La Marina afronta su liquidación tras dos meses de demora por "dudas jurídicas" del PSPV

VALÈNCIA. El Consorcio Valencia 2007, gestor de La Marina de València, podrá continuar con su proceso de liquidación tras dos meses de bloqueo institucional. Este miércoles se ha convocado un consejo rector del organismo para nombrar definitivamente a los miembros de la comisión liquidadora del ente. Un proceso que empezó a finales de mayo pero que se ha retrasado por varias circunstancias y las dudas jurídicas del ala socialista del gobierno autonómico y municipal.

El alcalde de València, Joan Ribó, también presidente del consorcio, anunció este lunes que el consejo rector del ente se reunirá este miércoles para "concretar" y "clarificar" su disolución. El consorcio, constituido por el Gobierno central, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València, afronta su liquidación tras haber condonado el Estado la deuda de 400 millones que arrastraba desde la celebración de la Copa América. Sin embargo, está siendo un proceso un tanto trastabillado, cuyas demoras también afectan al funcionamiento de La Marina.

A finales de mayo, las tres administraciones acordaron la creación de una comisión liquidadora conformada por un representante de cada parte. Por parte de la Conselleria de Obras Públicas, que dirige Rebeca Torró (PSPV), se designó a la secretaria autonómica de Política Territorial, María Pérez. Y por parte del Ayuntamiento, se encontraba un asesor de Alcaldía. Los problemas surgieron al tener que sustituir el consistorio a su representante medio mes después por cuestiones personales.

El primer edil, Ribó, de Compromís, buscó sustituirlo por el director general del Consorcio, Vicent Llorens. Pero el bloque socialista representado en el Consorcio manifestó "dudas jurídicas" al considerar que, al estar en liquidación el ente, su consejo rector ya no podía tomar ese tipo de decisiones. El alcalde reclamó varias ocasiones al PSPV que aportara informes jurídicos que avalaran esas reticencias. Pero no llegaron.

Según varias fuentes consultadas por este diario, recientemente ha llegado el visto bueno tanto de la Abogacía del Estado como de la Generalitat Valenciana para proceder a los nombramientos. De manera que, explicaron las mismas fuentes, este miércoles se prevé llevar a cabo los mismos si nada se tuerce.

Entre otras cosas, la comisión liquidadora hará un inventario tanto de los activos como de los pasivos del consorcio; y estos últimos ascenderían a unos 60 millones de euros a repartir -24 la Generalitat, 24 el Ayuntamiento y 12 el consistorio-. Un proceso que no sería inmediato y que podría durar entre medio año o nueve meses.

En este ínterin administrativo, el funcionamiento de La Marina ha variado ligeramente. Los empleados y directivos del organismo continúan tramitando los expedientes necesarios, pero la comisión liquidadora tiene la última palabra en autorizaciones o contratos. Y es el Ayuntamiento el que debe aprobar el aterrizaje de proyectos empresariales o de otra índole en terrenos de la fachada marítima.

De hecho, el gobierno municipal aprobó a principios de julio recuperar el control de dos edificios como son el de La Base y el edificio Docks, este último actualmente sin uso y donde se proyecta un centro de datos. Un movimiento que ha servido para el último encontronazo entre Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València, al aprobar los primeros hace semana y media el alquiler de parte de La Base del Alinghi a la agencia autonómica de empleo Labora para los próximos 30 años.