FOTO: KIKE TABERNERVALÈNCIA. (EP). La jueza del juzgado de Instrucción número 21 de València ha decidido sobreseer provisionalmente la causa abierta contra el empresario Augusto César Tauroni por el uso que hizo de un ordenador con internet desde el centro penitenciario de Picassent, donde cumple condena por la primera pieza del caso Cooperación, al no haberse acreditado que esa utilización fuera para acceder a cuentas bancarias o a webs de contenido financiero con la finalidad de ocultar su patrimonio.
Así consta en una resolución, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que la magistrada sobresee esta pieza, la cuarta, tras el escrito del ministerio fiscal en el que consideraba procedente acordar este archivo, después de que un informe pericial de la Brigada Provincial de Policía Científica hiciera constar que no se había observado conexiones a sitios web de entidades bancarias ni financieras ni se localizó información reveladora de la existencia de depósitos bancarios o patrimonio oculto.
La jueza acuerda el sobreseimiento "por no estar acreditada la perpetración de infracción penal alguna, sin perjuicio de la sanción que en el ámbito penitenciario le haya podido ser impuesta al investigado por infringir las normas del centro penitenciario, inobservancia que carece de relevancia penal". La resolución no es firma y cabe recurso en el plazo de tres días.
El informe policial acreditó que el empresario --condenado a seis años de prisión por el desvío de ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo-- se creó una cuenta de Skype y mantuvo conversaciones con diferentes personas, pero no realizó ningún tipo de movimiento bancario.
La primera pieza del caso Cooperación ya fue juzgada con resultado condenatorio para los acusados, entre ellos, además de Tauroni, el exconseller de Solidaridad con el PP Rafael Blasco. La segunda y la tercera están relacionadas con otros fraudes en subvenciones y se continúan instruyendo.
Esta pieza se abrió el pasado mes de marzo. Tauroni contaba con una autorización para utilizar un ordenador de Picassent, de la Unidad Docente, para facilitarle el estudio de la documentación que en formato electrónico --por su elevado volumen-- se había incorporado al caso Cooperación.
Con ocasión del traslado del empresario a un modulo distinto de la prisión, se hizo revisión del ordenador portátil y se descubrió que con el mismo era posible conectarse a internet y que se había utilizado indebidamente el acceso a la red existente en la Unidad Docente.
Tras conocerse este hecho, el fiscal pidió una investigación por si Tauroni había podido manejar desde este ordenador sus cuentas en el extranjero o había dado instrucciones a terceros sobre la disposición de su patrimonio.
Así mismo, alegó que Tauroni es un experto informático y que una de las líneas de investigación que se siguen en la causa es si su patrimonio en Estados Unidos proviene de adquisiciones relacionadas con los beneficios de los delitos de malversación y fraude de subvenciones que se le imputan.
La jueza declinó investigar este asunto al verse no competente y después la Audiencia le ordenó hacerlo al estimar que había indicios de la posible comisión de hechos delictivos más allá de la responsabilidad disciplinaria en que el interno hubiera podido incurrir. Ahora el fiscal, tras el resultado de las investigaciones policiales, pide el archivo, que ha concedido la magistrada al no haberse acreditado que usara esa conexión a internet para acceder a cuentas bancarias.
