Gabriela Bravo, consellera de Justicia. Foto: EVA MÁÑEZEl PP exige a la consellera Gabriela Bravo que "asuma responsabilidades" o que Puig la destituya
VALÈNCIA. La reforma del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sufre un contratiempo más. El rechazo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales a la encomienda a Tragsa de las obras en el céntrico edificio de València prolongan seis meses más el inicio de los trabajos, el tiempo que costará en licitarse y adjudicarse la actuación, según estiman fuentes de la Conselleria de Justicia.
La razón de este nuevo traspié es que, a juicio del organismo, no quedó justificada la urgencia por la que se realizó la encomienda de la reforma a Tragsa tras quedar desierto un proceso previo de licitación. Por contra, la encomienda del proyecto a Tragsa sí sigue en pie, de modo que se irá avanzando mientras se prepara la nueva adjudicación de la reforma.
El presente no es el primer tropezón de la Generalitat con este asunto. La obligada reubicación de las dependencias judiciales con motivo de la reforma, que podría prolongarse hasta cinco años, costará alrededor de 30.000 euros mensuales de alquiler a las arcas públicas que la Generalitat podría haberse ahorrado de haber aprovechado alguno de los inmuebles vacíos que forman parte de su patrimonio.
De hecho, esta fue la primera opción que se barajó en el seno del Consell cuando se pensó que el edificio de la Calle Colón 80 de València, que en su momento fue sede de la Conselleria de Bienestar Social podría servir como sede provisional del TSJCV, ya que se trata de un inmueble que permanece sin uso desde el principio de esta legislatura.
No obstante la Conselleria de Igualdad de Mónica Oltra, que es la titular del edificio, y la de Justicia que lidera Gabriela Bravo, no llegaron a ponerse de acuerdo sobre las condiciones para la cesión de ese espacio pese a haber anunciado ya el traslado a la Sala de Gobierno del TSJ y a magistrados y letrados de la administración de justicia.
En consecuencia, se alquiló finalmente el antiguo edificio de la Conselleria de Gobernación y Justícia ubicado junto a Les Corts y, como es obvio, el retraso de seis meses en las obras incrementará este coste en seis mensualidades.
Bravo, en su defensa, aseguró este jueves sobre la mencionada encomienda de la ejecución de las obras en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que "no fue una adjudicación a dedo" y que se tramitó según la Ley de Contratos.
Según explicó, desde la Conselleria se tramitó la licitación del proyecto y de la dirección de obra de la sede del Tribunal Superior de Justicia, un pliego "complejísimo" cuya adjudicación tardó más de dos años y a la que solo se presentaron dos empresas, una de las cuales se retiró y la segunda fue rechazada en la mesa de contratación por falta de solvencia técnica.
La portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, María José Ferrer San Segundo, exigió en un comunicado a la consellera Bravo "que asuma responsabilidades inmediatas" por la "adjudicación ilegal" de las obras. Además, pidió al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que no la mantenga "un minuto más en una responsabilidad gestionada de forma irresponsable".
Ferrer San Segundo remarcó que ya había advertido "expresamente y en varias ocasiones, también en sede parlamentaria", que la adjudicación "a dedo" de estas obras a la empresa Tragsa "acarrearía numerosos problemas, conllevando la paralización, y retraso, de la rehabilitación del TSJCV".
La parlamentaria popular lamentó que, "como siempre", Bravo y el Consell "hicieron oídos sordos y siguieron a la suya, ignorando, no solo las razonadas argumentaciones del PP, sino también el clamor del sector". En este punto, ha señalado que el Botànic "fue también avisado de la ilegalidad por la Cámara de Contratistas instando la revocación de la encomienda".
La diputada presentó en Les Corts una batería de preguntas y requerimientos documentales a la consellera de Justicia, "aún no atendidos por Bravo", sobre el proceso seguido en la adjudicación de las obras, "que ha recibido las denuncias de profesionales y entidades de un sector tan precarizado y necesitado de trabajo, por considerar 'ilegal' la contratación", ha explicado.
Entre las preguntas que formuló figuraba "por qué se licitó el proyecto con exigencias imposibles de cumplir para ser declarado desierto, y apoyándose en ello adjudicar 'a dedo' también la ejecución de toda la obra de forma directa impidiendo la libre concurrencia; o cómo se había determinado el precio de las obras sin tener el proyecto".
