La patronal valenciana lamenta las "sombras de sospecha" del rechazo a Puerto Mediterráneo

VALENCIA. (EUROPA PRESS). El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha reivindicado a los diferentes gobiernos y administraciones la "garantía de un marco de absoluta seguridad jurídica que favorezca, y no dificulte" la actividad de las empresas y las inversiones en territorio valenciano, tras lo sucedido con Puerto Mediterráneo, un macrocentro comercial y de ocio que ha sido tumbado por la comisión de evaluación ambiental de la Generalitat.

Así lo ha señalado en un comunicado tras conocer de mano de la empresa Intu Eurofund Valencia S.L. la situación en la que se encuentra el proyecto Puerto Mediterráneo de Paterna (Valencia). Al respecto, Navarro ha considerado que el "impulso económico a iniciativas inversoras" es lo que requiere ahora la Comunitat Valenciana "para consolidar la senda de recuperación sostenible" y "no la sombra de la sospecha manifestada de forma más o menos explícita desde los ámbitos políticos competentes".

El presidente de la CEV ha recordado que Puerto Mediterráneo inició sus primeros contactos con la administración autonómica en julio de 2012 y que en enero de 2013 el proyecto fue declarado ATE por el Consell. En ese momento se abrió un proceso administrativo que "en ningún caso debía superar los dos años de tramitación hasta la aprobación del plan ATE", ha indicado.

Sin embargo, "han transcurrido casi cuatro años y en los últimos meses se ha producido un parón administrativo inadmisible para cualquier empresa o proyecto inversor", ha apuntado, ya que en este tiempo, "tres administraciones diferentes --local, autonómica y central-- han validado los trámites preceptivos y emitido 46 informes favorables, hasta que hace unos días se conocía la memoria desfavorable de la Comisión de Evaluación Ambiental".

Navarro ha cuestionado la "maraña burocrática y administrativa y la injustificable dilación de los plazos" que, a su juicio "ejerce también de elemento desincentivador" y que "tendría y debería centralizarse, unificarse y simplificarse en aras de una gestión administrativa más ágil, objetiva y previsible", y ha hecho hincapié en que la seguridad jurídica es un "factor básico" en la toma de decisiones de inversión.

"El riesgo asociado a la inseguridad jurídica actúa como elemento disuasorio para cualquier tipo de proyecto empresarial, provocando la pérdida de inversiones, actividad, empleo y riqueza", ha advertido, para añadir: "Es este impulso económico a iniciativas inversoras lo que requiere ahora la Comunitat Valenciana para consolidar la senda de recuperación sostenible y no la sombra de la sospecha manifestada de forma más o menos explícita desde los ámbitos políticos competentes".