VALÈNCIA. El proyecto de la Torre Eólica en la fachada marítima de valència sigue en el aire. Primero las negociaciones con el Consorcio Valencia 2007 -gestor de La Marina de València- y ahora el impás administrativo del organismo están retrasando la aprobación de la gran infraestructura diseñada por el despacho de arquitectura del valenciano Fran Silvestre con el respaldo financiero de Net de Gerrers.
El consorcio, constituido en su momento por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València, se encuentra en un proceso de refundación después de la condonación por parte del Estado de la deuda de 400 millones de euros que arrastraba el órgano. El Ministerio de Hacienda ya ha anunciado que, superada la deuda multimillonaria, su presencia debe llegar a su fin, y ya se trabaja en la reestructuración del organismo.
Este proceso impide dar luz verde a grandes iniciativas como el de la Torre Eólica, y por eso, entre otras cosas, se está buscando fecha para la celebración de un consejo rector del Consorcio donde oficializar la salida del Ministerio y acordar la continuidad de las otras dos administraciones -la Generalitat y el Ayuntamiento-, tal como marcan los actuales estatutos. Se prevé que esto se produzca antes de la semana fallera.
La aprobación de los nuevos estatutos, hasta el momento, ha generado disensión entre el Gobierno y el Ayuntamiento de València. El desacuerdo reside en dos enmiendas presentadas por el Ejecutivo central al borrador de estatutos que ya habían acordado ambas administraciones el pasado mes de octubre y que se fundamentan en la posible entrada de la Autoridad Portuaria de Valencia -el Puerto- en el organismo, en sustitución del Ministerio de Hacienda.
Una de ellas se refiere al mantenimiento de las competencias por parte del Puerto de todo el espacio de la Marina catalogado como zona de dominio público portuario, de manera que el nuevo consorcio no podría hacerse cargo de dicho espacio pese a que una parte es de la ciudad, según denunció el alcalde de València, Joan Ribó. La otra enmienda consistía en mantener el derecho de veto para la Autoridad Portuaria, representante en último término también del Gobierno. Esto es, que las decisiones deberían tomarse por unanimidad en lugar de por mayoría.
Con todo, pese a esta disputa, que deberá esclarecerse de cara a la celebración del próximo consejo rector, el presidente del Puerto, Aurelio Martínez, señaló recientemente que la Autoridad Portuaria no tiene "interés especial" en entrar en el Consorcio. "Si nosotros vamos a entrar será porque las dos partes nos lo soliciten y porque nos autorice Puertos del Estado y el Ministerio de Hacienda", aseveró: "No tenemos interés especial; prácticamente no llegamos a cumplir con todos los problemas que tenemos como para encima ampliar nuestra área de gestión".
Pero a todo ello, en lo que respecta a la Torre Eólica, hay otro obstáculo: los terrenos en los que se quiere ubicar. Mediante un convenio firmado en 2013, la Autoridad Portuaria de Valencia cedía gratuitamente por 35 años los terrenos que ocupa La Marina al Consorcio para que gestionara el recinto y pagara de esta manera la deuda originada por la celebración deportiva. Pagada ya la deuda, el Puerto ha dado por extinguido el acuerdo y ha comunicado su intención de dejar sin efecto la concesión a 35 años para ir renovándolo anualmente.
Un impás jurídico que deja en una situación difícil al consorcio, que dirige Vicent Llorens, que todavía no se ha liquidado pero sigue gestionando el espacio. En primer lugar, porque una renovación anual de la concesión dificulta mucho al ente la realización de nuevas inversiones y provoca inseguridad jurídica en la adjudicación de contratos y de concesiones por parte del consorcio, e incluso obstaculiza la llegada de fondos europeos para mejorar las instalaciones ocupadas por La Marina.
Pero además, al estar La Marina sobre terrenos que son del Puerto, la Autoridad Portuaria ha empezado a reclamarle el pago de tasas por valor cercano a los dos millones de euros por dichos terrenos. Un coste que el consorcio no puede asumir por ocupar espacios sin utilización real, lo que ha hecho que el organismo renunciara a parte del suelo y haya decidido devolvérselo a la Autoridad Portuaria para ahorrarse estas tasas.
Así pues, no sólo es precisa una estructura clara y unos nuevos estatutos para el consorcio, sino que es esencial la estabilidad jurídica de estos terrenos, donde se pretende ubicar la Torre Eólica, para que pueda aprobarse definitivamente la iniciativa, que ya se encuentra en avanzado estado de estudio técnico. Por eso, para La Marina lo más adecuado es negociar un nuevo convenio de cesión de suelo durante un período de tiempo más o menos largo que haga viable la inversión.
