FOTO: EFEHace unos días se publicaba una entrevista en El Confidencial -muy recomendable por cierto- al Vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca. En un momento dado el entrevistador planteaba que el discurso de la izquierda pone el acento en el papel redistribuidor del Estado pero tiene un déficit de propuestas en la generación de actividad económica. Durante mucho tiempo esa ha sido una idea que ha derivado en un tópico asumido acríticamente: “la derecha genera riqueza y la izquierda la reparte.” Sin embargo, si repasamos lo sucedido durante las dos últimas crisis económicas globales, podemos comprobar que: primero, la aplicación de las recetas económicas de la derecha en la crisis de 2007 nos condujo al desastre y, segundo, que la crisis del 2020 ha demostrado su agotamiento y su absoluta incapacidad para proponer soluciones.
La respuesta de Héctor Illueca a esta cuestión era un planteamiento clásicamente keynesiano: la redistribución de la riqueza es, de hecho, una forma de impulsar la demanda agregada y por tanto de generar actividad económica. Las dos últimas crisis globales también refuerzan esa idea: ha sido la combinación de una política monetaria heterodoxa de los Bancos Centrales unida a las políticas contracíclicas y expansivas del gasto público lo que nos ha permitido afrontar ambas crisis. Primero en 2007, si bien en el caso español con mucho retraso por la fidelidad del Gobierno del PP a la agenda de los recortes, y más recientemente en 2020 salvando a la economía de la depresión.
Ahora bien, lo que representa el hecho decisivo en mi opinión, es que estamos sabiendo plantear propuestas eficaces que dinamizan la economía también por el lado de la oferta. El mundo en que vivimos está marcado a día de hoy por una profunda crisis del modelo de globalización neoliberal que echó a andar en los años 70 y que hasta fechas muy recientes solamente había sido cuestionada desde algunos ámbitos de la izquierda. El tiempo nos ha dado la razón al menos en dos cuestiones fundamentales: Por una parte, que la deslocalización de las actividades productivas y la terciarización de la economía no era un signo de modernización sino un método de las grandes corporaciones para ganar rentabilidad a corto plazo pero con efectos letales a largo plazo. Por otra parte, que la retirada del Estado del terreno económico, lejos de mejorar el rendimiento de la economía era una forma de mutilarlo de los instrumentos fundamentales que habían servido para permitir el desarrollo económico, también del sector privado, desde el siglo XIX. Es muy recomendable leer en ese sentido al economista surcoreano Ha-Joon Chang que explica como los Estados fueron renunciando a todas aquellas herramientas que les habían permitido con anterioridad desarrollar sus economías: política monetaria, política comercial, política industrial, política de innovación, etc. En realidad, es fácil detectar que ambos hechos (desindustrialización y retirada del Estado) son ingredientes de un mismo fenómeno: la pérdida de soberanía.
Llegados a este punto, es necesario hacer dos precisiones. La primera es que una agenda política soberanista no exige, como a menudo se ha dicho, una salida inmediata de la Unión Europea. Más bien lo que reclama es que España tiene la obligación de defender sus intereses en Bruselas y no puede dejarlos en manos de otros Estados. Los Fondos europeos de reconstrucción, con todas las críticas legítimas que podamos hacer por la izquierda por su insuficiencia o por como vayan a repartirse, son sin embargo un buen síntoma de que España, junto con el resto de países del sur, defiende sus intereses.
La segunda precisión es que no es cierto que la intervención del sector público y la creación de empresas públicas suponga un estrangulamiento de la iniciativa privada. Es precisamente lo contrario. El Estado necesita recuperar herramientas de las que había prescindido para dinamizar la economía y eso es bueno para el conjunto de la economía, también para el sector privado. Si el Estado interviene para garantizar precios mínimos a nuestros agricultores y ganaderos quién se beneficia es el sector primario. Si el Estado interviene para revertir la liberalización del sector eléctrico y regular los precios de la electricidad quienes se benefician son las familias y las empresas.
El problema fundamental en estos momentos es que las políticas que ha puesto encima de la mesa la izquierda, las tiene que llevar a cabo la derecha que sigue, prácticamente en todas partes, llevando el timón de la economía. No es solo que exista un veto implícito a que las formaciones políticas transformadoras puedan ostentar responsabilidades en buena parte de las áreas económicas de los gobiernos. Es más grave que eso. En una entrevista de hace algún tiempo, el economista francés Michel Husson recordaba como en los años 60 y 70 existían en las principales instituciones económicas estatales francesas, y en menor medida también españolas, núcleos de economistas críticos que podían realizar informes y estudios desde perspectivas heterodoxas. Durante las décadas posteriores, esos pocos economistas fueron laminados y arrinconados hasta llegar a la situación que tenemos hoy: una burocracia económica muy pagada de sí misma por su tecnocratismo pero enormemente ideologizada. Ese es uno de los motivos fundamentales que explica las enormes resistencias que existen desde dentro del propio Estado a aplicar políticas progresistas incluso cuando han sido previamente acordadas e incorporadas a los programas de gobierno.
Uno de los grandes retos de futuro que tiene el proyecto laborista que encarna Yolanda Díaz es precisamente abrir espacios para poder gestionar áreas económicas clave y aplicar recetas que a día de hoy ya son aceptadas como necesarias pero que son constantemente frenadas o minimizadas en su alcance. Existen precedentes y experiencias enormemente interesantes sobre las que puede apoyarse el laborismo español. Desde los gobiernos laboristas en Gran Bretaña y los socialdemócratas en los países escandinavos en época de posguerra, hasta la experiencia del PCI en el gobierno de las “regiones rojas” como Emilia Romagna, o incluso los gobiernos progresistas latinoamericanos más fructíferos como el de Pepe Mujica en Uruguay o los de Lula y Dilma en Brasil. Incluso las experiencias de Syriza en Grecia o de AKEL en Chipre pueden ser una fuente importante de aprendizajes, para bien y para mal.
Ya se ha quebrado el mito de que la derecha es la que sabe gestionar y la que sabe como hacer que la economía vaya bien. Ya hemos logrado que se ponga encima de la mesa la necesidad de reindustrializar el país y de que el Estado vuelva, como dice Mariana Mazzucato, a “pensar en grande”. Ahora el reto pendiente es lograr que el timón no lo lleven los de siempre.
