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La vicepresidenta Mónica Oltra desliza que tras el caso que puede acabar con su citación como investigada hay una trama en la que participan Camps y Ribera Salud
VALÈNCIA. Lo que empezó como el juego de los espejos acabó este jueves en Les Corts con los ventiladores encendidos en una dura sesión de control al Consell en la que el PPCV sacó partido de la complicada situación jurídica de la vicepresidenta Mónica Oltra y del hermano del president Ximo Puig pero donde el Botànic usó las garras para defenderse.
Abrió el juego la síndica popular María José Catalá que, certera, recordó que son los jueces "y no la derecha" los que llevan el proceso que investiga la gestión de la Conselleria de Oltra sobre la menor tutelada que fue abusada por su exmarido y que puede llevarle a declarar como investigada y el que examina las subvenciones que recibieron las empresas de Francis Puig y sus socios.
Pero fue con su hábil juego de espejos con el que Catalá hizo daño. Rescató frases de ambos en su etapa en la oposición exigiendo dimisiones y responsabilidades políticas. "Su incoherencia es su talón de Aquiles", afiló Catalá. "'Es un clamor popular que usted se tiene que ir', se lo dijo usted a Rita Barberá. Era su mantra en la oposición y ahora es el espejo de su indecencia en el gobierno. No se puede tener la cabeza en la gestión y los pies en el juzgado", retomó la sindica también parafraseando. "Lo de su hermano no pinta bien", le dijo a Puig. "¿Se acuerdan de lo de ‘tornen els diners’?", les afeó. "Los que venían a dar lecciones están tapándose mutuamente las vergüenzas", lamentó Catalá.
La síndica popular exigió que la Abogacía de la Generalitat se presente en ambos casos para defender a la menor tutelada abusada y para "recuperar el dinero". De hecho, su grupo ha pedido la comparecencia en Les Corts de sus responsables. "No sufra, en el momento en el que sea oportuno no habrá ningún problema en que la Generalitat se persone", le contestó el president.
El mensaje de Ciudadanos fue en la misma línea. "Muchos pensamos que esto es un 'tápame tú que yo te tapo a ti'", afirmó su sindica Ruth Merino. Lo mismo dijeron desde la bancada de Vox pero con su estilo bronco. Desde Compromís, Papi Robles, pidió a la líder de su partido que no dé "ni un paso atrás" ante la derecha corrupta y auguró que "los navegantes de la mentira fracasarán". También Unides Podem mantuvo firme su apoyo a Oltra.
Pero con los espejos y los ángulos se puede jugar mucho y Oltra cambió de enfoque para tratar de encontrar fuera de la cuestionada labor de su departamento a los responsables de que esté cerca de ser citada por el TSJCV.
"En toda cacería se ha de seguir la pista del dinero", recordó para, a continuación, desgranar las conexiones entre el expresident de la Generalitat Francisco Camps, la empresa Ribera Salud, y una “fundadora” de Vox, en referencia a la denunciante original (Cristina Seguí). Como nexo de unión, puso a los hermanos De Rosa, en el caso de Alberto, director ejecutivo de la empresa de servicios hospitalarios, y en el de Fernando, senador del PP y ex conseller de Camps. Además apuntó que Carmen de Rosa es la presidenta del Ateneo Mercantil donde se organizó un acto de Seguí con la presencia de la menor tutelada.
Apoyada en una foto de Alberto de Rosa, Camps y Seguí juntos en Atocha en septiembre apuntó que la empresa del segundo ha perdido beneficios millonarios con las reversiones hospitalarias y recordó la animadversión política de los otros dos hacia ella. "Unan los puntos", pidió, aunque no presentó más pruebas que unas conexiones que también incluyen al expresident trabajando en el despacho del abogado de Seguí y un contrato a la menor que realizó Ribera Salud a petición de la denunciante.
Pero, esta vez, los populares tenían posibilidad de atacar por dos flancos tras la citación a declarar del hermano de Puig y no la desaprovecharon. La popular Eva Ortiz agitó el informe de la Guardia Civil para asegurar que hay "una subvención" de un contrato por parte de una de las empresas investigadas a uno de los hijos del president "bajo sospecha". "Aquí se trata a todas las empresas por igual y si hay alguna ayuda que se ha hecho mal se tendrá que hacer bien", contestó tranquilo Puig.
Este enganchón provocó el último giro del espejo a cargo del portavoz socialista Manolo Mata que, en vez de a Ortiz apuntó a Catalá, a la que acusó de saltarse "todas las líneas rojas en un intento desesperado por tapar que en su partido no tienen proyecto político". El síndic del PSPV insistió en que la Guardia Civil cuestiona la gestión de las subvenciones y no su concesión por la Generalitat. Pero no se quedó ahí y lanzó un dardo a la popular al preguntarle si "considera menos inmoral contratar a su hermana como asesora en el Ayuntamiento de València y que se lleve 300.000 euros crudos en una legislatura o el hecho de que un joven, entre miles, participe en un programa de empleo juvenil". Eso sí, nadie ha cuestionado judicialmente ese contrato.