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ordena la práctica de diligencias y declaraciones de testigos antes de citar a los imputados

La jueza del 'caso visita del Papa' suspende las declaraciones de Camps, Cotino y Campos

8/01/2019 - 

VALÈNCIA. El expresidente de la Generalitat Francisco Camps, los exvicepresidentes Víctor Campos y Juan Cotino y el resto de imputados en la causa que investiga un total de once contratos suscritos por la Fundación V Encuentro con otras tantas empresas durante la visita a València del Papa Benedicto XVI en 2006 no tendrán que declarar por el momento, ya que la juez del caso las ha suspendido sus comparecencias sine die

La magistrada que investiga los presuntos chanchullos en los contratos para el suministro del altar, las mochilas del peregrino, los sanitarios químicos, los alojamientos, la publicidad o la difusión del evento, decidió este lunes suspender las declaraciones previstas para enero y febrero a petición de varias de las defensas. Los delitos que presuntamente se podrían haber cometido son los de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la administración.

La jueza dice en su auto, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, que se suspenden todas las declaraciones excepto la del interventor general de la Administración del Estado prevista para el próximo día 15 de enero. Asimismo cita, a petición de las defensas, al jefe de grupo de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional en cuyo informe se basó el fiscal, a dos testigos que ya prestaron declaración con anterioridad y a un profesor de derecho administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares. Por último, también ordena la práctica de una serie de diligencias y la entrega, por parte de la Generalitat, de más documentación relacionada con la causa.

Fuentes cercanas al caso consultadas por este periódico explicaron que las declaraciones de los imputados se celebrarán cuando la magistrada tenga la documentación y se hayan realizado el resto de declaraciones previstas, lo que supondrá un mínimo de dos meses puesto que la última citación, la del profesor universitario, está prevista para el próximo día 29 de enero. Antes de volver a citar a los investigados se tienen que practicar las diligencias solicitadas por las defensas.

Esta causa se abrió en el año 2016. En ella, la magistrada y el fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, investigan a todas las personas de la Fundación V Encuentro. Por el momento, los imputados son, además de Camps, Campos y Cotino, el que fue presidente de la Fundación y obispo auxiliar de València Esteban Escudero, el exconcejal y exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas Enrique Pérez Boada, la secretaria de la fundación Henar Molinero y el entonces secretario del Arzobispado, Antonio Corbí.

Las declaraciones, ahora suspendidas, se acordaron a raíz de un informe del fiscal en el que decía que a través de los informes de la UDEF, y de la Intervención General de Estado, se llegó a la conclusión de que "se detectaron irregularidades en las contrataciones realizadas por la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias con hasta once empresas diferentes para la organización del evento", y que también quedaba en entredicho "la gestión de los fondos dotacionales durante el período de vida de la fundación". 

Carrasco aseguraba que hubo un "incumplimiento reiterado de la legalidad en materia de contratación, no solo por la vulneración de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia, sino por haberse rebasado desde el principio de la actividad de la fundación su capacidad presupuestaria, incurriendo en compromisos de gasto muy por encima de sus posibilidades, sin haber elaborado plan alguno de viabilidad, y con absoluta vulneración de la normativa reguladora".

Y añadía que detectó la "existencia de graves irregularidades en la custodia de los documentos y en la contabilidad", algo que llevó a que esa situación se prolongara en el tiempo de forma "anómala", de hasta siete años desde la fecha del cumplimiento de la finalidad para la que se constituyó hasta su disolución, "que se produce tras haberse seguido un proceso de disolución igualmente plagado de irregularidades", según el informe del interventor.

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