VALÈNCIA. El juzgado de Instrucción 21 de Valencia ha elevado a la Audiencia Provincial las piezas 2 y 3 del caso Cooperación para la celebración del juicio contra el exconseller Rafael Blasco y los otros 23 procesados en esta causa en la que se investigan las irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo.
La remisión de la causa, que ha recaído en la Sección Quinta, se produce en plena negociación entre los procesados, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat en busca de una posible conformidad que evitaría el juicio. Anticorrupción, como publicó este periódico, ya ha cerrado un pacto con el conjunto de los procesados que implica rebajas muy sustanciales en las peticiones de prisión, mientras que la Generalitat está estudiando si se suma a pesar de que el acuerdo no garantiza la reparación del daño económico causado.
Desde la diligencia dictada por la magistrada de Instrucción 21 este lunes hasta que se señale la vista aún pueden pasar meses.
La elevación de la causa se produce pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción haya llegado a un acuerdo con los 24 procesados que contempla sustanciales rebajas en las peticiones de cárcel respecto a las que pidió cuando formuló su escrito de acusación, hasta el punto de que solo tres de ellos serían condenados a más de dos años: el propio Blasco, Marc Llinares y el empresario César Augusto Tauroni. Los otros 21 procesados se librarían de la prisión
Tal y como viene contando Valencia Plaza, el acuerdo alcanzado por Anticorrupción al margen de las partes dejaría en 2 años y medio de prisión la pena propuesta para el exconseller Rafael Blasco y para el empresario César Augusto Tauroni, a quienes les reclamaba inicialmente más de 16 y 22 años, respectivamente. Marc Llinares, otro de los principales procesados por el fraude en las subvenciones a ONG, sería condenado a 2 años y tres meses.
La Fiscalía trata ahora de que la Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejercen la acusación particular, firmen ese pacto, ya que si su acusación se mantiene el juicio tendrá que celebrarse. La Generalitat está estudiando si se suma a un acuerdo que no garantiza la recuperación del dinero malversado porque se basa en la expectativa de venta de unos bienes embargados.
La Coordinadora, por su parte, tilda el pacto de inaceptable e insta a la Generalitat a que no la deje sola.
En el auto con el que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado, la magistrada del juzgado de Instrucción 21 de Valencia concluyó que existían indicios para juzgar a los investigados por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.
Entre los procesados, además del exconseller Blasco, se encuentra la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip, el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, además de una funcionaria de la Generalitat, trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.
Respecto del delito de asociación ilícita, la instructora concluye que es "evidente" el concierto entre el exconseller Blasco, el exjefe de área Llinares y el empresario César Augusto Tauroni, quienes ejercían como "directores o jefes" del "grupo criminal" para poder "organizar el entramado necesario al objeto de obtener beneficios, repartiéndose de forma ilícita los fondos públicos".
El hermano de Tauroni, dos trabajadores de la Fundación Entre pueblos, dirigida por el empresario y el administrador de las evaluadora externa, que puntuaba los proyectos que presentaba la Fundación a los concursos para la obtención de subvenciones, ejercían como "miembros activos" de la trama.
En el auto, de casi 400 folios, la magistrada explica que Tauroni, desde su puesto de director de facto de la Fundación Entre Pueblos, "era quien emitía órdenes dirigidas tanto a su hermano Arturo Tauroni, como a su trabajadora de confianza Maribel Castillo, o a quien figuraba como presidente de la Fundación, Alfonso Navarro".
La jueza añade que prueba de lo anterior son "los abundantes correos electrónicos que se cruzan entre ellos, en los que se refleja la subordinación de éstos a las órdenes y decisiones de aquel, quien era consultado ante la toma de decisiones relevantes".
Según recoge la resolución judicial, Tauroni estaba en contacto permanente con el jefe de Área en la Conselleria, "pieza fundamental en la organización dentro de la Administración, quien se encargaba de facilitar al anterior toda la documentación e información de interés para poder concurrir a las convocatorias públicas, y quien a su vez, daba normas y directrices al evaluador externo, cuya participación era necesaria para poder obtener el beneficio económico buscado con su actividad ilícita".
La titular de Instrucción 21 dictó un único auto de procedimiento abreviado para cerrar la instrucción de las dos piezas, que fueron unificadas. Las dos piezas se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG de 2009 a 2011 y la otra, por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.
Tanto la investigación por las subvenciones a las ONG, como la pieza por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 una vez que el exconseller dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal.
Blasco, junto a otros miembros de su equipo, y Cesar Augusto Tauroni ya fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat a penas de prisión de seis años y medio y seis años en la primera pieza del caso Cooperación, por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.
La causa consta de 168 tomos, integrados por 50.000 folios. A ello hay que sumar las 24 piezas separadas con más de 40.000 folios formadas con la documentación intervenida en las entradas y registros. Durante la instrucción, que arrancó en 2011, la jueza ha revisado más de 35.000 correos electrónicos que han dado lugar a la formación de 15 tomos más. Se ha analizado, igualmente, el contenido de los 75 dispositivos informáticos intervenidos, con miles de archivos que ocupan más de 5 teras.
Instrucción 21 mantiene abierta la investigación de otras dos piezas del caso, una de ellas, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, por parte de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.
La segunda pieza investiga si Tauroni utilizó un ordenador de la cárcel de Picassent, donde estaba preso tras la condena por la primera pieza, para realizar operaciones encaminadas a ocultar su patrimonio.