El exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta (Foto: EFE/MANUEL BRUQUE)VALENCIA, (EFE). La Audiencia de Valencia debe resolver un recurso que podría suponer un paso definitivo para celebrar el juicio por la macrocausa del 'caso Emarsa', sobre supuesto saqueo de al menos 23 millones de euros de la empresa pública encargada de la depuradora de Pinedo, o devolver el caso a la fase de instrucción.
Dicho recurso fue interpuesto por la defensa del exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, contra el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado del pasado 6 de julio, y al mismo se adhirieron los representantes legales de la Generalitat, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) y el Ministerio Fiscal.
En este escrito, Cuesta reclama el procesamiento de un empresario, Joan Borrás, al que uno de los principales imputados en la causa, Jorge Ignacio Roca Samper -que se encontraba huido de la Justicia y fue detenido en Moldavia- mencionó en su declaración ante la jueza instructora el pasado 14 de junio.
Tras ser detenido y comparecer ante la jueza, reconoció que el incremento de 18 euros por tonelada de lodos tratada a 46,5 obedeció únicamente al reparto de comisiones entre él, Enrique Crespo, Esteban Cuesta, José Juan Morenilla, Ignacio Bernácer, José Luis Sena, Adolfo Polo, Enrique Arnal y Joan Borrás.
Roca -el único encarcelado de esta supuesta trama- ha explicado que fue Borrás, un empresario con quien compartía inversiones en fosas sépticas, quien le propuso gestionar los lodos de Emarsa y le puso en contacto con la depuradora de Pinedo (Valencia).
En consecuencia, Cuesta, Fiscalía, la EMSHI y la Generalitat han reclamado el procesamiento de Borrás en un recurso que está pendiente de resolución por parte de la sección cuarta de la Audiencia Provincial y que, en caso de prosperar, supondría un nuevo retraso en la apertura del juicio, dado que sería necesaria la práctica de nuevas diligencias.
El considerado como "cerebro" de la trama que desvió fondos de la empresa pública Emarsa, Jorge Ignacio Roca Samper, declaró en junio que el coste del tratamiento de lodos de la depuradora de Pinedo prácticamente se triplicó con el único propósito de repartir de forma ilegal los sobrecostes facturados.
Este acusado se encontraba huido de la Justicia desde el principio de la investigación, y en busca y captura desde enero de 2012, hasta que fue detenido en Moldavia el pasado mes de julio, donde también tenía asuntos pendientes con la justicia. Su extradición se realizó el 15 de abril y tres días después, la jueza, a petición de la Fiscalía, a la que se adhirieron todas las acusaciones, acordó prisión provisional comunicada y sin fianza.
Su detención provocó que la vista oral por la pieza principal, que inicialmente se iba a celebrar en la Audiencia Provincial de Valencia en su ausencia el pasado 2 de noviembre, fuese suspendida, de forma que el caso volvió a Instrucción para que se practicasen las diligencias complementarias que fuesen oportunas.
Roca está también procesado en la pieza separada número 6 por delito contra la Hacienda Pública, después de que la jueza, tras realizar una instrucción suplementaria, haya determinado que emitió facturas por importe de 667.300 euros que no respondían a servicio alguno y favoreció con ello que la empresa contra la que giraba esas facturas defraudara más de 251.000 euros.
En la pieza principal del 'caso Emarsa', cuyo juicio quedó en suspenso, están acusados por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación administrativa y falsedad en documento mercantil exdirectivos de Emarsa, de Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), de Epsar (Entidad Pública de Saneamientos Residuales) y varios empresarios.
