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los agentes remiten al juzgado solo tres comunicaciones del buzón de miquel real

La Policía comunica al juez que no puede obtener los correos del equipo de Oltra porque se borraron

Foto: KIKE TABERNER
26/03/2024 - 

VALÈNCIA. La Policía Nacional ha remitido un informe al juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado del caso Oltra, en el que comunica que no ha podido obtener los correos de los miembros del Gabinete de la que fuera vicepresidenta de la Generalitat en el periodo temporal de octubre a diciembre de 2019. El motivo es que habrían sido borrados automáticamente un mes después de que los cargos del anterior Consell cesaran en sus puestos y llegara el nuevo Gobierno. 

La Policía ha presentado el dosier después de que la Audiencia de Valencia ordenara el pasado diciembre ampliar la investigación de las comunicaciones del equipo de Oltra a estos meses. Se trata del periodo referido al momento en el que se hizo pública la primera sentencia condenatoria a Luis Icardi, quien fuera marido de la exvicepresidenta del Consell, por abusos sexuales a una menor tutelada. Pero también cuando se desarchivó el famoso expediente iniciado por la Conselleria de Igualdad que acabó incluyendo informes que otorgaban poca credibilidad a la entonces menor. 

La Audiencia admitió parcialmente un recurso de la acusación que ejerce la exdirigente de Vox Cristina Seguí para incorporar a la causa las citadas comunicaciones. Una decisión que provocó que el juzgado de Instrucción número 15 tuviera que abrir una nueva pieza separada y que el procedimiento se alargara inevitablemente.

La Policía remite al juez tres correos del buzón de Miquel Real

Ahora se ha levantado el secreto de esa pieza, pero las indagaciones han resultado infructuosas. La Policía se personó en dependencias de la Generalitat el pasado enero. En el informe explican que solo se pudo obtener el buzón del exjefe de Gabinete de Oltra, Miquel Real, porque los correos del resto de personas "probablemente hubieran sido borrados"

En el caso de Real, sus comunicaciones estaban bloqueadas para impedir su eliminación porque así lo pidió él mismo. Las del resto fueron borradas automáticamente al mes dejar su cargo en el Gobierno por política de la empresa Microsoft, encargada del almacenamiento de los correos en una nube. Al menos, así lo expuso un responsable de sistemas de la Generalitat, que fue citado para declarar por este asunto en dependencias policiales. 

Respecto a las de Real, la Policía señaló tras obtenerlas que no analizó nada de los correos porque no entraba dentro del mandamiento judicial. Motivo por el que el juez, y tras pedirlo la Fiscalía, ordenó el análisis forense de esas comunicaciones de Real. Los agentes acabaron entonces filtrando las comunicaciones y hallaron tres correos relacionados con la investigación que han sido remitidos al juzgado

La Policía llama la atención sobre el borrado automático de correos y ha tratado de averiguar el motivo. Se trata de algo que no ha sucedido de esta manera en las anteriores piezas separadas creadas para indagar en las comunicaciones tanto de Oltra como de su equipo en periodos temporales anteriores. De hecho, el Grupo Técnico Operativo de la Brigada Provincial de Policía Judicial llegó a analizar en 2023 y antes del cambio de Gobierno un total de 48.000 correos varios meses después de que Oltra –y el personal eventual a su cargo– cesaran. 

La petición insistente de información a la actual Vicepresidencia Primera

Otro de los aspectos que llama la atención del informe es que dibuja una cronología de comunicaciones por la que los agentes se dirigieron hasta en cuatro ocasiones al gabinete de la actual vicepresidencia Primera de la Generalitat que dirige Vicente Barrera (Vox) con el objetivo de que les fuera facilitado el listado de miembros del anterior gabinete de la vicepresidencia que ocupaba Oltra. 

Su petición fue atendida a la cuarta vez que la solicitaron. El actual gabinete adujo en varias ocasiones su desconocimiento sobre el equipo de la anterior vicepresidencia porque el actual Ejecutivo se conformó en agosto de 2023 y sugerían a los agentes que visitaran la página web de Transparencia de la Generalitat. Al final de la historia, facilitaron un listado incompleto consultado en GVA Oberta tras la insistencia de la Policía. 

Las piezas de los correos

Hasta el momento, ha habido tres piezas separadas para la investigación de los correos. Esta es la última. La primera fue para rastrear los intercambiados por los integrantes del gabinete de la Vicepresidencia. Entre sí y con el entonces jefe de gabinete de Oltra, Miquel Real, entre el 4 de agosto y el 20 de agosto de 2017 (cuando la exdirigente de Compromís tuvo conocimiento de los abusos y del procedimiento judicial iniciado al respecto).

La segunda correspondía a las comunicaciones de la exvicepresidenta de la Generalitat y de los 13 cargos investigados de la Conselleria de Igualdad en esta causa en intervalos de tiempo superiores. 

En principio, y hasta la fecha, tienen escasa relevancia jurídica dado que lo que se pretendía con ellos era que contribuyeran a averiguar el grado de participación en el expediente de Oltra, su gabinete y los cargos de la Conselleria. Pero lo que hicieron fue ratificar lo ya sabido y toda la cronología de hechos que figura en la investigación. 

Como añadido, confirmaron que miembros del equipo de Oltra –Miquel Real y Enric Juan– fueron informados del expediente abierto en la Conselleria y no se halló ninguna orden de la exvicepresidenta del Consell en relación con este documento

En su declaración ante el juez como investigada en septiembre del año pasado, Oltra aseguró que nunca supo nada del expediente elaborado por el departamento que ella dirigía durante un total de dos añosEl interrogante que el magistrado planteó entonces –y que también trataba de averiguar con la intervención de los correos– es cuál fue, entonces, la participación de la exvicepresidenta y de su equipo en todo lo que la Conselleria realizó a partir del 4 de agosto de 2017. Ella aseguró que ninguna y que nada tuvo que ver en el inicio del expediente, ni en la resolución, ni en los informes del Instituto Espill que otorgaron poca credibilidad a la víctima. También incidió en que nunca supo de su existencia o contenido porque no era su responsabilidad. 

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