos que se les imputa.
Tardón es la tercera magistrada de este juzgado de la Audiencia Nacional que interviene en este rocambolesco final de la instrucción desde que Carmen Lamela emitió en julio de 2018 el auto de procedimiento abreviado, paso previo al procesamiento. Como contó Valencia Plaza en su día, el juez Diego de Egea, sustituto de Lamela, dictó el pasado 8 de noviembre auto de apertura de juicio oral en el que procesaba a un total de 48 personas entre directivos de Bancaja y su filial Banco de Valencia y empresarios. Lo hizo sin esperar a la resolución de los recursos contra el auto de 31 de julio.
Así, una semana después la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admitía los recursos de los exconsejeros no ejecutivos de Bancaja Manuel Escámez, Vicente Montesinos y Rocío Peramo al considerar que el auto adolecía de "falta de fundamentación". Consideraba que "las imputaciones realizadas sobre la participación delictiva de los recurrentes no están sustentadas en datos contrastados que no sean el votar a favor de la propuesta de inversión analizada por los expertos", especialmente el comité de riesgos, por lo que la Sala no veía ningún reproche de tipo penal en su voto a favor y decidía "declarar la nulidad del auto" en la parte que suponía continuar las actuaciones respecto a estos consejeros.
Poco después, la decisión se hacía extensiva a otros cinco exconsejeros no ejecutivos: José María Catalunya, Eduardo Montesinos, Ángel Álvarez, Remigio Pellicer y Francisco Villena.
Sin embargo, la misma Sala 4ª de lo Penal, presidida por Ángela Murillo, en sesión diferente, rechazaba el recurso y decidía mantener la imputación del resto de exconsejeros no ejecutivos. Su argumento en esta ocasión fue que "la ignorancia de la trama que alega por los motivos que expone deberá hacerlo valer en el acto del plenario, resultando en este momento inadecuado y prematuro librar al recurrente de su posible responsabilidad penal".
Aunque contra los autos de la Sala no cabe recurso, en ellas se otorgaba al juez de Instrucción número 3 la facultad de "llevar a cabo las diligencias que estime convenientes" y efectuar "los pronunciamientos que considere oportunos" en cuanto a la continuación de las actuaciones respecto a estos exculpados.
Al día siguiente de conocer el auto de nulidad, el juez Diego de Egea dictó una providencia en la que daba tres días hábiles a la Fiscalía y a las partes para que se pronunciaran. Todo ello ha derivado en un auto de ampliación del de 31 de julio en el que la magistrada, en este caso María Tardón, reitera la acusación contra los ocho exconsejeros, esta vez con un escrito de 23 folios en el que detalla los fundamentos de la imputación.
Tras relatar las operaciones inmobiliarias que habrían causado un agujero de 750 millones en Bancaja, señala que "con la excepción señalada (Rafael Francisco Oltra Climent) ninguno de los miembros del Consejo de Administración tuvieron el menor cuidado en la comprobación de los datos relativos a las inversiones, limitándose a acudir a las sesiones a las que eran convocados, y por las que cobraban las correspondientes dietas, sin que se haya acreditado documentalmente que comprobara por ninguno de ellos los proyectos ni antes ni durante las sesiones, ni que se opusieran ni cuestionaran ninguna de las operaciones propuestas para la inversión en el Grupo Grand Coral".
Y añade: "Los votos mecánicamente favorables de los consejeros permitieron que el órgano colegiado diera autorización formal a las inversiones, logrando además de esta forma que cualquier tipo de responsabilidad individual de los gestores pudiera quedar diluida y enmascarada".
Tras este auto, que lleva fecha del 25 de febrero, la Fiscalía y las defensas deberán solicitar la apertura de juicio oral o el archivo de las actuaciones.
El problema para los exconsejeros de Bancaja que han vuelto a ser imputados en el caso Grand Coral no es solo la posibilidad de tener que sentarse en el banquillo, sino la fuerte fianza que el juez les exigió al dictar el auto de apertura de juicio oral el pasado mes de noviembre.
En conjunto, De Gea les imponía unas fianzas de responsabilidad civil que suman más de 1.437 millones de euros. De ellos, 639 millones se les requerían, de forma conjunta y solidaria, a la cúpula ejecutiva de Bancaja y Banco de Valencia, formada por José Luis Olivas, Domingo Parra y Aurelio Izquierdo, así como a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó. También respondían de esta fianza Alfonso Monferrer, Juan Poch, Fernando Rodríguez, Luis Candela, Marc Smet y Daniel Henry Kragt.
A José Cortina y Rafael Codoñer, exdirectivos de Bancaja, el juez les requiere 406 millones de euros, mientras que para el resto de acusados –otras 35 personas entre los que se encuentran empresarios y exintegrantes de los órganos de gobierno de las entidades financieras– se fija una fianza en los mismos términos por una cantidad de 392 millones. Es en este grupo en el que estaban los ocho exconsejeros que fueron exculpados por la Sala y que podrían volver a ser procesados.
