El Gobierno de Pedro Sánchez da portazo definitivo a la subida salarial de los bomberos forestales

VALÈNCIA. El Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado definitivamente dar luz verde a la subida salarial de los bomberos forestales de Tragsa, la empresa pública estatal que gestiona el servicio de brigadas forestales de la Comunitat Valenciana. La negativa del Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesus Montero, ya ha sido trasladada a los sindicatos, que se encuentran en huelga desde el pasado 14 de septiembre.

Tanto la subida salarial del 30%, unos 300 euros mensuales por trabajador, como la segunda actividad para parte del cuerpo de bomberos forestales, estaban incluidas en la reforma del convenio colectivo que los sindicatos acordaron en febrero con el gobierno del Partido Popular. Dicha mejora de las retribuciones está motivada por el mayor número de funciones que han asumido los empleados desde principios de año. El incremento iba a aplicarse a partir de julio, pero el nuevo Ejecutivo entrado un mes antes decidió frenarlo. Esgrimía que, de aplicarse, se produciría un "efecto llamada" en el resto de cuerpos de bomberos autonómicos integrados en Tragsa.

Como Tragsa presta el servicio de bomberos forestales mediante una encomienda de la Generalitat Valenciana, es la administración valenciana la que paga el servicio a la empresa estatal. Y el Consell ya había hecho una modificación presupuestaria para hacerse cargo de dicho incremento salarial. El Gobierno sólo debía dar el visto bueno al nuevo convenio colectivo para que las mejoras fueran aplicables.

No obstante, advirtió de que antes, el Consell debía aprobar el Reglamento autonómico de Bomberos Forestales. Y así lo cumplió el primer pleno de la temporada, el 7 de septiembre. Los sindicatos de bomberos dieron una semana de tiempo al Gobierno central para que publicara el convenio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Al no cumplirse tampoco este compromiso, empezaron una huelga indefinida que llega hasta el día de hoy.

Por el momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez acordó con el colectivo un complemento salarial no consolidable similar al que sería al aumento: 300 euros mensuales. Se trata de una medida transitoria, pero la medida definitiva no ha llegado. Ni llegará, porque según ha podido saber este diario, el Ministerio se ha negado por completo a publicar el convenio, y Tragsa ya se lo ha comunicado a los empleados.

El problema se traslada a la Generalitat

No es baladí el incumplimiento. Se da la circunstancia de que este conflicto coincide con el proceso de subrogación de los mismos bomberos forestales por la Generalitat Valenciana. En la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2018, les Corts Valencianes incluyeron que se subrogarían directamente a la Agencia Valenciana de Emergencias, dirigida por el socialista José María Ángel Batalla y dependiente de la Presidencia de la Generalitat. Pero el conflicto con Madrid ha retrasado también este proceso.

Según la legislación aprobada, deberían pasar a la administración valenciana antes del 30 de noviembre. Precisamente por ello, la sensación entre los sindicatos es que el Gobierno central está dilatando la subida salarial para que el problema recaiga en la Generalitat Valenciana. Y con la confirmada negativa del Ministerio, así será. 

Los bomberos forestales pasarán a la Generalitat y se les aplicará el convenio colectivo vigente, el antiguo. Está por ver cómo gestiona el Consell esta cuestión. El principal eje de negociación entre sindicatos y José María Ángel Batalla es la forma de subrogación, porque si bien en la ley se decía que se haría de forma directa a la Agencia, la intención del director general de Emergencias es crear una nueva sociedad mercantil pública.

El estadio es ya avanzado y el decreto que ha propuesto el PSPV para crear la nueva mercantil se compromete a negociar un nuevo convenio colectivo e incluir ahí la subida salarial y la segunda actividad. Hasta que se acordara dicho convenio, los empleados se regirían por el actual. Con todo, el decreto también se compromete a continuar pagando el complemento salarial de 300 euros mensuales hasta entonces.

Pero al mismo tiempo, esta cuestión ya ha friccionado a los socios de gobierno, socialistas y Compromís. Los segundos abogan por crear una entidad de derecho público transitoria para más tarde acabar subrogando directamente los empleados a la Agencia de Batalla. Podemos, el tercer socio del Botànic, exige la subrogación directa.