La legislatura del desacuerdo

VALÈNCIA. Es la tónica habitual de unos años a esta parte, pero todo, siempre, puede ir a peor. Y así está sucediendo. La polarización, los postulados intransigentes y las actitudes sin resquicio a la cesión han tomado la rutina política. Y Les Corts Valencianes no son menos. Las tensiones (públicas, porque en el nivel privado las relaciones suelen ser tendentes a la cordialidad e incluso al nacimiento de algunos afectos) no están al nivel de lo que sucede en ámbitos como el Congreso, donde todo se magnifica como si fuera la casa de Gran Hermano. Sin embargo, ya es difícil ver no sólo acuerdos en asuntos de peso, sino la voluntad de ellos. 

De un lado, están los partidos del Consell: PP y Vox. Los populares, con Carlos Mazón a la cabeza, siempre han querido lanzar un mensaje de consenso con la oposición. Desde tender la mano para hacer un frente común sobre las grandes cuestiones de la agenda valenciana (financiación autonómica, agua, inversiones, infraestructuras, etc.) a pactar órganos y entidades que casi nadie conoce y que nunca les supondría una penalización electoral, pero que son fundamentales para el correcto funcionamiento de la administración. 

Los voxistas siempre han pasado de ese intento de buenismo con la izquierda y van a su libro, reivindicando sus postulados más ideológicos, aquellos que incomodan a sus socios, y revolviéndose cuando el PP se les desvía del camino y se va a estrechar la mano de la oposición. 

En el otro lado se encuentran el PSPV y Compromís, que condicionan cualquier entendimiento con los populares a que abandonen a Vox y... nada, porque un gobierno en solitario de Mazón sería imposible tal y como está la cosa. El requisito es inasumible para el PP. 

Visto el asunto, los populares se sacan el as bajo la manga. Uno en el discurso: si la oposición no pacta la agenda valenciana es porque no defiende los intereses de la Comunitat. Otro en la acción: si la oposición no acuerda los órganos y entes, se cambian las leyes que se puedan para tener la opción de sacar adelante las renovaciones sin el PSPV y Compromís. 

Desde el inicio de la legislatura en junio del año pasado, los pactos entre partidos del Consell y oposición han sido reducidos. Algunos decretos ley como el de estabilización de personal investigador, alguna tramitación de iniciativas como las relacionadas con la abolición de la prostitución o alguna muestra de unidad con el incendio de Campanar. Pero grandes acuerdos con escenificación, ni uno. 

El contexto nacional, especialmente ahora, influye. El ciclo electoral con los comicios celebrados en el País Vasco, los que tendrán lugar este domingo en Cataluña y los que están fijados para el Parlamento Europeo en junio provocan un enfrentamiento permanente entre partidos que condiciona agendas y posicionamientos en los territorios. A ello se unen otras cuestiones como el amago de dimisión de Pedro Sánchez, que tienen su efecto directo en una federación socialista como la valenciana, de dependencia directa del líder del PSOE al estar liderada por la ministra Diana Morant. 

Si se rebajará la tensión cuando pase toda esta etapa de elecciones es una incógnita ante la incertidumbre del devenir de la legislatura y de las maniobras del presidente del Gobierno. De manera que la Generalitat trata de ir a la suya con dificultades y con asuntos pendientes que se abordarán más pronto que tarde. 

À Punt y Antifraude

Con la agenda valenciana aparcada y la imposibilidad de colarla en el discurso nacional, todos los partidos se centran ahora en el primer paquete legislativo impulsado por el PP y Vox en Les Corts: Libertad Educativa, Concordia, Transparencia e Incompatibilidades, À Punt y Agencia Antifraude.

Una vez se aprueben antes del verano –salvo sorpresa–, en el caso de À Punt y de Antifraude las mayorías requeridas para elegir a sus máximos cargos ya permitirán sacar a la derecha los nombres en solitario. Paralelamente, la intención del PPCV es negociar con la izquierda todos esos perfiles y los de la renovación de los órganos estatutarios de la Comunitat, pendiente desde hace años: la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia y el Consell Valencià de Cultura.

Nada de ello va a resultar sencillo. En el caso de À Punt, la nueva norma crea un Consejo de Administración elegido por los partidos y la figura de un director general con poder ejecutivo. El Consejo tendrá presidente y otros siete miembros. Todos serán escogidos por los grupos parlamentarios de Les Corts menos uno, que será elegido por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). 

Los populares quieren pactar los nombres con la izquierda, pero el PSPV y Compromís, además de sus reticencias a acordar nada junto a Vox, consideran que el PPCV no demuestra voluntad real de entendimiento cuando cambia las mayorías para que no sea necesaria la oposición en última instancia. 

Fuentes de ambos partidos de izquierdas se limitan a señalar por el momento que se están pensando qué harán. El dilema es evidente. O pactan y, al menos, tienen cierta capacidad de presión y control dentro del Consejo de Administración, o no pactan y todo queda en manos del PPCV y Vox. 

Todo al bloqueo

El capítulo de la radiotelevisión valenciana será relevante, al igual que el de la Agencia Antifraude. Ambos se tienen que abordar los próximos meses. En el caso de la agencia, como publicó Valencia Plaza, todo conduce al bloqueo y al reinicio del proceso para elegir nueva dirección en sustitución de Joan Llinares, que finaliza su mandato este mismo mayo. Ahora mismo sólo hay un candidato en liza, el director de Análisis e Investigación de la entidad, Gustavo Segura. El otro aspirante, el exdelegado de la Agencia Tributaria Eduardo Beut, ha quedado fuera tras un informe de los servicios jurídicos de Les Corts. 

El PPCV quiere meter Antifraude en el pack de negociación de los órganos estatutarios, pero el PSPV y Compromís no están por la labor de nada con su veto a todo lo que huela a Vox. Así que el nombre de Segura es muy probable que no salga adelante cuando se tenga que votar las próximas semanas. Los populares lo rechazarán, al igual que Vox –en lo que supone una rectificación respecto a su posición de hace escasos días cuando dijo que lo apoyaría–. Sólo Compromís avanza que lo respaldará y el PSPV se lo piensa. Esto aboca a iniciar de nuevo el proceso de elección, con Gustavo Segura descabalgado, con otros nombres –el de Beut podría volver a aparecer– y con la nueva ley que permite a la derecha sacar adelante al director ya en vigor. 

Algo parecido sucede con los órganos estatutarios. Las mayorías para su renovación están blindadas por el Estatuto de Autonomía, por lo que no se pueden cambiar. Aquí los populares sólo pueden intentar negociar. Carlos Mazón le sacó el tema a Diana Morant en su primera reunión. La líder del PSPV abrió públicamente la puerta a ello. Pero la realidad es que nada parece que vaya a cambiar y, en realidad, los socialistas no pretenden acordar nada junto a (una vez más) Vox. 

En Morant juega una posición relevante, y es la de la defensa, en Madrid, del desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si lo pide allí, no parece coherente que se niegue a tratar de resolver una situación similar en la Comunitat Valenciana. Aunque la política no vive de coherencias. En el caso de que finalmente el PSOE decidiera sacar adelante la citada renovación del CGPJ sin contar con el PP, los populares tienen la excusa perfecta en la Comunitat Valenciana para hacer lo mismo con los órganos estatuarios sin que los socialistas puedan criticarlo con argumentos reales. Atentos a sus pantallas para los desacuerdos venideros.