La lista de espera para una vivienda social en València se dispara un 70% en año y medio

VALÈNCIA. 2.431 son las personas a la espera de una vivienda social en el Ayuntamiento de València. La concejalía de Vivienda ha visto en los últimos tiempos cómo las inscripciones en el listado municipal de demandantes de vivienda no ha parado de crecer. Concretamente, son un millar de personas más que hace un año y medio. O lo que es lo mismo: la cantidad de registrados en las oficinas municipales se ha disparado casi un 70% respecto a aquel momento.

Son datos recabados por el grupo municipal de Ciudadanos a partir de respuestas de la propia concejalía del ramo, que dirige la edil Isa Lozano. Así, en octubre de 2020, las cifras contentas de este listado hablaban de 1.450 demandantes de vivienda de alquiler social. Un año después, la lista de espera había engrosado hasta las 2.179 demandantes. Y seis meses después, en abril de 2022, alcanzó los 2.431 peticionarios.

La progresión, un incremento a razón de 54 registros nuevos mensuales de media, revela que el consistorio no está pudiendo hacer frente a la demanda creciente de viviendas de alquiler social. De ahí que el portavoz de la formación naranja haya criticado que las políticas de vivienda del consistorio, gobernado desde 2015 por la coalición entre Compromís y PSPV -con València en Comú el pasado mandato-, no hayan ayudado "en absoluto" a reducir las cifras.

A la postre, y más allá de circunstancias exógenas a la administración municipal como la coyuntura socioeconómica que pueda provocar un aumento de demandantes, la realidad constata que el parque público de vivienda es exiguo. Un examen pendiente no solo del Ayuntamiento de València sino de la gran mayoría de administraciones en toda España respecto a otros países del entorno europeo, que todavía no se ha llegado a solucionar.

"Las soluciones pasan por dotar de más fondos para la adquisición de viviendas, y tenerlas en condiciones de habitabilidad para que puedan ser ocupadas por aquellas personas que demandan vivienda en alquiler", asegura en este sentido Giner. Desde el consistorio se defiende que es imposible solucionar en ocho años el problema de un parque público de vivienda raquítico alimentado durante décadas, además de sostener que la política de compra y construcción de vivienda no es especialmente barata.

Claroscuros en Vivienda

Ciertamente, el consistorio ha puesto en marcha diferentes líneas de actuación que pasan no sólo por la adquisición de viviendas para ensanchar el patrimonio municipal, sino también por la rehabilitación de vivienda pública en mal estado, especialmente en el barrio del Cabanyal. Y también se está intentando construir vivienda pública. Otra cosa es que los resultados sean o no notorios.

En cuanto a la rehabilitación de viviendas, el departamento de Lozano -el pasado mandato dirigido por María Oliver- ha actuado exitosamente desde 2015 en 30 viviendas del Cabanyal, que ya se han adjudicado a personas del registro de demandantes de vivienda de alquiler social. Además, se trabaja en los proyectos para la rehabilitación de otras 25 viviendas en el barrio. Recientemente se ha adjudicado también, por poner otro ejemplo, la rehabilitación de un edificio en el barrio del Pilar.

Por otro parte, en el ámbito de la compra, el Ayuntamiento de València presupuestó hace año y medio una partida de un millón de euros para la adquisición de viviendas a través de un concurso público. Sin embargo, la licitación no atrajo gran cantidad de ofertas: apenas dos pisos. De ahí que el Ayuntamiento haya desistido de esa vía y busque en el mercado libre inmuebles susceptibles de sumarse al parque público. El año pasado se compraron siete viviendas.

Otra de las vías es el uso del derecho del tanteo y retracto, impulsado por la Generalitat Valenciana y que permite al ayuntamiento intervenir en operaciones en determinados casos de compraventa entre partes privadas para adquirir preferentemente los inmuebles. En otoño se contaban por 120 las propuestas de venta de viviendas en las que el Ayuntamiento podía intervenir para valorar su compra preferente, si bien no se conoce hasta el momento que se haya aprobado ninguna operación por esta vía para vivienda pública -sí para otros menesteres como la ampliación del archivo municipal-.

En cuanto a la construcción, la concejalía de Vivienda tiene un proyecto en marcha en Ciutat Vella. La única iniciativa del departamento, que creó la izquierda al llegar al ejecutivo local en 2015, pero que todavía está en pañales. Para este año se han presupuestado los estudios arqueológicos previos, de manera que la fecha de finalización no sólo es incierta, sino que queda todavía lejos.

A juicio de Giner, el gobierno municipal que dirige Joan Ribó "no está aportando soluciones útiles a esta circunstancia, especialmente en un momento en el que es evidente el aumento de la necesidad". Y el portavoz de la formación liberal insistió en señalar "el fracaso" que está suponiendo la convocatoria anual de ayudas al alquiler, que "debería suponer un apoyo muy importante para las familias que lo necesitan". Por contra, recordó que 230 personas se quedaron fuera de las ayudas de 2021 simplemente porque "se había agotado el presupuesto" y 67 personas se vieron afectadas en 2020, y más de 560 en 2019.