VALENCIA. La Sindicatura de Comptes se prepara para realizar una auditoría operativa del Hospital de Manises, gestionado en concesión por el Grupo Bupa Sanitas, en plena judicialización por las liquidaciones de 2009 a 2013. Así lo explicó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, este lunes tras una reunión con la consellera de Sanidad, Carmen Montón, y los comisionados, órgano que vigila que las empresas privadas que gestionan hospitales públicos cumplan con lo establecido.
Sanitas llevó a los tribunales a la Conselleria de Sanidad en los últimos meses de mandato del Partido Popular al discrepar de la liquidación del gasto cruzado de la concesionaria y la Conselleria en atención a pacientes desplazados de una y otra áreas de salud. La compañía puso un recurso ante la sala del tribunal contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia como vía de seguridad ante las diferencias de cálculo entre la empresa y la administración.
Cabe destacar que el saldo de liquidación entre 2009 y 2013 era de 181 millones a favor de la Generalitat, una cifra más que considerable, debida a correcciones realizadas por la Conselleria. La compañía consideró que la propuesta de liquidación de la Generalitat no era ajustada a derecho porque "no tenía en cuenta el marco jurídico que rige el funcionamiento de la concesión".
Esta auditoría operativa seguirá a otras económico financieras de la Intervención General de los cinco departamentos, que empezará por Denia para tenerla terminada en junio,así como las asistenciales realizadas por la Alta Inspección y que comenzará por los servicios de urgencias. El presidente de la Generalitat dejó claro que la falta de fiscalización tanto financiera como asistencial son el máximo problema de las concesiones, pero que no hay que "acusar directamente" a las empresas, sino a los anteriores gestores y criticó que no se hayan hecho las liquidaciones desde 2008.
Puig destacó que la concesión de Alzira expira esta legislatura --en 2018-- y que "ya se están adaptando las medidas previas para que con la mayor normalidad puede darse por finalizado", mientras que en el departamento de La Marina hay "una situación de especial urgencia" ante la posibilidad de comprar las acciones de DKV.
Respecto al resto de concesiones --Torrevieja, Manises y Vinalopó-- ha constatado que es "evidente que la Comunitat tiene unas constricciones de carácter económico". Por ello, explicó que "se va a ir caminando en una dirección y que se va ir trabajando conjuntamente mientras existas estas concesiones". Así, ha recalcado que se trata son un Gobierno "democrático" que garantiza "la seguridad jurídica y las reglas del juego".
Sin embargo, aclaró que a partir de ahí el nuevo Gobierno está para "cumplir los objetivos generales de una sanidad pública de calidad con el coste que sea necesario". "Ni un euro más, lo que las concesiones tengan que recibir lo van a recibir pero sin un euro gratis", ha advertido.
Por otra parte. evidenció que a "la mala financiación" hay que añadir los 70 millones que cada año el Estado adeuda a la Comunitat Valenciana por la atención de desplazados al no poner en marcha el fondo previsto para ello.
