Acusados en la pieza principal del caso Emarsa, en la primera sesión del juicio. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La primera condena en firme del caso Emarsa ya está aquí. María Teresa Gálvez, la mujer del que fuera jefe de explotación de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), Ignacio Bernácer, uno de los principales imputados dentro del caso Emarsa, ha aceptado pagar una multa de 60.000 euros y cuatro meses de prisión sustituibles por trabajos en beneficio de la comunidad como autora de un delito de blanqueo de capitales.
Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, Gálvez ha aceptado la pena por la avalancha de pruebas que las fiscales de Emarsa tenían contra ella. La conformidad firmada este martes era la única salida que la mujer de uno de los principales investigados encontró para salir, medianamente airosa, del caso, ya que la pena no acarrea pena de prisión pero sí supone una piedra en el camino para los principales imputados del saqueo de la depuradora.
Esta sentencia es la quinta dentro del caso Emarsa, pero la primera que es firme y no se puede recurrir. Dentro de las anteriores, la primera, la de la lotería de Navidad, terminó en absolución para el expresidente de Emarsa, Enrique Crespo. La segunda y la tercera de las sentencias acarrearon dos años de prisión para el exdirector financiero de la empresa, Enrique Arnal y su ex pareja por alzamiento de bienes, y para el gerente de la empresa de lodos del caso Emarsa, Vicente Ros, y su esposa, Vicenta Fortuny, por insolvencia punible, pero ambas son recurribles.
La otra sentencia dentro del caso afecta al empresario considerado cabecilla de la trama, Jorge Ignacio Roca, que a principios de mes fue condenado junto a otros dos empresarios a dos años de cárcel por el Juzgado de lo Penal número 2 por simular una operación comercial para la exportación de 10.000 taxis a Pakistán. Esta, como las anteriores, tampoco es firme al caber recurso.
La pieza por la que la mujer de Bernácer estaba imputada era la pieza separada número 11 de Emarsa. En su día, el magistrado instructor del caso emitió un auto en el que afirmaba que la Fiscalía consideraba que existen indicios para solicitar la imputación de la mujer de Bernácer, como el hecho de que en las cuentas bancarias en las que ella ha participado como titular se han detectado ingresos en efectivo entre 2005 y 2010 por valor de 774.420 euros, a los que cabe añadir 154.900 euros que en concepto de nómina ingresó la mujer.
Para el Ministerio Fiscal explicaba el juez, “semejantes cuantías no pueden haber permanecido ocultas a la señora Gálvez, así como el presumible origen ilícito de las mismas, lo que se une al hecho de que la mujer contrató una caja de seguridad en julio de 2005 y la visitó en distintas fechas, y puede ser titular de otra caja en otra entidad”.
"El matrimonio ha llevado a cabo operaciones patrimoniales de importes muy relevantes, que exceden en mucho de las posibilidades que le ofrecía su capacidad económica", exponía la Fiscalía, como la compra de un inmueble o la cancelación de dos préstamos hipotecarios.
La conformidad alcanzada este lunes supone una piedra en el camino para los principales investigados en la macrocausa del saqueo de la depuradora de Pinedo. Que la mujer de bernácer acepte que blanqueó dinero para su marido implica, como poco, que se desvió capital público de la depuradora. Este hecho pone en un serio compromiso a los investigados que niegan la mayor.
La pieza principal del caso Emarsa se investiga el saqueo de 24 millones de euros en la depuradora de Pinedo. El procedimiento saltó a la luz en 2010, cuando el PSPV denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones más. El proceso se dividió en 11 piezas, entre ellas la principal, con 25 acusados --más uno a título lucrativo--.
El juicio por esta pieza, la principal, se señaló inicialmente en noviembre de 2015, pero el tribunal decidió suspenderlo a la espera de que Moldavia extraditase al empresario y considerado presunto cabecilla de la trama, Jorge Ignacio Roca, condenado en ese país por otro procedimiento diferente. Roca fue detenido tres meses antes de que arrancara la vista.
Esta pieza regresó entonces al órgano instructor, el Juzgado número 15 de Valencia, que practicó nuevas diligencias relacionadas con Roca. Decidió procesarle y le atribuyó delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Después de todo esto, la sala volvió a suspender el juicio después de que varios investigados renunciaran a sus defensas y, obviamente, varios letrados del turno de oficio se hicieran cargo de las defensas pero sin haber podido leerse el sumario, que supera los 200.000 folios.
Entre los acusados en la causa principal figuran Enrique Crespo; el exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta; José Juan Morenilla; Ignacio Bernácer; Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa; Adolfo Polo, jefe del área medioambiental; Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad; Santos Peral, jefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de Valencia e Ignacio Martínez Maiques, jefe de compras e igualmente miembro del PP.
Junto a ellos figuran los empresarios José Luis y Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec; María Paz García, hermana de 'Chanín'; la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil; Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis; Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua y Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet.
Otros acusados son Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa; Leonor Moreno, abogada de la entidad; Jorge Ignacio Roca Samper, abogado y primer teniente alcalde de Moncada; Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín'; Daniel Calzada, de la mercantil Llar Calzada, y a José Ramón Cuesta, hermano del exgerente.
