La solución fácil del Consell: nuevos impuestos

En los poco más de cien días del Consell presidido por el Sr. Puig, estamos comprobando que el prometido y anunciado cambio en la forma de gobernar no se va a traducir en la adopción de medidas que contribuyan a sanear las cuentas públicas.

Es indiscutible que las cuentas de la Generalitat están como están y que la herencia recibida es la que es. Es innegable que la Comunitat Valenciana padece un problema grave de ingresos, derivado de la infrafinanciación, como reconocen todos los estudios realizados, el último el de BBVA Research, y constatado por la unanimidad de todos los grupos políticos de Les Corts Valencianes, que aprobaron por unanimidad la reclamación de una mejor y más justa financiación.

Pero hay una segunda cuestión, que los mismos estudios publicados apuntan, y que el Consell parece obviar, y es el desmesurado e ineficiente gasto público de la administración valenciana, como demuestran los 40.085 millones de euros a los que asciende la deuda de la Generalitat. Distintos miembros del Consell abrieron la posibilidad hace semanas a que, dado que estamos ante un problema de desequilibrio entre ingresos y gastos, "¿por qué no incrementar los ingresos?" Pero sin concretar más en qué consistirá este aumento de ingresos.

No ha sido hasta esta semana cuando el Consell, a través de la secretaria autonómica de Hacienda, ha concretado un poco más en qué va a consistir la política fiscal, que se reduce a tres medidas, si bien poco concretas.

La primera es la rebaja de 700.000 euros a 600.000 euros de la cuantía mínima exenta en el Impuesto de Patrimonio y un aumento del 25 % del tipo de gravamen en el tramo autonómico, lo que supondrá recaudar 29 millones de euros adicionales.

La segunda medida propuesta por la secretaria autonómica es la revisión, sin plazo ni previsión de recaudación previstos, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Propone reducir la bonificación de la cuota que en la actualidad es del 75 %, ya que, en palabras de la secretaria autonómica, los gobiernos anteriores han "desmantelado" dicho impuesto. Pero como apuntábamos antes, no dio una estimación de lo que supondrá de incremento en la recaudación, y únicamente anunció que dicha revisión no se aplicará en el próximo ejercicio.

La última medida anunciada, y sin duda la más polémica, es la creación de una tasa a las pernoctaciones hoteleras. Las reacciones no se han hecho esperar. Como publica Valencia Plaza, los hoteleros se han puesto en pie de guerra y no les falta razón. El turismo, que aporta en torno a un 13 % al PIB regional, es un bocado demasiado apetecible para el afán recaudatorio de cualquier administración. Pero no hay que pasar por alto, que el turístico, es un sector que ha sobrevivido estos últimos años de crisis económica a base de reducción de precios y por tanto de rentabilidad para seguir siendo competitivos frente a otros destinos. Y justo ahora, cuando la rentabilidad empieza a recuperarse, se impone una tasa que puede afectar a esta recuperación.

Es cierto que, tres años después de la implantación de esta tasa en Cataluña, los hoteleros reconocen que el sector no se ha visto afectado tan negativamente como temían. Pero tiene una explicación, y es que en Cataluña esta tasa se "reinvierte" por parte de las administraciones que la gestionan (autonómica, provincial y municipal) en la promoción del turismo y en la mejora de las infraestructuras turísticas; sin embargo, no parece que vaya a suceder lo mismo en la Comunidad Valenciana, por el endeudamiento y la batería de medidas adoptadas por el Consell que todavía no sabe cómo va a sufragar.

En 2014, se contabilizaron unos 25 millones de pernoctaciones en la Comunitat Valenciana. Si fijamos en 1 euro de media la tasa que pretende imponer el Consell, la recaudación sería de unos 25 millones de euros, cifra que no está mal. Pero si sumamos estos 25 millones a los 29 millones que se estima recaudar por Impuesto de Patrimonio, la suma de 54 millones no alcanza ni para cubrir los 57 millones en los que se valora la eliminación del copago a las personas mayores o con diversidad funcional, medida por otra parte justa y necesaria.

El Consell sigue obviando que tiene un problema de eficiencia en el gasto, que es imposible equilibrar sin medidas contundentes. El sector público empresarial y fundacional solo en los primeros seis meses del año ya perdía 400 millones de euros, y acumula una deuda incobrable de más de 1.400 millones.

Mientras no se solucione el problema de la infrafinanciación, que no será hoy, ni mañana, el problema va a persistir, por lo que el Consell no debe caer en el recurso fácil, e inútil, de las subidas de impuestos. El Ejecutivo valenciano debe adoptar medidas que incrementen la eficiencia de la administración, eliminando duplicidades y reduciendo el gasto político que suponen las diputaciones y algunas empresas y fundaciones públicas.