VALÈNCIA. La titular del juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha dejado en libertad a Alfonso Grau a pocos días de que cumpliera seis meses en prisión. El exvicealcalde de València se encontraba en la cárcel desde el pasado 15 de mayo por el llamado 'caso Azud II', la supuesta trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas que se investiga en la segunda fase de esta causa. La mayor parte del tiempo lo ha pasado en el módulo de Enfermería.
Se trataba del único de los cincos detenidos en la última operación policial que permanecía privado de libertad. Junto a él ingresaron el empresario Jaime Febrer –considerado, al igual que Grau, supuesto cabecilla de la trama–, el exsubdelegado del Gobierno en la provincia Rafael Rubio y dos empresarios: Mónica Montoro y un asesor financiero identificado como Joaquín P. R.
El exvicealcalde sale de prisión puesto que la causa por la que la jueza determinó su entrada provisional en ella, el riesgo de destrucción de pruebas, ha disminuido. Además, como publicó Valencia Plaza, tenía una duración máxima de seis meses según la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). De manera que había de quedar en libertad antes del día 15 de noviembre. La magistrada ha decretado la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la comparecencia semanal ante el juzgado.
El auto por el que ingresó se fundamentaba en que Grau podía "influir y, por tanto, alterar fuentes de prueba absolutamente relevantes a la causa por la capacidad que tiene para acceder a dichas fuentes en este momento de la investigación". Lo cual, "evidentemente", proseguía, "supondría un grave perjuicio a la acción de la justicia" porque "necesariamente tiene que llevarse a cabo una serie de actuaciones que podrían perjudicarse en el caso de que quedara en libertad, dado que se siguen practicando entradas y registros y tomando declaraciones a testigos cuyo testimonio podría verse viciado con su actuación, viciando las fuentes de prueba".
Tanto él como Jaime Febrer –quien salió el pasado octubre– han sido los que más tiempo han permanecido en la cárcel. Una de las sospechas es que la estructura montada para la presunta trama urbanística incluía la salida de dinero al extranjero, por lo que parte de las indagaciones han ido dirigidas a averiguar el recorrido del dinero fuera de España en varios países. Para ello se recurrió a las comisiones rogatorias y la puesta en libertad de ambos dependía de que éstas se resolvieran.
Mientras tanto, la defensa de Grau, que ejerce Jesús Bonet, interpuso varios recursos contra la decisión de la magistrada. Después de que ésta fuera ratificada por la Audiencia de Valencia, se dirigió al Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado al respecto.
En el escrito pedían la anulación de todas las resoluciones y argumentaban que se produjo vulneración de derechos fundamentales porque el juzgado no había razonado las causas por las que creía que el exvicealcalde podía destruir pruebas o perjudicar la investigación.