José María Ángel Batalla, director de la Agencia de Seguridad. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Todo apunta a que la Generalitat Valenciana creará una nueva empresa pública para subrogarse a los bomberos forestales de Tragsa. Los sindicatos mayoritarios -UGT y CCOO- ya han suscrito un preacuerdo con la Agencia Valenciana de Seguridad dependiente de la Presidencia y dirigida por el socialista José María Ángel Batalla. En este pacto, que no han refrendado todavía ni CGT ni el SPPLB, los trabajadores aceptan entrar en la nueva mercantil, que se denominará Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE).
La demanda inicial de los sindicatos era que la Agencia de Batalla se subrogara directamente a los bomberos forestales, tal y como estaba previsto en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2018. Sin embargo, conforme las negociaciones se han ido desarrollando, esta posibilidad ha ido difuminándose y la creación de la nueva empresa pública adscrita a la Agencia ha ganado fuerza. Hasta el punto que ha convencido a los sindicatos con mayor representación. Reunidos la mañana de este martes los principales sindicatos con Batalla y la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, han dado el visto bueno a la propuesta de la nueva empresa.
Es necesario recordar la situación en que se encuentran los empleados. Habían pactado con su empresa actual, Tragsa, dependiente del Gobierno de España, un aumento salarial del 30% por las mayores funciones que han asumido, y una segunda actividad para aquellos trabajadores que no puedan estar en primera línea por diversos motivos. Sin embargo, el Ejecutivo central se ha negado a publicar y hacer efectiva la reforma del convenio colectivo donde se incluían estas novedades.
Con estas circunstancias, existían dos opciones. Una era la subrogación directa por la Agencia de los bomberos forestales o la creación de una Entidad de Derecho Público. En ambos casos entrarían como "personal laboral a extinguir" sin las mejoras laborales. Tampoco podrían optar a la reclasificación de sus puestos ni a alcanzar la mejora retributiva del 30%. Ahora bien, su plaza sólo podría salir a concurso cuando los empleados a extinguir se jubilasen.
La segunda opción, que es la que finalmente ha conseguido el mayor consenso entre los socialistas, UGT y CCOO, es la creación de la nueva mercantil. Esto supondría una sucesión de plantilla. Es decir, inicialmente se aplicaría el mismo convenio colectivo que hasta ahora se mantenía con Tragsa -sin la mejora salarial ni la segunda actividad-, aunque estas nuevas condiciones serían alcanzables con la negociación de un nuevo convenio.
De hecho, en la propuesta acordada, la SGISE se compromete a "asumir los compromisos adquiridos" en la reforma del convenio. Este deberá abordarse después de la subrogación. También adquiere el compromiso de abonar de forma retroactiva esa mejora retributiva mensual del 30% hasta que se llegue a un pacto sobre el nuevo convenio, asegurando así que en la práctica los bomberos cobren lo que inicialmente habían pactado con el Ejecutivo.
Aunque el preacuerdo está firmado, los sindicatos convocaron una reunión la noche de este martes para que los trabajadores votaran su adhesión o no, si bien esta finalizó durante la madrugada y este diario no pudo concretar sus conclusiones. Sólo asistieron UGT y CCOO, dado que el SPPLB se opone frontalmente a la nueva mercantil y CGT pidió más tiempo para estudiar la propuesta.
Aunque este sea el planteamiento que previsiblemente se llevará al Pleno del Consell para su aprobación, como se ha explicado no hay unanimidad ni entre los sindicatos ni entre los partidos. El SPPLB aboga por la subrogación directa pese a los inconvenientes explicados, mientras que CCOO y UGT ya han firmado el preacuerdo.
Compromís, por su parte, propone una Entidad de Derecho Público transitoria hasta acabar asumiendo a los bomberos en la Agencia. De hecho, la coalición ya paralizó la empresa pública propuesta por los socialistas la semana pasada, y todavía no ha dado su brazo a torcer; y la posición de Podemos siempre ha sido contundente: nunca se aceptará una mercantil.
Esto podría entorpecer e incluso bloquear la aprobación de lo acordado, dado que el decreto de Presidencia deberá ratificarse en Les Corts Valencianes. Y allí, los socialistas corren el peligro de que sus dos socios del Botànic se enroquen en su negativa y no pueda salir adelante.
